En Gran Bretaña los servicios públicos privatizados no han quedado por completo a la deriva del mercado. El Parlamento ha asegurado que los servicios que ahora ofrecen las compañías privadas (agua, electricidad, ferrocarril, etc.) estén vigilados por un «regulador» y una oficina especializada. Éstos se encargan de velar por la calidad del servicio, el respeto de las reglas de la competencia y de transmitir instrucciones de los ministerios respectivos.
A la persona que ejerce de «regulador» y a su oficina también corresponde amonestar o amenazar con sanciones a las compañías que no cumplen sus contratos. Pueden incluso llegar a anular una concesión, aunque es difícil que lleguen a tanto. Por su parte, las empresas privadas pueden recurrir las decisiones de los «reguladores» ante la Comisión de monopolios y fusiones y ante la Oficina de la Competencia.
El anterior gobierno conservador dejó diseñado el conjunto de las privatizaciones de servicios públicos, que Blair no ha revocado. Ahora bien, ya desde su campaña electoral, el actual primer ministro sostenía que los beneficios no pueden quedar reservados a los accionistas involucrados. Y de ahí que, durante la redacción del nuevo presupuesto, el gabinete laborista estableciese un impuesto extraordinario sobre los beneficios realizados por esos accionistas con motivo de la privatización (windfall tax). Con la recaudación -unos 5.200 millones de libras en total-, el gobierno prevé, entre otras cosas, financiar planes de empleo para parados de larga duración.
Para el consumidor, el beneficio más directo de las privatizaciones será el descenso de las tarifas de servicios como el gas, la electricidad, el ferrocarril o las telecomunicaciones. Sin embargo, no siempre ocurre así. El precio del agua ha aumentado. Y, en cuanto a la electricidad, en los últimos tres años han bajado ligeramente los precios, pero todavía sin compensar la subida que hubo en 1992 al reorganizarse el sector. El precio del gas sí ha descendido en 1997. Y a finales de agosto, el «regulador» del sector de la electricidad anunció, tras larga negociación, que se rebajarían las tarifas eléctricas entre el 7,5% y el 10% en los dos próximos años.