Nairobi. El fiscal general de Kenia dio a conocer ayer el proyecto de nueva Constitución, aprobado por el Parlamento el pasado abril (cfr. Aceprensa, 6-04-2010). La versión definitiva del texto, que se someterá a referéndum nacional dentro de unas semanas, ha generado polémica en torno a tres cuestiones.
La primera es el aborto. En teoría, la nueva Constitución garantiza expresamente el derecho a la vida desde la concepción (cfr. art. 26.1). Pero en otro párrafo del mismo artículo emplea un lenguaje tan ambiguo que, en la práctica, consagra el aborto a petición (cfr. art. 26.4).
La segunda es la disposición que amplía las competencias de los cadís, los jueces islámicos con jurisdicción sobre la población musulmana en materia de divorcio, herencia y otros asuntos civiles.
Los líderes de las Iglesias cristianas preguntan al gobierno por qué los musulmanes cuentan con tribunales propios, mientras que el resto de la población -de mayoría cristiana- debe ir a la justicia civil. Según los cristianos, el hecho de que la Constitución trate mejor a los musulmanes es un síntoma de que el país todavía no está unido.
Y esta es precisamente la tercera cuestión en disputa: la unidad. Casi todos los políticos coinciden en que, si bien la Constitución no es perfecta, lo importante es que sirva de cohesión a los kenianos. El acuerdo sobre la norma constitucional -dicen- permitiría afrontar mejor las divisiones en torno a los temas polémicos; cosa que no ven con tanta claridad los líderes de las Iglesia cristianas.
Pero esto no significa que todos los cristianos del país vayan a una. Hay serias discrepancias entre los representantes de las distintas confesiones.
Los obispos católicos mantienen un “no” muy firme a la Constitución fundamentalmente por la cuestión del aborto. En cambio, los líderes anglicanos no saben a qué atenerse. Mientras algunos miran con recelo la versión definitiva, otros la apoyan abiertamente.
Así ocurrió el pasado domingo, en la catedral de Todos los Santos, de Nairobi. Cuando David Gitari -anterior representante de los anglicanos en Kenia- pidió el voto a favor de la Constitución, los fieles respondieron con un clamoroso aplauso.
Los presbiterianos tampoco tienen una postura definida. Su antiguo líder, Timothy Njoya, no ha hecho más que añadir leña al fuego. Convertido ahora en un activista pro derechos civiles, afirma: “Espero que la Iglesia [católica] fracase en su objetivo y los kenianos tengan la Constitución que tanto se merecen” (Daily News, 4-05-2010).
¿Conspiraciones pagadas?
Junto a otros activistas, Njoya dice que las Iglesias cristianas deberían atreverse a decir a los kenianos qué organizaciones occidentales les están financiando con el único objetivo de dividir a cristianos y musulmanes.
La teoría de la conspiración de Njoya parece apoyarse en una información publicada el pasado fin de semana por un diario keniano. Según decía, el American Center for Law and Justice (ACLJ) financió a los grupos partidarios del “no” a la Constitución durante el debate en torno a la versión definitiva del proyecto.
El ACLJ es una organización fundada por el telepredicador evangelista Pat Robertson, cuya Christian Broadcast Network tiene muchos seguidores en Kenia. El embajador de Estados Unidos en Kenia, Michael Rannenberger, se apresuró a negar cualquier conexión entre el ACLJ y la embajada estadounidense. Es conocido que esta embajada apoya el “sí” a la Constitución.
Pero entonces, ¿cuáles son esas “organizaciones occidentales” que están financiando la campaña a favor del “no”? De momento, la “derecha religiosa” aparece como la principal sospechosa. Ya se empleó esta táctica cuando el diputado David Bahati introdujo en el Parlamento de Uganda el proyecto de ley contra las prácticas homosexuales (cfr. Aceprensa, 17-12-2009).
Tanto los medios nacionales como los extranjeros dijeron que la pudiente organización neo-conservadora The Family, formada por evangélicos estadounidenses, había financiado a los grupos pentecostales de Uganda, los que apoyaron con más entusiasmo la ley propuesta.
Al margen de las elucubraciones, lo más preocupante de toda esta polémica es que muchos kenianos irán al referéndum sin saber muy bien qué es lo que votan. Por eso ahora, una vez publicada la Constitución, habrá que educar a los votantes dejando a un lado las presiones políticas.