Una investigación con más efectos mediáticos que jurídicos

El contexto del informe del Gran Jurado de Pensilvania

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El informe del Gran Jurado de Pensilvania sobre abusos sexuales contra menores en seis diócesis de este estado ha acaparado la atención mediática. Pero más que aportar revelaciones inéditas, confirma las tendencias observadas tras el estallido del escándalo en EE.UU. en 2002. También en estas seis diócesis una minoría significativa de clérigos cometió abusos sexuales contra menores, en su mayoría varones; a su vez, los obispos no supieron escuchar a las víctimas y pretendieron gestionar la crisis con silencios, traslados y dilaciones; y también se observa que tras las medidas tomadas desde 2002 apenas hay nuevos casos.

El informe no hace revelaciones sustancialmente nuevas sobre la crisis de los abusos a menores, sino que documenta con nombres y datos lo ocurrido en estas diócesis en un periodo de setenta años, y recoge dramáticos testimonios de las víctimas, hoy adultos. Para valorar lo que aporta el informe, es interesante comprender su origen y comparar sus datos con los que se sabe por otras investigaciones.

La voz del fiscal

El informe del Gran Jurado es el resultado de una investigación, no de un proceso. El Gran Jurado –institución exclusiva de EE.UU.­– está formado por una veintena de ciudadanos legos, cuya función consiste básicamente en decidir si hay indicios suficientes para iniciar un juicio. Su tarea consiste en escuchar a los testigos de la fiscalía, requerir pruebas, evaluar la evidencia recopilada, para dar o negar su aprobación a una acusación.

El informe del Gran Jurado es el resultado de una investigación, no de un proceso

Está presidido por el fiscal, no por un juez. Su labor se lleva a cabo sin presencia de abogados de la defensa, y generalmente sin que participen los acusados involucrados. Su potestad está circunscrita a la aprobación de la tarea llevada a cabo por el fiscal, puesto que el Gran Jurado no tiene medios propios para dedicarse a tareas investigadoras. Es decir, al escuchar a un Gran Jurado estamos ante la voz de la acusación impulsada por el fiscal, en este caso, del fiscal general del estado de Pensilvania, Josh Saphiro.

Acusaciones creíbles

El informe se refiere a seis diócesis de las ocho del estado de Pensilvania (Erie, Allentown, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh y Scraton), mientras que las otras dos, Philadelphia y Altoona-Johntown, ya fueron objeto de otros informes. De hecho, ya ha habido 10 informes previos de grandes jurados y fiscales sobre este problema en diversas diócesis.

El informe de Pensilvania cubre un periodo de unos setenta años, y cita los nombres de 301 sacerdotes contra los que existen “acusaciones creíbles” de abusos sexuales durante su ministerio, de los que habrían sido víctimas al menos 1.000 menores identificados. El informe reconoce que “muchos de los sacerdotes de los que hablamos ya murieron”.

Para medir la magnitud del problema entre el clero, es fundamental saber qué proporción de sacerdotes han sido acusados de abusos sexuales respecto al total de sacerdotes que han estado en activo durante esos años. Desgraciadamente, a pesar de sus 1.400 páginas, el informe del Gran Jurado no aporta este dato.

Hay “acusaciones creíbles” contra 300 sacerdotes durante 70 años, pero el informe no dice qué porcentaje del clero suponen

A nivel nacional, la investigación más sistemática y científica es la que hizo en 2004 –por encargo de la Conferencia Episcopal– el John Jay College of Criminal Justice (de la City University of New York), que la realizó de modo independiente con datos facilitados por las diócesis, referidos al periodo 1950-2002.

En esos 52 años, los denunciados por abusos sexuales a menores –excluyendo las denuncias que fueron retiradas o se demostraron falsas– supusieron entre el 4% y el 4,3% del total de sacerdotes activos en esos años. También se vio que la mayoría de los acusados (el 56%) fueron denunciados por una sola víctima, mientras que una pequeña parte (149) acumulaba más de un cuarto de las denuncias (27%).

Otro informe bien documentado sobre el problema de abusos a menores entre todo tipo de instituciones es el que llevó a cabo una Comisión Real en Australia en 2017. Según este informe, en el periodo 1950 a 2010 hubo acusaciones de abusos contra el 7% de todos los sacerdotes australianos. Si se mide por décadas, los sacerdotes diocesanos acusados fueron el 2,9% en los años 50, el 4,5% en los 60, el 4% en los 70, para caer al 0,2% en los 2000.

El informe del Gran Jurado de Pensilvania no aporta estos datos, lo cual puede dar una idea distorsionada y desprestigiar a todo el clero por la conducta delictiva de una minoría.

Teniendo en cuenta que en las diócesis de Pensilvania hay actualmente 2.509 sacerdotes, número que no sería menor en las pasadas décadas, el experto Padre Fortea estima que durante un periodo de 70 años hubo la presencia (íntegra o parcial) de unos  7.500 sacerdotes. Si hubo 300 sacerdotes acusados, significa el 4% del total, lo cual está en los niveles del índice nacional.

Las víctimas

El informe del Gran Jurado de Pensilvania identifica a unas 1.000 víctimas de abusos, menores de 18 años, aunque cree que deben de ser más, habida cuenta de que no todas denunciaron.

¿Qué se sabe de estas víctimas? “La mayor parte de las víctimas eran chicos, aunque también había chicas. Algunos eran adolescentes y otras se encontraban en la pre-pubertad”. Los abusos van desde los tocamientos a las violaciones.

