Conflictos entre conciencia y ley

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Dos sentencias de signo opuesto, emitidas el 31 de agosto, han vuelto a abrir el debate sobre la validez y el alcance de la objeción de conciencia. Por un lado, el veredicto a favor de la organización provida March for Life señalaba que las convicciones morales valen tanto como las religiosas a la hora de objetar a la ley; por otro, el Tribunal Supremo desestimó la objeción por creencias religiosas presentada por la secretaria de un condado de Kentucky para dar licencias matrimoniales a parejas del miso sexo, y la negativa a acatar la sentencia del Supremo le ha llevado a la cárcel tres días después.

El recurso a la conciencia moral, al margen de la religión

La desobediencia abierta de la ley puede no ser el mejor camino para salvaguardar la propia conciencia, cuando existen otras alternativas

El caso de March for Life supone un hito en el ámbito de la objeción de conciencia. La oposición del grupo a proporcionar a sus empleadas un seguro médico gratuito que incluyera la contracepción respondía a convicciones morales, no religiosas. “La organización defiende que la vida comienza en la concepción y se opone a que su plan de seguros médicos cubra métodos anticonceptivos equiparables al aborto”, señala Associated Press.

El llamado “mandato anticonceptivo” fue aprobado en enero de 2012, como parte de la reforma sanitaria promovida por Obama dos años antes, más conocida como “Obamacare”. El mandato obliga a los empresarios estadounidenses a financiar a sus empleadas métodos anticonceptivos, así como la píldora del día después o la esterilización.

En febrero de 2012, el Gobierno estadounidense trató de suavizar esta medida, admitiendo excepciones en el caso de iglesias, hospitales religiosos, colegios e instituciones de caridad, a fin de garantizar la protección de las creencias religiosas exigida por la Primera Enmienda de la Constitución (cfr. Aceprensa, 11-02-2013). El abanico de excepciones fue ampliado en junio de 2014, incluyendo a empresas familiares que también denunciaban la imposibilidad de ejercer su religión libremente (cfr. Aceprensa, 3-07-2014).

No obstante, este no es el caso de March for Life. Tal y como recoge la sentencia del pasado 31 de agosto, se trata de “una organización provida no-religiosa” y, por consiguiente, no entraría dentro de las excepciones citadas. El grupo provida había demandado al Ministerio de Sanidad de Estados Unidos por recibir un trato desigual, a lo que el Ministerio respondió que el grupo no puede acogerse a la protección, dado que “no es religioso y no es una iglesia” (The New York Times).

El pasado lunes, el juez Richard J. Leon –perteneciente al tribunal del Distrito de Columbia– contradijo la postura del Ministerio, argumentando que el Ministerio se equivoca al limitar este trato a las instituciones religiosas. A tenor del juez, las convicciones morales deben recibir el mismo trato que las creencias religiosas.

La sentencia del tribunal de Columbia a favor de March for Life supone una importante novedad en los litigios contra el “mandato anticonceptivo”. Por primera vez, un veredicto defiende que la razón para objetar a la contracepción puede ser de índole moral y no necesariamente religiosa.

Davis frente al Tribunal Supremo: ¿objeción u obstinación?

La segunda sentencia relativa a la objeción de conciencia fue emitida por el Tribunal Supremo contra Kim Davis, secretaria del condado de Rowan, Kentucky, perteneciente a la Iglesia Apostólica “Solid Rock”. Tras la legalización del matrimonio homosexual por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio, Davis decidió no expedir más licencias matrimoniales. Cuando el Gobernador de Kentucky, Steven L. Beshear, ordenó que los secretarios de condado proporcionaran licencias matrimoniales a todas las parejas elegibles que lo solicitaran, Davies recurrió al Tribunal Supremo, alegando que la firma de licencias para parejas homosexuales sería incoherente con su fe.

