La conferencia diplomática para elaborar un tratado que prohíba las bombas de racimo (Dublín, 18-30 de mayo), a semejanza del firmado en 1997 contra las minas terrestres, ha aprobado un texto que será llevado el próximo diciembre a Oslo para la reunión definitiva, en que se firmará. Luego habrá que esperar a que haya obtenido 30 ratificaciones, y seis meses después entrará en vigor. El borrador acordado en la capital irlandesa cuenta con el apoyo de 110 países, pero faltan los más importantes.
Las bombas de racimo lanzadas desde aviones, o los proyectiles de artillería del mismo tipo, contienen submuniciones explosivas más pequeñas que tras el impacto se diseminan, y así su efecto destructivo cubre una área más amplia. Pero algunas fallan y quedan en el terreno sin explotar, a modo de minas, que una vez terminadas las hostilidades, suponen un peligro para la población. Centenares de muertes de civiles se atribuyen a restos de tales bombas empleadas por Estados Unidos y Gran Bretaña en la invasión de Irak, y por Israel en el sur del Líbano hace dos años.
Los Estados signatarios se comprometen a no fabricar, usar, vender ni comprar bombas de racimo, y a destruir las que tienen. Se exceptúan las que tengan menos de diez submuniciones y estén dotadas con un sistema de desactivación automática para el caso de que no exploten, de las que existe un modelo producido en Alemania. Ya antes de que se decidiera el texto, varios países -Francia y España entre ellos- anunciaron que eliminarían las municiones de racimo de sus arsenales.
Una novedad del proyecto es que impone expresamente la obligación de atender a las víctimas. Esto también se menciona en el tratado contra las minas terrestres, pero con una redacción imprecisa que no tiene fuerza vinculante.
De todas formas, el tratado para prohibir esta clase de munición parece abocado al mismo destino que el precedente contra las minas terrestres, firmado por más de 150 Estados, entre los que no está casi ninguna de las grandes potencias militares del mundo. De los 37 países que no se han adherido al tratado contra las minas, 33 tampoco suscribieron la Declaración de Wellington, el documento que ha servido de base para las conversaciones de Dublín. Los principales ausentes de ambas iniciativas son Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Israel, Irán y Egipto; todos estos producen bombas de racimo.
El 28 de mayo, Gran Bretaña, que se había opuesto al tratado, decidió finalmente sumarse. Este cambio de postura añade una adhesión muy importante, que tal vez sirva para presionar a Estados Unidos y algunos otros países contrarios. Pero si no ocurre así, en términos cuantitativos el apoyo británico será poco relevante. Solo Estados Unidos, China y Rusia almacenan, según se cree, al menos mil millones de bombas de racimo, muchas más que los arsenales que destruirán los signatarios.
Pero lo anterior no significa que el tratado vaya a ser inútil. Pese a esas mismas limitaciones, la prohibición de las mimas terrestres ha contribuido a que se reduzca la fabricación y el uso de tales armas también entre los países no adheridos, señala Jody Williams, premio Nobel de la Paz en 1997 por dirigir la campaña a favor de aquel tratado, e impulsora también de este (cfr. declaraciones a El País, 30-05-2008). Así, dice, Estados Unidos no las ha vuelto a emplear desde 1991 y dejó de producirlas en 1995. China ya no fabrica minas para exportar.
En total, según la Cluster Munition Coalition, la organización que promueve el tratado, 28 países producen bombas racimo, 75 las tienen en sus arsenales y 14 las han usado. Los países donde se han empleado son al menos 25, la mayor parte africanos (9) o de Oriente Próximo (6).
Enlaces: Cluster Munition Coalition | Cluster Munition: Dublin Diplomatic Conference | International Campaign to Ban Landmines.