Los trabajadores que entran ahora en el mercado laboral recibirán pensiones más reducidas y deberán ahorrar más para su jubilación.

Una versión de este artículo se publicó en el servicio impreso 94/13 Al igual que hace con la educación, la OCDE ha publicado su informe anual sobre la situación de las pensiones en los países miembros de la organización (Pensions at a glance 2013). Uno de los capítulos repasa las principales reformas aplicadas en las últimas dos décadas como respuesta al alza futura de costes por el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. También ofrece algunas recomendaciones para las políticas futuras. El informe constata algunas tendencias en las medidas adoptadas por los distintos países, encaminadas a frenar el gasto público. Una de estas tendencias ha sido modificar los sistemas de reparto, en los que las contribuciones de los activos sufragan las pensiones de los ya retirados. Las dos medidas más frecuentes han sido retrasar la edad de jubilación y retocar las fórmulas que sirven para el cálculo de los beneficios, ya sea cambiando el indicador al que se liga el crecimiento de las pensiones (por ejemplo, de la evolución de los salarios a la del IPC), aumentando los años de trabajo que determinan la cuantía final, o introduciendo alguno de los llamados factores de sostenibilidad, por ejemplo, la esperanza de vida o la situación del fondo público para pensiones en el momento de la jubilación. El informe de la OCDE recomienda el desarrollo de los planes de pensiones privados La jubilación se retrasaEn general, las reformas han tratado de asegurar la viabilidad a largo plazo de los actuales sistemas, pero para ello se ha reducido el valor que cada año trabajado tiene para el cálculo final de la pensión. En parte, este déficit se verá compensado por el aumento de años trabajados (retraso de la jubilación), pero la OCDE advierte de que habrá que estar especialmente atentos a los trabajadores que por un motivo u otro no han cotizado durante su vida laboral lo necesario para asegurarse una pensión suficiente. No obstante, ante esta previsión, muchos países han introducido en sus reformas mecanismos de protección para ciertos colectivos vulnerables, como enfermos, inválidos, o personas con carreras profesionales cortas. Por ejemplo, en Francia, las ayudas económicas que el Estado concede a la madre por cada hijo computarán como si fueran salario (aunque libres de impuestos), y por tanto servirán para asegurar una cierta pensión. Como contrapartida a la protección de los más expuestos, algunos países han aumentado las cotizaciones de los grandes sueldos, o han eliminado privilegios a los trabajadores públicos. En la mayoría de los países de la OCDE la edad de jubilación se retrasará al menos hasta los 67 años La situación de los mayores ha mejoradoEn las últimas dos décadas, la situación económica de las personas jubiladas ha ido mejorando en términos generales en el conjunto de la OCDE. La sensibilidad de los gobiernos hacia los mayores (también por motivos electoralistas) ha sido cada vez mayor, e incluso en los primeros tiempos de la crisis las pensiones estuvieron blindadas a los recortes en la mayor parte de los países: así, la tasa de pobreza entre las personas de más de 65 años descendió del 15,1% en 2007 al 12,8% en 2010. Sin embargo, en los últimos años los recortes sí han llegado a las pensiones. Con todo, los ingresos medios de los mayores suponían en septiembre de este año el 86% de los ingresos de la población en general, un porcentaje aún alto si se compara con las décadas anteriores. El informe indica que en la mayoría de los países de la OCDE la edad de jubilación será al menos de 67 años, para hombres y mujeres, de aquí al 2050. Esto supone un aumento de al menos 3,5 años respecto a la situación actual. Esta subida generalizada, aunque en ocasiones ha sido compensada con un aumento en la rentabilidad para la pensión final de esos años de más (por ejemplo en la reforma española en ciernes), tendrá un efecto más bien negativo para los retirados. Sin embargo, ha sido adoptada por prácticamente todos los países de la OCDE para dar sostenibilidad al sistema. Los autores lamentan, no obstante, que solo unos pocos países hayan pensado en el largo plazo cuando han aumentado la edad de jubilación. En esta línea, la República Checa y Eslovaquia, además de retrasarla a los 67 años, han establecido un mecanismo para que esta edad se recalcule en el tiempo según la esperanza de vida. Casi todas las reformas llevadas a cabo en los últimos años provocarán una disminución de los beneficios Atención a los más débilesEl informe, aunque reconoce que estas medidas se habían vuelto imprescindibles, expresa la necesidad de abordar las causas profundas de la inviabilidad de muchos sistemas de pensiones nacionales, e invita a estudiar de forma más global los ingresos de los jubilados. En concreto, propone tener en cuenta otros activos como los bienes inmuebles (más del 75% de los