Un reportaje publicado en la revista The New Yorker relata cómo el sueño de Atlantic City (estado de Nueva Jersey) de convertirse en la versión “costa este” de Las Vegas se ha convertido en una pesadilla en los últimos años. Lo recaudado en impuestos al juego, que alcanzó su máximo en 2006, ha descendido un 44% desde entonces. En 2010, Chris Christie, gobernador del estado, anunció un plan para reflotar la industria del entretenimiento, tan necesaria para sostener la economía regional, pero en los últimos cuatro años se han perdido más de 8.000 puestos de trabajo en este sector.
Dos causas explican, fundamentalmente, este deterioro: la creciente competencia y la crisis económica. Y ambas pueden retroalimentarse de forma perniciosa. Desde 1988, el número de estados con casinos ha pasado de dos a 39. Nueva Jersey gozó de un monopolio de hecho en la zona noreste del país hasta que en 2007 varios complejos empezaron a operar en Pennsylvania, atrayendo una gran cantidad de dinero que antes se gastaba en Atlantic City. A su vez, el establecimiento de los primeros casinos en el estado vecino de Maryland en 2013 supuso un punto de inflexión para el hasta entonces creciente beneficio en Pennsylvania.
Como en otros países, la crisis ha enflaquecido los ingresos públicos en las administraciones norteamericanas. Los estados han buscado en el juego un salvavidas que no implique subir los impuestos. Sin embargo, las políticas proteccionistas para fomentar la inversión en casinos, o para evitar una bancarrota de otros “demasiado grandes para caer”, se han convertido frecuentemente en losas para las economías estatales.
En Delaware, donde los impuestos al juego suponen un 8% de todos los ingresos públicos, el gobierno ha llegado a un acuerdo con sus tres grandes –y antiguos– casinos para evitar su definitiva caída en desgracia: 33 millones de ayuda de 2014 a 2016 a cambio de no despedir a los empleados. En Rhode Island, una compañía aceptó explotar un complejo que se había declarado en bancarrota en 2009 solo si la administración les garantizaba unos subsidios anuales de 3,7 millones.
No escarmentar en cabeza ajena (ni propia)
Sin embargo, a pesar de todas las malas experiencias, hay quien sigue apostando por el modelo de Las Vegas o Atlantic City. El estado de Massachussets concedió en 2011 sus primeras licencias con la condición de que los casinos fueran del tipo “resort”, es decir, hoteles-casino; así se crearían más puestos de trabajo. Uno de ellos piensa construirse en una localidad llamada Springfield, pero hay quien se pregunta si conseguirá atraer al suficiente público para hacer rentable la inversión o acabará convirtiéndose en otro lastre para las cuentas públicas.
Una de las empresas que se presentó al concurso de licencias en Massachussets fue la Mohegan Tribal Gaming Authority, que representa los intereses de esta tribu amerindia en el negocio del juego. Los Mohegans, que ya son dueños de uno de los mayores casinos de Estados Unidos, actualmente acumulan una deuda de 1.600 millones de dólares, pero aun así se ofrecieron para hacerse cargo del megaproyecto, aunque finalmente no se lo adjudicaron, según explica Hartford Business.com.
En la “declaración de valores” que la tribu firmó en 1997, unos años después de su reconocimiento oficial por parte del gobierno estadounidense, los ancianos y sabios firmantes señalaban: “sobrevivimos como pueblo guiados por la sabiduría de nuestro pasado”. Pero cuando se trata del juego, ¿quién mira al pasado?