La imagen de los policías italianos forcejeando con varios inmigrantes africanos para impedir que pasen la frontera hacia Francia, sacude la conciencia del telespectador. Son seres humanos, y es un conjunto de calamidades el que les ha empujado hacia las puertas de Europa. Pero los centros de acogida en Italia están colapsados, mientras la UE se toma su tiempo para resolver la crisis.
Los países industrializados podrían tramitar las peticiones de asilo en los países de tránsito, lo que evitaría mayores penurias a los refugiados y desestimularía a los traficantes
Precisamente sobre el imperativo de adoptar medidas que eviten tener que llegar a estos extremos, trata el informe “Más allá del asilo: repensar las políticas de protección para resolver las necesidades en rápido crecimiento”, emanado del más reciente Consejo Transatlántico sobre Migración (CTM), una iniciativa del think tank estadounidense Migration Policy Institute (MPI), que sesionó en diciembre pasado en Bruselas. El reto es grande: según las cifras, solo en 2014 unas 220.000 personas se lanzaron a atravesar el Mediterráneo; de ellas, 3.000 perdieron la vida entre las olas. En 2015, esas cifras pueden verse superadas.
¿Quiénes pierden con la actual situación? Todos. Pierden los refugiados, tratados como números a los que no queda más remedio que cobijar y alimentar hasta que se decida a dónde destinarlos, sin tomar en cuenta si tienen algún contacto o familiar en algún país concreto; pierden las instituciones de asistencia, sobrepasadas por la alta concentración de personas e impedidas de dar una respuesta adecuada a cada caso; pierden las poblaciones de acogida, que se ven abrumadas por las llegadas masivas –la pequeña Lampedusa, por ejemplo, ya no tiene dónde enterrar a tanto inmigrante ahogado en el Mare nostrum–, y pierden los gobiernos, sorprendidos en su escasa capacidad de anticipación de estos escenarios, y cuestionados con enojo por sus ciudadanos acerca de qué piensan hacer para poner fin a la crisis.
Y todo esto mientras los traficantes, no demasiado afectados, hacen su agosto.
Vivir en el limbo
Como verdaderos “almacenes” de refugiados. Así califica el documento los sitios donde se acumulan los inmigrantes de Siria, Eritrea, Somalia, etc., que han escapado de la violencia y de la penuria. Sea que se encuentren en campos de refugiados, en centros de procesamiento de asilo o en suburbios urbanos, las personas en esta condición ven cómo lo que debe ser un sitio de paso se vuelve no pocas veces un destino permanente, en el que no tienen ni los medios ni el estatus legal para poder sostenerse a sí mismos. Quienes no se resignan a ello y retoman el camino hacia un lugar mejor, lo hacen igualmente por vías ilegales, con lo que caen nuevamente en manos de los traficantes.
Los países del sur que acogen a los refugiados no disponen de los recursos necesarios para reconducirlos a una vida normal
En el caso de los que llegan a centros de refugiados en otras naciones del sur, se encuentran con que esas sociedades no disponen de recursos necesarios para reconducirlos a una vida normal. Y es que, aunque los telediarios subrayan la magnitud del problema en el sur de Europa, no se suele decir que el 86% de los refugiados están en este momento en países en desarrollo. Las infraestructuras sanitarias y educacionales del Líbano, por ejemplo, están desbordadas por la afluencia de inmigrantes sirios, que ya constituyen un cuarto de la población del pequeño “país de los cedros”.
En Jordania, entretanto, el informe apunta que dos tercios de los que han escapado del régimen de Damasco están viviendo por debajo del nivel de pobreza, y que para subsistir a como dé lugar, están floreciendo lacras como la prostitución y el trabajo infantil.
Niños sin escolarizar, profesionales paralizados…
Una crisis masiva de refugiados no obliga solo a determinar a quién corresponde darles el techo temporal y el pan. Es también un imperdonable desperdicio de capital humano, toda vez que las perspectivas de desarrollo del individuo se ven coartadas mientras permanece en condiciones de refugiado.
