En Sudáfrica acaban de entrar en vigor cuatro nuevas leyes dirigidas a favorecer la igualdad. Según el gobierno, se trata de la última etapa del arsenal legislativo contra los efectos del apartheid. Al mismo tiempo, nuevos datos sobre la emigración confirman una creciente «fuga de cerebros», que puede comprometer el desarrollo del país.
La primera ley es una extensión de la «discriminación positiva»: las empresas dirigidas por negros tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos públicos. Según los promotores de la ley -el Congreso Nacional Africano y el partido comunista-, se trata de dar más posibilidades a las pequeñas y medianas empresas «antes discriminadas».
El objetivo de la segunda ley es prevenir la discriminación. La Constitución enumera 17 motivos por los que uno no puede ser discriminado. Ahora, los infractores podrán ser llevados a los tribunales.
La tercera ley impone a las empresas una mayor transparencia en sus decisiones. Y la cuarta da a cada ciudadano la posibilidad de pedir explicaciones por una decisión que le concierna.
La oposición ha criticado vivamente estas medidas, que considera un freno para el desarrollo económico por su coste desmesurado y la inseguridad para las empresas. Nadie niega que el país sigue profundamente dividido racialmente y que está lejos de conseguirse la reconciliación entre blancos y negros. Los blancos se quejan de la «discriminación positiva» que, a cualificación igual, da prioridad en el empleo a un negro. A su vez, los negros denuncian la lentitud con que mejora su situación.
El descontento de la clase social mejor cualificada se manifiesta en la creciente «fuga de cerebros». El fenómeno tiene una amplitud mayor de lo que se creía, a juzgar por un estudio que acaban de publicar tres investigadores de la Universidad de Ciudad del Cabo del que se hace eco Le Monde (8 febrero 2000). Desde que se instauró la nueva república interracial en 1994 hasta 1997, han abandonado el país 233.600 sudafricanos, según datos obtenidos en los países de destino. De ellos, 24.196 tenían un alto nivel de cualificación (ingenieros, médicos y profesores, especialmente).
Unos dicen que esta emigración afecta sobre todo a la minoría blanca, que huye de la política de discriminación positiva a favor de los negros. Otros piensan que lo decisivo no es tanto la raza como la cualificación: aunque los blancos sean más numerosos entre los emigrantes, entre estos hay también no pocos indios, mestizos y negros, de cualificación superior. Lo que les incita a emigrar, según otra tesis, es la inseguridad: desde principios de los años 90 ha habido un fuerte aumento de la delincuencia, sobre todo en los medios urbanos. Sea por un motivo o por otro, la hemorragia de trabajadores cualificados preocupa a los responsables políticos.