Entre el clero norteamericano la gran parte de los abusos son contra chicos, mientras que en el conjunto nacional la mayoría son contra chicas

Es significativo que en el caso de abusos perpetrados por clérigos, la gran mayoría son contra chicos. En cambio, según un análisis estadístico basado en 16 estudios y teniendo en cuenta todos los ámbitos, la tasa estimada de abusos sexuales contra menores es el 7,2% para los chicos y el 14,5% para las chicas. También en el citado informe del John Jay College se dice que los abusos fueron en su mayor parte contra varones (81%) y que el 76% de los menores no contaban aún 15 años. Los casos de pederastia propiamente dicha no eran los más frecuentes.

Las estadísticas de abusos sexuales contra menores en EE.UU. muestran que no es un fenómeno infrecuente. En 2010 los servicios de protección de menores de los estados informaron de 63.527 casos en ese año.

Pocas consecuencias penales

El informe de un Gran Jurado sirve para decidir si hay materia suficiente para iniciar un juicio. Pero para eso hace falta que los denunciados puedan sentarse en el banquillo de los acusados. En el caso del informe de Pensilvania las posibilidades son escasas. Hasta ahora solo dos de los casos mencionados han dado lugar a procesamientos. El informe reconoce que la mayoría de los posibles delitos han prescrito y que muchos de los acusados han muerto.

Pero esto ya se podía saber antes de iniciar la investigación. Por eso algunos comentaristas se preguntan por qué un fiscal general se embarca en una investigación tan amplia cuando no existe un claro objetivo penal. No hay que olvidar que el fiscal general es un cargo electo. Josh Shapiro es un político demócrata, judío, elegido como fiscal general de Pensilvania en noviembre de 2016, con experiencia política pero no de fiscal. Al poner en el punto de mira los abusos sexuales contra menores en la Iglesia católica, sabía que podía contar con la lógica indignación popular que provoca el tema y el consiguiente apoyo mediático, que favorece su imagen de político justiciero.

Su investigación ha dado cauce al legítimo dolor de las víctimas. Pero no puede decirse que haya aportado algo inédito, a diferencia de lo que supuso la investigación del Boston Globe en 2002. Desde que estalló el escándalo, se han desvelado los datos de sacerdotes acusados, ha habido juicios por pederastia de los que se ha informado puntualmente, las declaraciones de víctimas han aparecido en infinidad de medios, ha habido investigaciones dentro y fuera de la Iglesia, la Santa Sede y los obispos han adoptado medidas de “tolerancia cero” que han reducido drásticamente estos abusos. Así que el informe del Gran Jurado llega cuando ya se han producido cambios importantes. El propio informe reconoce que “mucho ha cambiado en los últimos quince años”, aunque en diversos momentos dice que no está claro si la actuación de la jerarquía de la Iglesia es ahora distinta. El jurado tuvo ocasión de leer las declaraciones escritas que les enviaron cinco obispos de las diócesis examinadas y de escuchar el testimonio personal del obispo de Erie Lawrence T. Persico, testimonio que el informe califica de “directo y sentido”.

La actuación de los obispos

Al describir la reacción de los obispos cuando aparecían abusos de clérigos contra menores a lo largo de esos años, el informe de Pensilvania muestra actitudes ya conocidas en otros casos: más preocupación por salvaguardar el buen nombre de la Iglesia que atención a las víctimas; ocultamiento y disimulo sin una verdadera investigación; intentos de solventar la mala conducta con traslados y atención psicológica; no advertir a las autoridades… decisiones que, como dice el Papa Francisco en su carta a raíz del caso, “aumentaron la gravedad cayendo en la complicidad”.

Las medidas tomadas están funcionando, pues apenas hay casos desde 2002

Pero también en este aspecto ha habido cambios notables. Ya en 2002 la Santa Sede y los obispos de EE.UU. aprobaron nuevas normas para los casos de abusos a menores por parte de sacerdotes. La principal es que un solo caso probado llevará a que el culpable no vuelva nunca a ejercer el ministerio. La pena puede incluir también la pérdida del estado clerical. Estos delitos prescriben diez años después de que la víctima cumpla 18 años. Las normas dicen también que los obispos cumplirán las leyes civiles aplicables sobre comunicación de las denuncias a los poderes públicos.

Estas medidas han dado sus frutos. Como ha señalado el director de la Sala de Prensa vaticana en una nota, “la mayor parte del informe se refiere a abusos cometidos antes de los primeros años 2000. No habiendo encontrado apenas casos después de 2002, las conclusiones del Gran Jurado son coherentes con estudios precedentes que muestran cómo las reformas hechas por la Iglesia Católica en Estados Unidos han reducido drásticamente la incidencia de los abusos cometidos por el clero”.

También se empieza a notar un cambio en el modo de referirse con mayor claridad a las causas de fondo de este problema. Después de la publicación del informe de Pensilvania y de la dimisión del cardenal Theodore McCarrick por conducta homosexual, el obispo de Madison Robert Morlino ha escrito una carta pastoral en la que afirma: “Se ha hecho mucho esfuerzo para mantener separados actos que caen bajo la categoría ahora culturalmente aceptable de actos homosexuales y la categoría públicamente deplorable de actos de pedofilia. Es decir, hasta hace poco los problemas de la Iglesia se han presentado como problemas de pedofilia, a pesar de una clara evidencia de lo contrario”. Pero es hora de ser honestos. “Hay que admitir que hay una subcultura homosexual dentro de la jerarquía de la Iglesia que está causando una grave devastación en la viña del Señor. La doctrina de la Iglesia afirma con claridad que la inclinación homosexual no es en sí misma pecado, pero es intrínsecamente desordenada de modo que quien la sufre permanentemente no es apto para el sacerdocio”. El arzobispo de Denver, Mons. Samuel J. Aquila, ha agradecido a Morlino su carta pastoral.


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