Política - Unos y otros están convencidos de que la bondad de sus causas les permite saltarse límites constitucionales.

Las medidas adoptadas por Hungría para hacer frente al coronavirus han devuelto a los titulares el iliberalismo de derechas. Los argumentos del gobierno de Viktor Orbán para prolongar el estado de emergencia de forma indefinida son similares a los que emplean, desde la izquierda, los convencidos de que la bondad de su causa les permite saltarse límites constitucionales. El 11 de marzo, el gobierno húngaro declaró el estado de emergencia por un plazo de 15 días –el máximo previsto por la Constitución– y adoptó una primera serie de decretos, con medidas parecidas a las que han tomado otros gobiernos. Como en otros países, la prolongación de ese plazo exigía la autorización del Parlamento. El gobierno presentó un proyecto de ley para prorrogar el plazo constitucional “hasta que finalice el estado de emergencia”. Durante el debate parlamentario, la oposición exigió a Orbán que fijara un límite temporal a la nueva prórroga. Pero, gracias a la mayoría de dos tercios de que goza su partido (el Fidesz), el 31 de marzo sacó adelante su ley sin ceder. En la práctica, Orbán podrá gobernar por decreto durante un tiempo indefinido. Entre los poderes extraordinarios que le otorga la ley, está la facultad de enmendar el código penal y otras leyes. El gobierno ya ha previsto penas de cárcel de hasta 5 años para quienes difundan informaciones falsas sobre la pandemia. Sus críticos temen que este nuevo delito se convierta en una herramienta para perseguir a los periodistas que denuncien la gestión de la crisis por parte del gobierno. Dilema para los conservadores En un artículo publicado en Politico, la ministra húngara de Justicia, Judit Varga, respondió a quienes critican al gobierno de aprovechar la crisis del coronavirus para expandir su poder. Achaca la “reacción histérica” de la comunidad internacional a la desinformación y a la alergia a “una política coherente cristiano-conservadora”. Además, alega que el Parlamento húngaro sigue siendo competente para revocar “la autorización otorgada al gobierno en cualquier momento que lo considere oportuno”. Pero Varga no menciona que el gobierno se ha saltado el límite temporal que exige la Constitución. Y pasa por alto que, por mucho que la nueva ley autorice al Parlamento a revocar las medidas en cualquier momento, la oposición queda a merced de lo que decida la amplia mayoría afín a Orbán. Por otra parte, las críticas hacia el gobierno húngaro no iban dirigidas –al menos, en un primer momento– contra su política supuestamente “cristiano-conservadora”, sino contra la concentración de poderes sin límite de tiempo ni supervisión parlamentaria efectiva. Otra cosa es que la segunda tanda de decretos que siguió al 31 de marzo, algunos de los cuales no guardan relación directa con la pandemia, haya terminado alimentando la narrativa a la que aludía Varga. Añade la ministra que las medidas extraordinarias adoptadas por Hungría buscan “proteger la vida, la salud y la seguridad de los ciudadanos, así como la estabilidad de la economía nacional”. Pero estas buenas intenciones no pueden borrar el hecho de que el gobierno desafía la división de poderes y el Estado de derecho. El propio Orbán declaró con ambigüedad hace tiempo su intención de hacer de Hungría “un Estado iliberal”, si así lo exigían los intereses nacionales. Para Daimon Linker, columnista en The Week, estos acontecimientos deberían llevar a los pensadores conservadores de otros países que aplauden a Orbán a replantearse su admiración por él. Linker, que mantiene amistad con algunos de esos intelectuales, comprende el dilema que afrontan quienes se ven ninguneados por las élites culturales o incluso llevados a los tribunales por sus ideas: “Seguir las reglas del juego liberal, con la esperanza de que mejore el resultado en el futuro; o apoyar un programa político más radical, destinado a derribar el orden imperante y a sustituirlo por otro en el que los discrepantes puedan tener una mayor participación en el poder”. Y aunque se hace cargo de que no es agradable sufrir los abusos de un sistema pensado para proteger a todos, les exhorta a no ceder al iliberalismo. El progresismo no es neutral La idea de que la bondad de mi causa puede justificar el deterioro de garantías constitucionales no solo tienta a algunos a la derecha. También en la izquierda encontramos personas convencidas de que es “perfectamente admisible romper algunos pocos huevos para hacer una tortilla progresista”, como dijo Kim Holmes a propósito de las sutiles formas de censura que han ido surgiendo en EE.UU. durante los últimos años. De hecho, en su opinión fue la izquierda contracultural de los años 60 y 70 la que legitimó ese argumento para impulsar sus causas libertarias. Un ejemplo emblemático es el de Herbert Marcuse. Para el filósofo y sociólogo de la Escuela de Frankfurt, el verdadero ideal de la tolerancia exigía dos cosas: de un lado, privilegiar las ideas y los estilos de vida que en aquellos años se apartaban de lo considerado normal por la cultura dominante; de otro, penalizar –mediante la censura– los de la mayoría conservadora, contraria a la sociedad permisiva. Esta intolerancia selectiva equilibraría el terreno de juego, mejorando las opciones de los subversivos. El planteamiento de Marcuse sigue vigente entre quienes ven el orden liberal como un obstáculo para el cambio social. Louis Michael Seidman, profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Georgetown, lo ilustra con el debate sobre la libertad de expresión. En un régimen liberal, explica, el Estado debe mantenerse neutral y dejar hablar a todos en igualdad de condiciones. Pero esa supuesta neutralidad favorece en realidad a los más ricos y poderosos (por ejemplo, a los dueños de grandes medios de comunicación). De modo que, en la práctica, no hay igualdad de oportunidades para expresarse. Si en otros ámbitos de la vida social –continúa Seidman– admitimos que el Estado intervenga para redistribuir el desigual reparto de los recursos, ¿no deberíamos hacer lo mismo con la libertad de expresión? Visto así, lo progresista es que el Estado intervenga el mercado de las ideas y equilibre las cosas. No está claro si Seidman se limita a describir una situación de hecho, o si quiere realmente que la izquierda dé la vuelta a este estado de cosas. En cualquier caso, el interés de su artículo radica en que saca a la luz la tensión latente entre la visión progresista de la libertad de expresión –que, a su juicio, siempre es partidista y militante– y la que se desprende de la Primera Enmienda a la Constitución estadounidense –ciega a las diferencias y reticente a la intervención del Estado–. Tanto en el caso de los izquierdistas anti-Primera Enmienda como en el del derechista Orbán, el patrón es el mismo: hay un orden liberal que obstaculiza una causa, y el remedio es saltárselo, bien desafiando el principio de igualdad ante la ley, bien poniendo en entredicho la división de poderes.

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