En el país sudamericano, quienes idean jugarretas legales para hacer daño a sus adversarios políticos no temen pagar, si hace falta, el precio del ridículo.

Las noticias procedentes de Venezuela vienen pareciéndose mucho entre sí desde hace algunos años, al punto de suscitar en el espectador una suerte de déjà vu y la pregunta de si tal o más cual libertad ahora confiscada no lo había sido dos o tres años atrás. O de si una bronca entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición parlamentaria –los partidos integrados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)– es la misma de hace unos meses u otra por razones distintas. O de quiénes son los “verdaderos demócratas” y quiénes los “ruines golpistas”. De equilibrio y mesura, poco. Agotador. La última movida de Miraflores: intentar apagar el interruptor de los poderes de la Asamblea Nacional, vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha sido una chapuza de dimensiones galácticas, concebida con la candidez del niño pequeño que cree suficiente esconderse detrás de una escoba para que su madre no lo pille. Tan torpe fue la jugada que incluso la Fiscal General, chavista hasta la médula, admitió que en las sentencias 155 y 156 de la alta corte –por las cuales se perpetraba el despojo a los parlamentarios de la oposición y la apoteosis de Maduro–, se evidenciaban “varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de estado consagrado en nuestra Constitución”. Maikel Moreno, actual presidente del TSJ, ha estado vinculado con dos casos de asesinatos en los 80, por uno de los cuales cumplió condena Pero la señora fiscal no parece estar muy al día de estos asuntos, al menos no tanto como lo está el ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero. Un artículo del profesor español, del 31 de marzo, justificaba la movida del oficialismo porque la Asamblea estaba en “desacato” a la ley. Se refería así a la sentencia del TSJ sobre lo inválido de la elección de tres diputados de la Amazonía durante las pasadas elecciones legislativas. Hasta que la MUD no aceptara la remoción de los tres legisladores estaría al margen de la legalidad, ergo, sus decisiones serían nulas y el propio TSJ asumiría algunas de las funciones del Parlamento. Lo que sucede, sin embargo –e ignoro por qué el camarada Monedero no se ha enterado–, es que los dichos diputados salieron del hemiciclo ya desde enero de este año. Pero no sorprende demasiado que el politólogo, a casi 7.000 kilómetros de Caracas, no esté al tanto, cuando incluso el propio TSJ ha ignorado el hecho evidente de que, al abandonar aquellos tres sus escaños –precisamente porque la MUD decidió quitarle a Maduro el pretexto principal para desconocer la legitimidad de su bancada– desaparecen las condiciones para declarar la desobediencia de la Asamblea y vaciarla de contenido. Que para hacerle ver a Caracas lo obvio tuvieran que coincidir su propia Fiscal General, los gobiernos de América y Europa casi al completo e instituciones como la OEA, dice mucho de lo errático que va el gobierno de Maduro tras el trino del pajarito. Además preocupa, y no menos, que el Supremo también juegue a esconderse detrás de la escoba, con sentencias por las que desaprobaría un estudiante de primero de Derecho. Subiéndole la parada al contrario Quizás todo sea parte de lo “real maravilloso americano” de que nos hablaba Carpentier: de cómo las cosas que en esta parte del mundo no pasan de ser leyendas, ficciones costumbristas, rumores, en América –y quien suscribe ha nacido allí– son perfectamente posibles. Específicamente en Venezuela hallamos lo mismo un pajarito que habla y aconseja cómo gobernar, que un presidente extinto cuya imagen aparece milagrosamente en las obras del metro caraqueño, e incluso, como sucede con el “pirata honrado” de Goytisolo, un asesino juez... No, que no es broma: el mismo TSJ que ha querido dejar fuera de combate a la Asamblea Nacional está presidido por un señor, Maikel Moreno, de brumoso pasado. En los 80, Moreno estuvo encarcelado dos años por haber asesinado a una mujer, mientras era oficial de la DISIP (la policía política de entonces), y más adelante se le relacionó con la muerte de un joven durante un tiroteo. No se entiende cómo el gobierno chavista no pudo encontrar en todo el país una persona con una historia un punto más gloriosa, no ya para dirigir una fábrica de conservas o una “misión bolivariana”, sino la más alta instancia de la judicatura. La MUD, al retirar a sus tres parlamentarios cuestionados por el TSJ, dejó de estar automáticamente en desacato a la ley Un presidente que alucina, un Tribunal Supremo que desvaría, un juez que lo mismo golpea con el mazo que con el mango de la pistola… ¿algo más? Sí: también una oposición que a veces patina. Como sucedió en enero pasado, cuando las fuerzas parlamentarias de la MUD aprobaron una declaración que expresaba que Maduro había abandonado el cargo. En la Constitución venezolana, el tema de la “falta absoluta” del mandatario está claramente tratado en el artículo 233. Se considera que el presidente ha abandonado el cargo cuando la Asamblea lo declara, en cuyo caso corresponde celebrar elecciones dentro de los siguientes 30 días. Y esa era la esperanza de la MUD. Ahora bien, ¿le consta a alguien que Maduro haya abandonado el cargo? ¿Algo, además, le sugiere que el “hijo de Chávez” permitirá alegremente unos comicios un mes después? Pensar que en Venezuela hay un presidente ausente es no haber encendido la tele desde 2013 o haberle dado “mute” en el mando a distancia. Tan rocambolesca fue la decisión de declarar ese vacío, que una de las fuerzas opositoras, Avanzada Progresista, se desmarcó, al entenderla “inaplicable”: “Justificarla como una medida meramente política, que no obedece a criterios sólidos y constitucionales objetivos, lejos de contribuir a abrir caminos para la resolución de los problemas nacionales, lo que hace es complicarlos aún más trayendo desesperanza, desilusión y engaño a las grandes mayorías”. Mucha fantasía, en fin, y muchos tropiezos, que para eso sirve el rencor. Los desafíos para ver quién sube la parada y causa más daño al contrario ilustran cuán “inclaudicables” son los contendientes, pero previsiblemente harán poco, muy poco, por devolverles a los venezolanos de a pie ciertos niveles de bienestar y paz social, hoy perdidos.

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