Para los profesionales que se mantienen por largos períodos en ese limbo, supone la parálisis de sus habilidades. Según el documento del CTM, “las oportunidades de obtener nuevas credenciales profesionales o educacionales en el país de acogida, o de entrenarse y desarrollar allí sus destrezas, pueden ser limitadas o prohibitivamente costosas. El resultado es completamente predecible. Sus habilidades se degradan con el tiempo y los condenan a puestos de baja calificación y pobremente pagados”.
Al final, son malas noticias para todos: “los profesionales refugiados, en cuanto pueden, asumen trabajos por debajo de sus capacidades y experiencias, para sobrevivir; los trabajadores locales ven aumentar la competencia y, por tanto, sus salarios se reducen, y los empleadores de sectores de mayor especialización se quedan sin acceder a las habilidades de aquellos, que harían sus negocios más competitivos y rentables”.
Otro caso, el de los niños refugiados es particularmente doloroso, pues muchos pierden la mayor parte de sus años escolares internados en esos campos, con un acceso muy irregular a la educación, y esta, de muy baja calidad. Hasta principios de 2015, se estima que apenas la mitad de los niños sirios en esa condición estaban matriculados en una escuela, por lo que casi puede ya hablarse de una “generación perdida”.
En 2014, 220.000 personas se lanzaron a atravesar el Mediterráneo; de ellas, murieron unas 3.000. En 2015, esas cifras pueden verse superadas
Buscar apoyo en las diásporas y en el sector privado
Las sugerencias del CTM para los países desarrollados receptores de este tipo de inmigración incluyen dos palabras clave: inversión y agilidad, y ambas van dirigidas a evitar degradantes episodios como el forcejeo en la frontera entre Italia y Francia, o tragedias como las de las aguas de Lampedusa. Se trata de atajar el fenómeno “en origen”, pero también de desarrollar políticas dignificantes hacia los que ya han llegado.
Los expertos constatan retrasos en la tramitación de las solicitudes de asilo de quienes ya arribaron a los países receptores, sea para concederlas o para denegarlas, una prolongada situación de indefinición que puede constituir también una forma de efecto “llamada” a los que han quedado atrás, tal como se vio el pasado verano, con la imparable oleada de menores centroamericanos que llegó a EE.UU.. Además, señalan que cuando las peticiones son injustamente denegadas, dan pie a la tentación de saltarse los canales establecidos y ponerse en manos de mafias que “resuelven” el tema de modo más expedito.
En tal sentido, la sugerencia a los gobiernos implicados es que trabajen para crear sistemas justos de adjudicación del asilo y que dediquen mayores recursos y personal a procesar las peticiones. Puesto que no todos los demandantes son realmente perseguidos, el CTM pide que se afinen los mecanismos ya existentes de concesión de visados de estudio y de trabajo temporal en los consulados en sus países de origen.
Respecto a aquellos a los que se les concede el estatus de refugiados, los analistas aconsejan que se dediquen también mayores recursos a su integración y que se busque el apoyo de sus diásporas en los países de destino –en Canadá y EE.UU., por ejemplo, algunos grupos han corrido a cargo del reasentamiento de sus compatriotas refugiados–. También hay que buscar el respaldo de empleadores del sector privado, que pueden encontrar entre los recién llegados a los trabajadores idóneos para cubrir sectores deficitarios.
Y habría que invertir, por supuesto, en los países de la región en los que ha estallado la crisis, de modo que puedan brindar condiciones de vida decentes y sostenibles a sus poblaciones. Asimismo, las economías más fuertes deben ser más solidarias con los países de tránsito o primer asilo, para que estos no se vean obligados a trazar una línea roja y no permitir la entrada de otros refugiados (en Turquía sucedió en días pasados). Allí, en esa primera “línea de fuego” migratoria, los países industrializados también podrían acceder a tramitar las peticiones de asilo, lo que evitaría que los refugiados tuvieran que arriesgarse y continuar trayecto hasta tocar físicamente a la puerta de España en Ceuta y Melilla, la de Grecia o la de Hungría, y de paso se restarían oportunidades de lucro a los traficantes.