Una de las posibles consecuencias de los recortes presupuestarios es una mayor restricción en el acceso a la reproducción asistida financiada por la sanidad pública. Los profesionales del sector defienden la importancia de su actividad, en la que hay también muchos intereses comerciales.

La Sociedad Española de Fertilidad advierte que “no se puede banalizar la finalidad de la medicina reproductiva, convirtiéndola en un mero comercio” El sector de la reproducción asistida, que experimentó un fuerte desarrollo en España con los años de bonanza económica, se enfrenta ahora a un momento delicado. Del boom de clínicas y nacimientos, en el marco de un mercado poco regulado, se ha pasado a una etapa marcada por el descenso de la demanda y cada vez más condicionada por las garantías de éxito que piden los usuarios y las exigencias éticas y de mayor seriedad que comienzan a reclamar algunos profesionales. Aunque el sector siempre se ha movido cómodamente bajo el paraguas de una supuesta defensa de confidencialidad y de la escasa regulación que prometía la ley de 2006, el cambio de actitud se deja notar ya en las conclusiones del grupo de expertos en ética y buenas prácticas de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), perplejos ante la proliferación de campañas comerciales y estrategias publicitarias dirigidas a captar clientes en un momento de crisis. Hoy día es fácil encontrar anuncios llenos de promesas alentadoras o de promociones y descuentos, pero esa libertad creativa ha puesto en guardia a los profesionales que, en un congreso celebrado en Granada, rechazaron las ofertas de “garantía de éxito, claramente inasumibles, que puedan generar falsas esperanzas e inducir futuros conflictos”. En uno de los textos base del código ético que prepara la comisión de la SEF se advierte que “no se puede banalizar la finalidad de la medicina reproductiva, convirtiéndola en un mero comercio”. Algunas prácticas, según denuncian los mismos médicos, se están mercantilizando, como es el caso de “la publicidad dirigida a reclutar donantes de gametos”. En esos casos, critican, airear la cuantía de las compensaciones económicas puede facilitar “la explotación de las personas más vulnerables de la sociedad”. Lo mismo ocurre con los servicios de reproducción que se ligan a estancias turísticas o de ocio, o se practican como premio de concursos o promociones de otros negocios. Más regulación También los recortes presupuestarios en la sanidad pública amenazan la actividad del sector. Esta posibilidad ha generado cierta alarma entre algunos profesionales. Aunque es un sector que siempre ha preferido que la ley imponga lo menos posible, ahora se presenta como necesitado de regulación. “Lo que necesitamos no es que nos recorten sino que nos regulen”, asegura el presidente de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (Asebir), Manuel Ardoy. En una reciente entrevista, Ardoy recuerda que todavía no se han creado los registros de donantes y de actividad que prevé la ley, y que el ahorro podría venir de establecer listas de espera únicas o reducir el número de centros. En su opinión, sería lamentable que el Gobierno decidiera restringir en el servicio nacional de salud el número de ciclos por paciente; ahora mismo, explica, se practican entre dos y tres por pareja o matrimonio, y se consigue una tasa de éxito del 40 por ciento. Por encima de ese número de ciclos la posibilidad de éxito cae bruscamente. Habría que distinguir entre tratamientos debidos a causas médicas y los que responden a motivos de conveniencia El coste para la sanidad pública Ardoy, que defiende el derecho a los tratamientos de fecundación en la sanidad pública “para no hurtar a muchos el derecho a tener hijos”, sugiere distinguir las prestaciones que tienen como fin superar dificultades biológicas de los tratamientos que se denominan “preventivos”. En este último grupo se incluirían, por ejemplo, la congelación de ovocitos o embriones que algunas mujeres se plantean por conveniencia, con el fin de posponer varios años la posible gestación de un hijo, o los casos de mujeres que buscan la maternidad en solitario. En un momento de recortes en la sanidad, que va a exigir una revisión de la cartera de servicios, el coste de la fecundación in vitro no es marginal. Si, según los datos que facilita Ardoy, en España se hacen 86.000 ciclos de reproducción in vitro y el 30% se realizan en la sanidad pública, 25.800 corresponderían a hospitales públicos. Si cada ciclo, según Ardoy, sale a unos mil euros más otros mil de medicación, el coste anual para la sanidad pública sería de 51,6 millones de euros. Si lo normal en la sanidad pública es hacer dos o tres ciclos por paciente, el coste de lograr un niño –cuando se logra– oscila entre 4.000 euros y 6.000 euros. Un auténtico “cheque-bebé”. A las dificultades económicas de la reproducción asistida en el ámbito público se añaden las de las clínicas privadas, aunque estas ven el problema desde otro prisma. En la defensa de su supervivencia y argumentando que hay rebajar los embarazos múltiples a la proporción que se da de manera natural, proponen transferir solo uno o dos embriones y evitar los riesgos que corren madre e hijos en los embarazos múltiples. En la actualidad un 25% de los tratamientos de reproducción asistida termina en embarazo gemelar. Aunque la propuesta supone hacer más ciclos de tratamiento por mujer, con un mayor gasto –más de 3.000 euros por ciclo–, los médicos de la SEF defienden que así se rebajarían desembolsos futuros. “El coste de la asistencia a un embarazo y parto gemelar y el de las posibles secuelas en los nacidos –suele haber más prematuros o con bajo peso– es mucho mayor que la inversión necesaria en hacer más ciclos”, afirman.

El “cheque-bebé” de la reproducción asistida

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