Montevideo.— Uruguay se enfrenta a una poderosa penetración del narcotráfico. Hay varios factores que pueden propiciar este fenómeno, como la ubicación, mayor consumo interno y violencia. Uruguay tiene puertos importantes, como el de Montevideo, que es una de las principales salidas para la cocaína que viene desde Bolivia y Paraguay hacia Europa. Si los carteles comienzan a establecer estructuras más fijas en el país, podrían aprovechar mejor esta plataforma.
En los últimos años ha habido un aumento en la violencia vinculada al narcotráfico, especialmente en la capital del país y en la del vecino departamento de Canelones. Las disputas entre bandas locales por el control del comercio al por menor podrían ser una señal de que organizaciones más grandes están delegando operaciones a grupos uruguayos.
También se ha constatado una creciente presencia de emisarios de carteles internacionales y de personas ligadas a organizaciones mexicanas y brasileñas (como el PCC y el Comando Vermelho) operando en la región, lo que sugiere que están explorando la posibilidad de expandir su influencia en Uruguay.
Si bien esta nación tiene una institucionalidad fuerte en comparación con otros países de la región, la corrupción en sectores clave (puertos, aduanas, fuerzas de seguridad) podría facilitar la penetración del crimen organizado.
En Ecuador –donde tampoco se había establecido el narcotráfico internacional–, el problema explotó cuando los carteles usaron al país como un centro de operaciones en lugar de solo una ruta de tráfico. La combinación de pobreza, corrupción y debilidad de las fuerzas de seguridad permitió que grupos como el Cartel de Sinaloa y el CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generación) se instalaran con fuerza.
Uruguay ya no es sólo un país de tránsito, sino una plataforma de exportación para el narcotráfico global
En Uruguay, aún hay tiempo para evitar un escenario similar, pero si la violencia sigue en aumento y los carteles logran infiltrarse más en las estructuras locales, la situación puede volverse más difícil de controlar.
Punto de inflexión
Un caso emblemático de la facilidad con que el crimen organizado traspasa fronteras lo representó el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, en una playa de Colombia. Detrás del crimen estaba el Primer Comando Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, que había encontrado en Paraguay una base operativa para sus negocios ilícitos. La investigación reveló que Pecci fue ejecutado por orden de narcotraficantes que operaban en la región, con ramificaciones que llegaban hasta Uruguay.
En 2019, se incautaron 4,4 toneladas de cocaína en el puerto de Montevideo, la mayor cifra de la historia del país. Este hallazgo marcó un punto de inflexión: Uruguay ya no era sólo un país de tránsito menor, sino una plataforma de exportación para el narcotráfico global.
El mercado local también ha cambiado. La pasta base, que en los años 2000 se consolidó como la droga de los sectores más vulnerables, sigue siendo un problema de salud pública. Sin embargo, la cocaína y la marihuana de alta calidad han ganado terreno, especialmente en sectores de mayor poder adquisitivo (desde hace más de diez años, la venta de marihuana –administrada por el Estado– es legal). Esto ha derivado en una diversificación de los grupos delictivos y una mayor competencia entre ellos, lo que a su vez ha incrementado la violencia.
De ajustes de cuentas a sicariato
En los últimos cinco años, Uruguay ha sido testigo de un aumento significativo de homicidios vinculados al narcotráfico. Según datos del Ministerio del Interior, el 58% de los homicidios registrados en 2023 estuvieron relacionados con el crimen organizado. El fenómeno del sicariato, antes impensado en Uruguay, ha comenzado a instalarse.
El asesinato de un hombre en un shopping de Montevideo en diciembre de 2023 significó un caso que conmocionó al país. La víctima, con vínculos con el narcotráfico, fue abatida en un ataque planificado al estilo de los carteles mexicanos. La sofisticación de estos crímenes evidencia la profesionalización del crimen organizado en el país.
“La guerra contra el narcotráfico está perdida. Lo que tenemos que hacer es gestionar el problema de la mejor manera posible y evitar que la violencia siga escalando” (Carlos Negro, ministro del Interior de Uruguay)
En septiembre de 2024, las autoridades detuvieron en Artigas a tres presuntos miembros de Los Manos, una poderosa banda brasileña que busca expandirse en el norte de Uruguay. El mismo día, seis personas murieron en un incendio en una prisión uruguaya, similar a un ataque registrado en diciembre de 2023. Días antes, se incautó cocaína por millones de dólares, confirmando la creciente relevancia de Uruguay en el tráfico internacional.
El desafío del Estado
El gobierno ha tomado medidas para frenar la escalada del narcotráfico. La creación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, el incremento de operativos en barrios periféricos y la cooperación con agencias internacionales han dado algunos resultados, pero el desafío sigue creciendo.
El nuevo ministro del Interior, Carlos Negro, en declaraciones recientes, expresó un diagnóstico sombrío sobre la situación. “La guerra contra el narcotráfico está perdida. Lo que tenemos que hacer es gestionar el problema de la mejor manera posible y evitar que la violencia siga escalando”, afirmó. Sus palabras generaron un fuerte debate político y social en el país. Para algunos, reflejan una visión realista de la situación; para otros, implican una claudicación del Estado ante el crimen organizado.
El senador Jorge Gandini, del opositor Partido Nacional, criticó duramente la postura del ministro: “Si el Estado asume que la batalla está perdida, le estamos entregando el país a los narcos”. En la vereda opuesta, expertos en seguridad sostienen que la lucha contra el narcotráfico no se trata de una guerra que se pueda ganar en términos absolutos, sino de una contención eficiente que reduzca el impacto del crimen organizado en la sociedad.
¿Está Uruguay a tiempo?
El país todavía tiene margen de maniobra, pero las decisiones de los próximos años serán cruciales. La inversión en inteligencia policial, el refuerzo de controles en puertos y aeropuertos, y mejores políticas de rehabilitación para consumidores serán clave para reducir la demanda interna de drogas.
Las cárceles uruguayas están superpobladas y en deterioro, un entorno propicio para que el crimen organizado crezca. En 2024, el sistema penitenciario alcanzó el 121% de su capacidad. Desde 2019, el gasto por preso ha disminuido, y el 43% de los internos enfrenta “tratos crueles, inhumanos o degradantes”. La falta de recursos en el sistema carcelario ha sido señalada como un factor clave en la propagación del crimen organizado.
El caso de Ecuador es una advertencia. En 2015, tenía una tasa de homicidios menor a la de Uruguay (6 por cada 100.000 habitantes). En 2023, escaló a 45, la más alta de Sudamérica. La corrupción y el control del crimen organizado sobre las cárceles detonaron la violencia. Expertos advierten que, si Uruguay no toma medidas firmes, podría seguir un camino similar.
Un informe de 2024 de Senaclaft (Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) destaca el fortalecimiento de organizaciones brasileñas y argentinas que usan la hidrovía Paraguay-Paraná para traficar droga hacia Europa. Uruguay enfrenta un desafío crítico: actuar ahora o convertirse en el próximo epicentro del crimen organizado en Sudamérica. El país aún tiene tiempo para evitar el peor escenario, pero la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente.