Los abusos de los tabloides hacen caer sobre la prensa la amenaza de ser sometida a regulación externa.

El 29 de noviembre, con la publicación del informe Leveson, sobre abusos de la prensa británica, se inició una carrera en que todos compiten por demostrar que van a hacer algo, y deprisa. Antes de una semana, se habían reunido los principales directores de diarios para prometer que esta vez la prensa va a autorregularse en serio, y no hace falta someterla a un órgano con poderes legales, como recomienda el informe. Cuatro días más tarde, la oposición laborista ya tenía un proyecto de ley que opta por la mano dura –lo más popular en estos momentos– y propone lo que temen los periódicos. Al gobierno no le convence la solución, pero el primer ministro David Cameron no sabe cómo no hacer caso al informe Leveson después de haberlo encargado, y prueba una vía media. El proyecto conservador se espera para la semana próxima. Para quien tenga suficiente edad y memoria, debe de ser inevitable la impresión de déjà vu. En 1949, una Comisión Real investigó las acusaciones de partidismo y falta de objetividad contra la prensa, y recomendó la creación de un organismo autorregulador. El General Council of the Press, que empezó en 1953, fue muy criticado por corporativista, y en 1962, otra Comisión Real aconsejó transformarlo dando entrada a consejeros que no fueran del gremio. El informe oficial recomienda formar un nuevo organismo regulador con más presupuesto y poderes, capaz de imponer fuertes multas Durante la vida del subsiguiente Press Council, la prensa fue sometida a una tercera Comisión Real (1977), a una investigación parlamentaria (Younger Report on Privacy, 1973), por la frecuente invasión de la intimidad por parte de los tabloides, y a otra encargada por el gobierno (Calcutt Report, 1990). Esta recomendó sustituir el Press Council por la actual Press Complaints Commission (PCC) y darle un año y medio de plazo para demostrar que se bastaba para poner coto a los abusos, o la prensa sería regulada por ley. La amenaza no se cumplió entonces, pero vuelve a plantearse ahora que la PCC ha quedado desacreditada. Un nuevo organismo con poder de multarEl informe Leveson propone sustituir la PCC por un nuevo organismo independiente con más presupuesto y poderes, capaz de imponer a los periódicos multas de hasta un millón de libras (o el 1% de las ventas anuales, si no llegan a 100 millones). Pero quis custodit custodes? La idea de Leveson es que los supervise otra institución con potestad atribuida por ley; concretamente, recomienda que sea la Office of Communications (Ofcom), la autoridad reguladora de la radio, la televisión y el correo. Este es el punto crucial, al que la prensa se resiste. Ha dicho Bob Satchwell, director ejecutivo de la Sociedad de Directores: “La prensa existe fundamentalmente para vigilar a los que ocupan posiciones de poder. No podría hacerlo si aquellos a los que debe vigilar tienen poder sobre ella”. En cambio, hay acuerdo general en que la PCC está quemada. No ha hecho mal trabajo resolviendo las quejas del público, pero se ha mostrado incapaz de prevenir los abusos y de elevar el nivel profesional y ético de la prensa popular. Como se ha sabido gracias a testimonios recogidos por la comisión Leveson, en 2003 la PCC fue avisada cuando la policía descubrió que 305 periodistas habían recurrido a un detective privado para obtener informaciones de terceros. En total, se hallaron cinco mil casos en que se había violado la ley de protección de datos personales. Pero la PCC no hizo nada. El punto que se discute es poner o no al organismo regulador bajo una autoridad con poderes legales La misma PCC aprobó en marzo pasado, cuando aún estaba en curso la encuesta Leveson, un borrador de reforma. El proyecto es parecido a lo que propone Leveson, con la decisiva diferencia de que la autoridad para castigar a los infractores no se fundaría en la ley, sino en un contrato entre el nuevo organismo y cada editor de prensa. En ambos supuestos, la sumisión a la entidad reguladora no sería obligatoria, pero el periódico que no la aceptase sería llevado directamente a los tribunales cuando fuera denunciado; y ser juzgado según la draconiana ley de difamación británica es lo más temible y caro. Por culpa de la prensa popularSobre el punto discutido circulan varias propuestas. La de Leveson, confiar la supervisión a la Ofcom, se ha quedado sin apoyos. Aunque los laboristas la suscribieron con entusiasmo al principio, luego se lo pensaron mejor y optaron por un organismo judicial, no administrativo, para aumentar la distancia con el gobierno. Quieren que sea una comisión de jueces presidida por el lord juez en jefe. Por su parte, los liberal-demócratas prefieren que esté al mando el presidente del Tribunal Supremo: la diferencia es que este no es miembro de la Cámara de los Lores. Los conservadores están divididos. Cuarenta y dos diputados y dos lores tories firmaron una declaración a favor de que la prensa fuera regulada por ley, como quiere Leveson. Pero Cameron se opone: dice que si se somete a los periódicos a una autoridad política, los gobiernos caerán en la tentación de controlarlos. La propuesta del gobierno es que el organismo autorregulador sea supervisado por otro autónomo, creado por estatuto real, como la BBC. Pero eso, en opinión del director del Guardian, Alan Rusbridger, sería peor que la fórmula laborista, porque entonces tendría un papel clave el Consejo Privado de la reina, formado por políticos, entre otras personalidades. Cualquiera que sea la solución que finalmente se adopte, la prensa británica parece abocada a algún tipo de control por no haber sabido poner su casa en orden. Pero en realidad no es culpa de toda la prensa. Como lamenta The Economist, Levenson “se centró demasiado en los tabloides y mostró menos interés por el periodismo serio, pese a que sus decisiones afectarán a todos los periódicos”. Esto tiene un punto de paradójico, pues el hecho que motivó la investigación, las escuchas ilegales al móvil de una chica desaparecida (más tarde hallada muerta) por el tabloide News of the World, fue destapado por otro periódico, The Guardian. Cabe preguntarse si por unos casos como ese no se terminará haciendo pagar a justos por pecadores. En todas partes hay periódicos indignos. Pero en Gran Bretaña, las ovejas negras son la mitad del rebaño. Y tienen gran éxito de público.

La prensa británica será sometida a un ente regulador

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