En 2014, y por primera vez desde su entrada a la UE en 1986, España dejó de recibir más de lo que aportó al presupuesto comunitario europeo, lo que se traduce en un saldo negativo de 1.616 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda, citados por El País.
En concepto de ingresos, los provenientes de la Política Agraria Común, de los Fondos de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, sumaron 10.540 millones de euros, cifra que se ve sobrepasada por la erogación de 12.156 millones hacia las arcas comunitarias en concepto de IVA, aportación por renta nacional y recursos propios tradicionales (aduanas y otros).
Puede parecer paradójico que en estos tiempos de vacas flacas España pase a ser contribuyente neto. En realidad, lo que ha aportado en 2014 es solo 4 millones más de lo que aportó en 2007, antes del comienzo de la crisis. El cambio se debe a que recibe bastantes menos fondos comunitarios.
Con el cambio de la balanza y el saldo negativo entre lo aportado y lo recibido, España pasa a ser un contribuyente neto del presupuesto. En 2013, en el club de los que aportan se situaban Alemania (con 13.825 millones), Reino Unido (8.642 millones), Francia (8.846 millones) e Italia (3.790 millones), mientras que España se mantenía todavía entre los beneficiarios, con saldo positivo de 3.058 millones de euros, por detrás de Portugal (4.417 millones), Grecia (5.341 millones) y Polonia (12.237 millones).
Durante los primeros 20 años transcurridos desde la adhesión a la UE, España obtuvo ayudas a la convergencia por más de 84.000 millones, a los que se añadieron, entre 2007 y 2013, otros 10.200 millones. Ahora es Polonia el país que recibe el mayor maná comunitario para converger con sus vecinos ricos.
En el presupuesto correspondiente al período 2014-2020, España es todavía uno de los países más beneficiados, pues podrá contar con 28.000 millones de euros en ayudas europeas para unos 45 programas de desarrollo.
Según el mecanismo establecido por la UE para dispensar las ayudas, estas son abonadas por Bruselas una vez que las administraciones del país beneficiario comienzan a aplicar los programas de cohesión y desarrollo y desembolsan el 20 por ciento del coste total. Las administraciones españolas, apunta El País, consiguieron ejecutar el 72,8 por ciento de los fondos destinados a este tipo de programas (se les destinaron 34.650 millones para el período 2007 y 2013), con lo cual les quedan por gastar unos 9.000 millones de euros, que podrían perderse sin no se emplean antes de finalizar 2015.