Obama relanza la reforma de la inmigración con pocas novedades

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La reforma de la inmigración en Estados Unidos es una asignatura pendiente desde hace años. A pesar de las críticas que en su día llovieron sobre las medidas planteadas por George Bush, no parece que Obama vaya a hacer cambios sustanciales en este tema.

Al inicio de su primer mandato, George W. Bush planteó la necesidad de emprender esta reforma, pero los atentados del 11-S hicieron que la preocupación por la seguridad se impusiera sobre la apertura a la inmigración.

Durante su segundo mandato, Bush volvió a intentar la reforma de la inmigración. En contra de lo que temían muchos de sus detractores, su propuesta fue equilibrada: por un lado, reforzó las medidas destinadas a impedir la entrada ilegal de inmigrantes; por otro, propuso un plan de trabajadores temporales que suponía -entre otras cosas- la regularización de los indocumentados que ya estaban dentro del país.

El plan de Bush chocó con las críticas de sus adversarios políticos, que se cebaron con los puntos más represivos de la reforma: reforzar la vigilancia de las fronteras con alta tecnología, agilizar los procesos de deportación de los inmigrantes ilegales sin empleo, etc. Tampoco gustó a los republicanos más recalcitrantes, para quienes el proceso de regularización que proponía Bush equivalía a una amnistía general de los sin papeles.

Para llegar a una solución intermedia, varios senadores de ambos partidos propusieron proyectos de ley alternativos. En mayo de 2007 estuvo a punto de aprobarse una iniciativa que pretendía regularizar -bajo determinados requisitos- a los indocumentados que habían llegado al país antes de enero de ese año (ver Aceprensa, 23-05-2007). Pero los republicanos de la Cámara de Representantes frustraron la posibilidad de llegar a un acuerdo migratorio integral.

Esto es lo que ahora se ha propuesto conseguir Obama, aunque reconoce que la tarea no es nada fácil. En una conferencia celebrada el pasado 29 de abril, el nuevo presidente argumentó que no podrá promover una reforma de la inmigración a no ser que los votantes perciban que está garantizada la seguridad y la vigilancia en las fronteras.

Con esta advertencia, Obama anticipa que su proyecto sobre la inmigración llevará una buena dosis de medidas restrictivas. De hecho, el Washington Post (20-05-2009) le ha reprochado que la mayoría de medidas que ha anunciado hasta ahora parecen dar continuidad a las políticas más duras de la era Bush, en lugar de traer el cambio prometido.

La Administración Obama anunció recientemente que destinará 8.000 millones de dólares a reforzar la vigilancia electrónica en la frontera con México; mantendrá la Operación Streamline, una iniciativa de “tolerancia cero” que convierte en delito federal la entrada ilegal en el país; también ampliará un programa dotado con 1.100 millones de dólares para identificar a los inmigrantes ilegales que estén presos en las cárceles locales, no sólo federales y estatales como hasta ahora.

El único cambio significativo de la reforma de Obama respecto a la política migratoria de la Administración Bush está en la limitación de las redadas en los puestos de trabajo. Según Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional y una de las figuras clave de la reforma, ahora se perseguirá y deportará sobre todo a los inmigrantes ilegales que cuentan con antecedentes penales o que están detenidos. En el último año de la era de Bush, el número de deportados subió hasta 358.000, aunque en su mayor parte no habían cometido delitos.

Para sacar adelante su reforma, Obama ha convocado una reunión con senadores y representantes de ambos partidos. La reunión está prevista para principios de junio, pero todavía no se sabe quién asistirá al encuentro.

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