El lunes 31 de agosto el Tribunal Supremo rechazó la objeción de la secretaria de Kentucky. “No es defendible que el titular de la secretaría del condado de Rowan, al margen de quién ocupe personalmente esa oficina, pueda negarse a actuar en conformidad con la Constitución de los Estados Unidos”, sostiene el jurado.

Sin embargo, Davis decidió no acatar la sentencia del Supremo. El 3 de septiembre, Davis ha sido arrestada y encarcelada por desacato a la autoridad. El juez federal David L. Bunning ha declarado que Davis será puesta en libertad una vez acepte obedecer la sentencia y tramitar las licencias.

La sentencia a favor de “March for Life” respalda que la objeción de conciencia puede proceder de convicciones morales, no necesariamente religiosas

Los defensores de Kim Davis sostienen que la postura del Supremo parece oponerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege el derecho de los creyentes a actuar conforme a sus convicciones en todos los aspectos de su vida, incluyendo la profesión. También chocaría con la Religious Freedom Restoration Act (RFRA), una ley federal de libertad religiosa aprobada en 1993 según la cual “el gobierno no podrá imponer una carga excesiva al ejercicio de la religión de una persona, incluso cuando esta carga provenga de una norma aplicable de modo general” (cfr. Aceprensa, 6-04-2015)

“Antes de comenzar a ejercer como secretaria de condado en enero de 2015, Davis hizo un juramento para apoyar las constituciones y leyes de los Estados Unidos y del Estado de Kentucky. Lo juró ante Dios”, sostienen los abogados de Kim Davis. “Davis entendió (y entiende) que este juramento significa que, al sostener las leyes y constituciones estatales y federales, ella no actuaría en contra de la ley moral de Dios, la ley natural, o contra sus creencias religiosas”.

Cuando una norma general supone para algún ciudadano una “carga excesiva” para practicar su fe, la RFRA obliga a buscar una alternativa razonable. Entre las alternativas, Davis ofrecía a las parejas que solicitaban la licencia matrimonial la posibilidad de acudir a otras diez secretarías distantes a una hora en coche. Sin embargo, la secretaria de Rowan no contemplaba como alternativa razonable que la licencia fuera expedida por otro funcionario de la secretaría, y no por ella personalmente. Por el contrario, Davis había prohibido a todo el personal de su oficina la firma de licencias matrimoniales.

La determinación de Kim Davis para ir a la cárcel por sus convicciones, la ha convertido en una figura con importante eco mediático. No obstante, cabe preguntarse si, existiendo otros caminos para salvaguardar la propia conciencia es razonable desobedecer la ley abiertamente. “Sería desafortunado que el debate público y la política en torno a este tema crucial quedaran sesgados por un caso que no es, desde muchos puntos de vista, un buen precedente”, defiende Carolyn Moynihan en MercatorNet (4-09-2015).

Tal y como sostiene el jurista Rafael Navarro-Valls, “esta proliferación de conflictos entre conciencia y ley descubre una interesante vertiente ideológica –con fases dolorosas– por las que suele transitar la elaboración de un derecho humano. Pasó con las libertades de expresión y religiosa, con el derecho de no discriminación por cuestiones raciales y, ahora, está ocurriendo con el de objeción de conciencia. Frente a él caben dos posiciones: entenderlo como una especie de “delirio religioso”, una recusable excepción a la norma legal, que conviene restringir o, al contrario, entenderlo como una derivación del derecho fundamental de libertad de conciencia, un verdadero derecho humano”. (El Mundo, 03-09-2015). Lo que propone el jurista es una acomodación razonable, que respete los derechos de la conciencia del profesional y los intereses del Estado.

En efecto, cada vez es más frecuente encontrar profesionales que se acogen a la objeción de conciencia en nuestros días. Sería bueno que la reaparición del debate en torno a este derecho no se atribuyera a posturas extremas y en ocasiones poco razonables, como a la confianza de los ciudadanos en la madurez democrática de su país.

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