La semana pasada, el presidente norteamericano anunció nuevas sanciones contra el gobierno sudanés por el “genocidio” -así dijo George Bush- de la población no arabizada en Darfur. Además, Estados Unidos promoverá la aprobación de más medidas contra Jartum en el Consejo de Seguridad de la ONU. La propuesta se estrellará probablemente contra el veto de Rusia y sobre todo de China, que entre su oleada de inversiones en África cuenta la participación en los pozos petrolíferos de Sudán.
En Darfur se enfrentan las tribus autóctonas y los grupos arabizados que quieren imponer su supremacía y reciben apoyo del gobierno sudanés desde la década pasada. El conflicto se recrudeció en 2003, cuando el primer bando unificó sus fuerzas y creó el Frente de Redención Nacional, que comenzó a atacar instalaciones y fuerzas estatales. El gobierno sudanés respondió al levantamiento financiando y armando la milicia llamada de los yanyauid, que emprendió una campaña para aterrorizar a los civiles. Según cálculos de la ONU, las víctimas suman más de 200.000 muertos y dos millones largos de desplazados y refugiados. Aunque también las milicias no arabizadas han cometido desmanes, la mayor parte de las atrocidades se atribuye a los yanyauid.
La reacción internacional llegó tarde, y el gobierno sudanés pudo eludirla durante largo tiempo. Luego la presión exterior comenzó a hacer algún efecto, y hace trece meses Jartum firmó el alto el fuego con el principal grupo rebelde, el Ejército Sudanés de Liberación, que se separó del Frente de Redención Nacional (otras facciones siguen en armas). El gobierno, además, acabó admitiendo la intervención de un contingente militar de la Unión Africana para asegurar la paz y proteger a la población. Sin embargo, la ONU advierte que desde entonces han aumentado la violencia y el éxodo de civiles, con 110.000 desplazados más solo en lo que va de 2007.
La baza del petróleo
Por eso, la ONU quiere que el contingente internacional desplegado en Darfur se eleve de 7.000 a 20.000 soldados, y que incluya “cascos azules” junto a las fuerzas de la Unión Africana. Jartum, que nunca ha admitido la intervención militar de la ONU, se niega, dice que las tropas enviadas son suficientes y asegura que la situación es mucho mejor.
Con las nuevas sanciones, Estados Unidos pretende someter a Sudán a una presión difícil de resistir. En concreto, Washington ha prohibido toda clase de negocios con 31 empresas controladas por el gobierno sudanés o alguno de sus miembros, o implicadas en la venta de armas en Darfur. Varios dirigentes políticos sudaneses no podrán hacer operación financiera alguna en Estados Unidos.
Entre las compañías incluidas en la lista negra se encuentra la petrolera nacional de Sudán, Greater Nile Petroleum Operating Co. La extracción de petróleo desde 1998 ha proporcionado abundantes ingresos al gobierno sudanés. Las empresas norteamericanas y europeas que al principio realizaron las prospecciones y la explotación de los yacimientos han sido sustituidas por las petroleras estatales de China, India y Malasia, que junto con el gobierno sudanés comparten la propiedad de la Greater Nile. De ellas, la China National Petroleum Corp. (CNPC) se encarga de dirigir la actividad.
Primer socio comercial
China se ha convertido en el primer socio comercial de Sudán, al que compra dos tercios de la producción de petróleo. Hasta ahora se ha opuesto al endurecimiento de las sanciones y no es probable que apoye la resolución que propondrá Estados Unidos: embargo total de armas, prohibir a los aviones del gobierno que sobrevuelen Darfur y establecer un sistema de inspección para asegurar el cumplimiento del castigo. Pekín considera que la situación en la región ha mejorado y no justifica más sanciones, y se ha sumado a la idea francesa de establecer un “corredor humanitario” para asistir a la población de Darfur desde Chad.
Por su parte, el gobierno de Sudán se presenta como un mediador entre las facciones contendientes en Darfur y replica que las estimaciones de víctimas hechas por la ONU son muy exageradas. Desde 2003, dice, no ha habido más de 9.000 muertos, y ahora solo hay enfrentamientos esporádicos provocados por “la irrupción de un movimiento que no firmó los acuerdos de paz”, según Al Samani al Wasilah, secretario de Estado de Exteriores sudanés, en declaraciones a El País (30-05-2007). Mientras actúe ese grupo, añade Al Wasilah, el gobierno sudanés no puede desarmar a los yanyauid: para eso haría falta que los otros entregaran las armas.
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