El Senado alemán (Bundesrat) aprobó el pasado 9 de julio una nueva ley de inmigración que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero y ha sido fruto de un amplio consenso tras cuatro años de debates. Para lograrlo, la coalición socialdemócrata-verde ha cedido en puntos importantes -sobre todo los referidos a la «lucha contra el terrorismo»- para lograr el apoyo de la oposición democristiana.
El principal objetivo de la ley es seleccionar a los inmigrantes para conseguir el tipo de trabajadores que Alemania necesita. Al inmigrante que cuente con una oferta de empleo se le abrirán todas las puertas y se le facilitará al máximo su asentamiento en el país: permiso de residencia ilimitada y permiso de trabajo inmediato para sus familiares. Los extranjeros que estudien la carrera en Alemania podrán buscar trabajo durante un año después de terminar. Quienes inviertan al menos un millón de euros y creen al menos diez puestos de trabajo tendrán también permiso de residencia.
Los motivos para conceder asilo político se amplían, conforme a la legislación europea, reconociendo persecuciones que no son obra de un Estado, incluido el «sexismo» y las «amenazas contra la vida, la integridad física o la libertad». El permiso de residencia se concederá también en casos particulares si lo piden las comisiones existentes al respecto en los Estados federados, o si el plazo después del cual una persona determinada puede ser expulsada es de dieciocho meses.
El segundo punto importante de la nueva ley es que no se trata sin más de examinar a los «candidatos al ingreso», sino de garantizar en lo posible su integración en el país, así como la de los inmigrantes que ya viven en Alemania. Tras recibir el permiso de residencia, cada inmigrante debe asistir a 300 horas de clases de «lengua alemana e instrucción cívica y social». Los extranjeros que ya viven en Alemania deberán incorporarse progresivamente a estos cursos (a razón de 50.000-60.000 por año), pero en el aspecto punitivo la ley no es retroactiva: sólo a los nuevos inmigrantes se les reducirá la ayuda social si «faltan a clase», y ello podrá tener también efectos negativos al renovar el permiso de residencia.
Los nuevos peligros para la seguridad se reflejan también en la ley, que facilita -por «previsión de peligrosidad fundada en hechos»- las expulsiones de presuntos terroristas o para el caso de apología de la violencia, aunque sea indirecta (pertenencia o apoyo a un movimiento que aliente el terrorismo). Los extranjeros que introduzcan en el país inmigrantes ilegales y hayan sido condenados a penas de prisión serán expulsados de inmediato. La expulsión se puede recurrir sólo una vez ante el Tribunal Administrativo Federal, y si es imposible por peligro de torturas o pena de muerte en el país del interesado, éste deberá presentarse regularmente ante la policía, estará sometido a incomunicación, etc.
La apología de la violencia está descrita con particular detalle, y puede ser motivo de expulsión en caso de alteración del orden público si un extranjero «aprueba o da publicidad, en una asamblea o por la difusión de escritos, crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o actos terroristas de importancia equivalente; o bien excita al odio contra una parte de la población, invita a la violencia o a tomar medidas arbitrarias contra dicha parte de la población, o atenta contra la dignidad humana de los demás insultándolos, o actuando de forma maliciosa, despreciativa o calumniosa».
La asociación de defensa de derechos de los musulmanes Muslim§Recht, que cuenta con 4.800 miembros y 22 abogados, aseguró que con la nueva ley «podría expulsarse sin problemas a cualquier musulmán porque criticar al judaísmo o incluso al Estado de Israel» caería dentro del concepto de «alteración de la paz pública» o incluso del de «aprobación del terrorismo».
Por otra parte, Italia tendrá que reformar la ley de inmigración promulgada en 2002, ya que el Tribunal Constitucional del país sentenció el 15 de julio que dos de sus artículos son inconstitucionales. Se trata de los artículos 13 y 14, que preveían la posibilidad de expulsar a un extranjero incluso si carece de abogado en su comparecencia ante el juez, y la detención obligatoria de los extranjeros que no cumplieran la orden de abandonar Italia en el plazo de cinco días. Según la sentencia, esas disposiciones van contra los artículos 3 y 13 de la Constitución, que reconocen la igualdad de las personas ante la ley y establecen los límites que deben respetar las acciones administrativas.