Siguen los sobornos a funcionarios en los países en desarrollo

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Duración lectura: 2m. 37s.

El pago de comisiones ilegales a funcionarios públicos extranjeros ha crecido, según un estudio de Transparency International (TI), a pesar de la entrada en vigor el año pasado de la Convención Anti-Soborno de la OCDE.

TI encargó a Gallup International una encuesta a 779 ejecutivos de multinacionales, abogados, contables, banqueros y funcionarios de cámaras de comercio que trabajan en 14 países de Asia, África, Latinoamérica y Europa oriental. Solo una cuarta parte de los encuestados respondieron que la corrupción ha bajado en su país de residencia en los últimos cinco años. Un tercio dijo que ha aumentado, el 22% que sigue igual y el resto no sabe.

Con las encuestas a estos hombres de negocios que trabajan en el extranjero se calcula el índice de percepción del soborno (Bribery Perceptions Index, BPI). En una escala de 0 a 10, 0 indica disposición absoluta por parte de la empresa para pagar sobornos y 10 indica lo contrario. Los resultados de la encuesta de 1999 son que las obras públicas y el sector de la construcción tienen un BPI de 1,5; siguen las empresas de armamento y defensa con 2,0, y las energéticas (petroleras incluidas), con 3,5.

Peter Eigen, presidente de TI, afirmó que “los datos indican la disposición de muchas empresas internacionales a sobornar a los funcionarios públicos”. El recurso al soborno, añade, tiene claras consecuencias negativas: debilita la economía de los países, ocasiona que se desperdicie dinero y alienta la corrupción de los cargos públicos.

La mayoría de las empresas con negocios en el extranjero se exponen a sufrir sanciones al incumplir la Convención Anti-Soborno de la OCDE, que considera delito el cohecho a funcionarios extranjeros. Pero de los encuestados, solo el 6% conocen la Convención y el 19% afirman que su empresa está revisando las prácticas de soborno para adaptarse a ella; porcentajes pequeños para una Convención que fue firmada por los 29 países miembros de la OCDE a finales de 1997 y entró en vigor en febrero de 1999.

TI mide también el índice de percepción de la corrupción (CPI) por parte de los funcionarios públicos y los políticos. Desde 1997, TI ha incorporado cada año nuevos países a la lista. Pero afirma que no se pueden comparar los resultados con los de los años anteriores porque cada año cambia la muestra y la metodología. En cualquier caso, no ha habido cambios en la cabeza de la lista, donde se mantienen Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia como países más honrados (ver servicio 169/97). Y sí en los últimos puestos, donde en 1997 aparecían Nigeria, Bolivia, Colombia y Rusia con los índice más altos de corrupción, y ahora los ocupan Camerún, Nigeria, Indonesia y Azerbaiyán.

Por último, los encuestados que han detectado un aumento de la corrupción en sus países de residencia consideran que las principales causas de la corrupción de los funcionarios son los bajos salarios del sector público (65%), la inmunidad frente a las acciones judiciales (63%) y el secretismo de los gobiernos (57%).