El gobierno permitirá abrir nuevas “grammar schools”, de orientación más académica, y aumentará la capacidad de las escuelas confesionales para seleccionar su alumnado.

Las nuevas ideas del gobierno británico en materia de educación van contra la corriente y han levantado ampollas incluso dentro del partido conservador. Están incluidas en un green paper (un esbozo de proyecto de ley) que el ejecutivo está dispuesto a negociar y que está sometiendo a escrutinio público. De aprobarse, supondría un cambio importante en la política educativa de las últimas décadas, centrada en integrar a los alumnos de todas las capacidades y estratos socioeconómicos en las llamadas comprehensive schools. La propuesta de Theresa May parece haber tomado a todos por sorpresa, incluso a algunos miembros de su propio partido. En un momento en que la idea de separar estudiantes por capacidades se ha convertido en anatema dentro del debate educativo, la primera ministra sugiere crear más grammar schools. Estos centros de educación secundaria escogen sus alumnos entre los de mejores notas de un examen realizado a los once años y los preparan para cursar estudios universitarios. Además, May quiere aumentar la capacidad de los centros confesionales financiados por el Estado para seleccionar a los estudiantes de acuerdo con su fe. El límite a la selección por motivos religiosos ha impedido la creación de más colegios católicos, exitosos tanto académica como socialmente El anuncio se ha precipitado después de que se filtraran varias fotografías de un documento oficial con algunas de las propuestas. No obstante, el manifiesto del partido conservador publicado el año pasado ya señalaba la intención de “permitir que todas las buenas escuelas se expandan, sean del tipo que sean”. Aun así, pocos esperaban que el ejecutivo se atreviera a tocar un punto históricamente controvertido sobre el que se había alcanzado consenso entre los dos grandes partidos desde que la ley de educación de 1998 prohibió abrir nuevas grammar schools. Estas escuelas llegaron a matricular al 25% del alumnado a principio de los sesenta. De los cerca de 2.000 centros de entonces hoy solo quedan 163 en Inglaterra, más 67 en Irlanda del Norte, que agrupan al 5% de la población estudiantil. Más capacidad de elegir El gobierno ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de aumentar la capacidad de elección de los padres, de forma que –en palabras de la propia primera ministra– “cada alumno, sea cual sea su procedencia, llegue tan lejos como sus capacidades se lo permitan”. May considera que las grammar schools pueden ser una gran plataforma de promoción social, especialmente para los estudiantes talentosos de estratos económicos o socioculturales más bajos. Sin embargo, muchos consideran que aumentar el número de grammar schools va a producir justo lo contrario. Algunos estudios han señalado que, aunque estas escuelas realizan un gran servicio a los estudiantes que consiguen entrar, perjudican en cambio a las escuelas de alrededor: por un lado, al sustraer del sistema estatal a los alumnos mejor preparados, evitan el “efecto contagio” que beneficia a los de peores notas; por otro, funcionan también como un imán respecto a los mejores profesores. Además, se ha criticado que el examen de acceso beneficia a los candidatos que disponen de los medios para prepararlo (clases particulares, programas específicos en su centro de primaria, etc.), que suelen ser también los de estratos socioeconómicos más altos. El gobierno es consciente de estas preocupaciones, y ha condicionado la apertura de nuevas grammar schools a que se cumplan varios requisitos. En primer lugar, que exista demanda. Además, estos centros se situarán prioritariamente en zonas pobres. Por otro lado, tendrán que reservar una parte de sus plazas para estudiantes desaventajados, y deberán promover la apertura de otra escuela no selectiva en la misma zona. Aparte de estas medidas correctoras propuestas por el gobierno, algunos comentaristas han sugerido otras posibilidades para que el aumento de grammar schools no perjudique a los más vulnerables. Por ejemplo, que la red pública compita con la de los otros colegios con financiación estatal por los alumnos más talentosos, creando sus propios centros para estudiantes con resultados excelentes, o que proponga incentivos para atraer al mejor profesorado. Parece claro que el gobierno de May tendrá que negociar –y probablemente rebajar– su propuesta inicial si quiere que sea aprobada por el Parlamento. La opinión pública también está dividida: aunque la mayoría llevaría a sus hijos a una grammar school si estos superaran el examen previo, hay un empate entre quienes respaldan la creación de más centros de este tipo (38%) y los que consideran que habría que mantener el número o incluso rebajarlo (17% y 23% respectivamente). Más autonomía a las escuelas confesionales Uno de los sectores que más puede resentirse de la aprobación de más grammar schools es el de las escuelas confesionales financiadas con dinero público. Estos centros, aunque no dependen de las autoridades educativas locales, que gestionan los públicos, están sujetos a una restricción en cuanto a la selección de los estudiantes: solo pueden emplear criterios religiosos para determinar la concesión de un 50% de las plazas. En la práctica, esta norma ha disuadido a distintas organizaciones cristianas y de otros credos de abrir nuevos centros. El resultado es que actualmente son confesionales solo una quinta parte de las escuelas financiadas por el Estado pero de gestión propia. La propuesta contempla algunas medidas para que el mayor número de “grammar schools” no aumente la segregación Ahora, el plan presentado por el gobierno propone eliminar el límite al criterio religioso en la selección. Aunque la medida está abierta a todas las confesiones, el sector católico puede salir especialmente reforzado. Sus centros cuentan con una gran reputación académica, y de ahí que sean los más demandados por los padres. Además, escolarizan a más alumnos de minorías étnicas que la media, por lo que han demostrado ser un importante cauce de movilidad social. Un portavoz del gobierno ha señalado que, aunque el requisito del 50% tenía buena intención, se ha demostrado que no ha conseguido integrar a personas de distintos credos. En cambio, está impidiendo que se desarrolle más un tipo de colegios que sí han conseguido elevar el nivel académico y dar oportunidades a los estudiantes más vulnerables.

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