mayores de 65 años son propietarios de una casa, por la que ya no tienen que pagar alquiler), la riqueza financiera acumulada o el gasto que dejan de hacer los mayores en ciertos servicios públicos, especialmente los sanitarios. Estos son algunos campos que, según los autores, deben ser considerados, junto con las pensiones, cuando se diseñen las medidas para asegurar una vida digna a los jubilados. Muchos sistemas de pensiones funcionan también como un mecanismo para la redistribución de la riqueza. En un contexto de crisis económica, esta exigencia de justicia ha cobrado más relevancia. Uno de los mecanismos redistributivos utilizados en algunos países ha sido aumentar las pensiones mínimas o las llamadas pensiones-red: aquellas que se dirigen a colectivos especialmente vulnerables y que cuentan con un fondo propio. Este ha sido el caso de Finlandia, Chile o Grecia. En Noruega se ha reformado la ley para que los beneficios de las pensiones estén más relacionados con los recursos de los pensionistas, y no solo con su vida laboral. Por su parte, la última reforma aprobada en Chile exime a los trabajadores con salarios muy bajos de pagar las contribuciones al sistema nacional de salud. La pensión será un porcentaje menor del sueldoEl mejor indicador sobre la capacidad redistributiva de un sistema de pensiones es la replacement rate o tasa de sustitución: mide la cuantía de la pensión inicial (tras la jubilación) como porcentaje del salario que se ganaba justo antes de retirarse. En los sistemas más distributivos, las tasas varían mucho según los ingresos del pensionista: así, los que están en el percentil más alto reciben un porcentaje menor de lo que cobraban antes de jubilarse, mientras que los del percentil más bajo obtienen unas pensiones muy similares a sus anteriores sueldos. De acuerdo con las estimaciones del informe, los salarios bajos obtendrán una pensión que representará el 70% del sueldo; los asalariados medios no recibirán más que un 54% de los ingresos que tenían como activos, con el riesgo de ver disminuido su nivel de vida de manera importante; y las rentas altas recibirán el 48%, pero serán menos vulnerables gracias a sus ahorros e inversiones. Según este indicador, algunos de los países con sistemas más distributivos son México, Grecia o Reino Unido. En el otro lado, destaca Suecia (con una tasa de sustitución más alta para los más ricos que para la clase media), Polonia y también España (sin tener en cuenta los posibles efectos de la reforma que se está discutiendo). Otro índice frecuentemente utilizado para medir el impacto de las reformas sobre las pensiones es la gross pension wealth (riqueza derivada de la pensión), que compara la suma de dinero que supuestamente recibirá como pensión una persona durante los años de vida que le quedan con su salario antes de jubilarse. Según el análisis de la OCDE, casi la totalidad de las reformas llevadas a cabo en los últimos años provocarán una disminución de los beneficios, porque incluso donde aumenta la tasa de sustitución (y por tanto los jubilados reciban una pensión inicial relativamente más alta que antes de la reforma), el cambio en las fórmulas de cálculo arroja un resultado final negativo. Los planes de pensiones privados, oportunidad o riesgoAnte la difícil situación de las arcas públicas, algunos países se han ido sumando al modelo de planes de pensiones privados. Estos planes funcionan casi siempre como fondos de inversión: el pensionista va acumulando sus contribuciones en una especie de cuenta, aunque ese dinero no se queda quieto, sino que es invertido para obtener beneficios. El cliente puede elegir en qué quiere que se inviertan, y corre el riesgo de que sus apuestas le salgan mal, aunque casi todos los sistemas cuentan con cláusulas que aseguran una prestación final mínima. Este modelo se ha ido imponiendo en países como Alemania, Suecia, México o Reino Unido. En algunos casos, como el Reino Unido, el gobierno ha obligado a los empleadores (por ahora, solo a las grandes empresas) a apuntar a sus trabajadores a uno de estos planes; al mismo tiempo, ha prometido vigilar las inversiones para que no se asuman riesgos excesivos. Estos riesgos son los que han hecho que países como Argentina, Polonia o Hungría hayan dado marcha atrás en la implantación de planes privados. El informe de la OCDE, aunque no se muestra directamente partidario de una u otra postura, sí recomienda que exista una oferta más variada en los planes de pensiones, lo que fomentará la competitividad. Con todo, alerta de que las consecuencias de apoyarse primordialmente en planes privados podrían afectar a la capacidad del sistema para atender a aquellos que hayan tenido una vida laboral corta (algunas madres, desempleados de larga duración) o a colectivos como los enfermos o inválidos. (Ver gráfica comparativa de los diferentes países de la OCDE).

Reformas necesarias para que las pensiones tengan futuro

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