El 24 de marzo se cumplieron veinticinco años del asesinato de Mons. Óscar Arnulfo Romero (1917-1980), arzobispo de San Salvador (El Salvador), una de las figuras más emblemáticas de la Iglesia católica americana en el siglo XX. Mientras su proceso de canonización sigue sus pasos en Roma, todavía hoy su figura es utilizada para enarbolar banderas cercanas a una teología de la liberación vetusta.
Ese lunes de 1980, a las seis y media de la tarde, Mons. Romero caía desplomado mientras celebraba su última Misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, al recibir el disparo de un rifle. El asesinato confirmó que se había convertido en un hombre incómodo en medio del conflicto violento entre las guerrillas y el ejército que desgarraba el país, reflejo también de las fuertes tensiones de la Guerra Fría. Mons. Romero se encontró con una situación muy difícil, donde su figura era el centro de una polarización extrema, también dentro de la Iglesia.
Desde principios de 1971 diversos grupos guerrilleros, en gran parte de signo marxista, habían lanzado su ofensiva. La guerra hundía sus raíces en una crisis global: las tradicionales estructuras de tenencia de la tierra, las grandes desigualdades sociales, la frustración política originada por los fraudes electorales, la represión y la incapacidad de los gobiernos para abordar reformas de fondo, favorecieron el descontento social y el crecimiento de la guerrilla. Con el apoyo de la URSS, la Cuba comunista de Fidel Castro alentaba y controlaba en buena parte los grupos guerrilleros en los países centroamericanos. A su vez, los Estados Unidos ponían todos los medios para impedir la toma del poder por grupos comunistas, aunque fuera al precio de apoyar a oligarquías que contaban con la protección de las fuerzas armadas.
También dentro de la Iglesia católica en Latinoamérica, la preocupación por los pobres derivó en algunos sectores hacia una teología de la liberación que asumía el método marxista de interpretación de los conflictos sociales, pretendiendo separarlo de su ateísmo. Jóvenes formados en esos ambientes enlazaron naturalmente con grupos extremistas que creían en la lucha armada.
En el foco del conflicto
Mons. Romero, arzobispo de San Salvador desde 1977, se encontraba en el punto focal del conflicto. Mientras pedía el cese del ciclo de violencia guerrillera y represión, era consciente del riesgo de ser instrumentalizado por unos y por otros.
Hay un testimonio interesante del protagonista, que quince días antes de ser asesinado escribía en su diario: «Por la tarde, acudí a la audiencia con el Señor Nuncio de Costa Rica, que ha venido por encargo del Santo Padre, para trabajar por la unidad del episcopado en El Salvador. Me entregó una carta del Cardenal Secretario de Estado, en que me pide la colaboración para el mejor logro de esta finalidad. Comentamos varios aspectos de esta desunión, expliqué mi posición en la Iglesia. Él hizo varias observaciones y traté de convencerlo de mis convicciones, en conciencia, pero noto en él cierta prevención contra mi proceder y a pesar de explicarle el ambiente tan difícil en que nos movemos y la aceptación que el pueblo tiene a esta línea, él mantiene ciertos temores de que las organizaciones populares sean comunistas y, este aspecto y temor del comunismo, es el que invade algunos de sus juicios. Yo le dije que tenía yo mucho cuidado de evitar esas infiltraciones y que era una de mis preocupaciones, y que no tuviera cuidado de que mi apoyo a la organización popular significara una simpatía por la izquierda ni mucho menos la ignorancia del peligro de infiltración, que con toda franqueza reconozco, pero que también veo que el anticomunismo, entre nosotros, es muchas veces el arma que usan los poderes económicos y políticos para sus injusticias sociales y políticas» (Diario, 11 de marzo de 1980).
A Mons. Romero le dolía la situación de la mayor parte del pueblo, sin cultura, con escasos medios de subsistencia y con riesgo de perder la vida en cualquier momento, atrapado en medio de la violencia entre guerrilla y ejército. Por otro lado, sufría al ver a cristianos seguir el camino equivocado de la violencia.
Sus homilías eran seguidas con pasión por ambos bandos y todo el pueblo, y los medios de comunicación retransmitían sus palabras, que adquirían eco internacional notable, muchas veces distorsionado según quién fuera el reproductor. Aún hoy algunos grupos siguen usando de manera interesada sus palabras, y dificultan la visión sobrenatural de un hombre fiel a la doctrina social de la Iglesia.
La autoría del crimen
El proceso de investigación del crimen fue ineficaz y controvertido, plagado de motivaciones políticas. Las presiones a los investigadores y a los jueces del caso y testigos fueron enormes, y algunos de ellos tuvieron que abandonar el país.
Los Acuerdos de Paz que se firmaron en 1992 establecieron el desarme de los antiguos insurrectos y su incorporación a la vida política democrática, la depuración y reducción de las Fuerzas Armadas, y el reparto de tierras para facilitar la desmovilización.
En 1993 hubo un informe de la llamada «Comisión de la Verdad para El Salvador» nombrada por la ONU. En él se señala como posibles autores del atentado a una serie de militares, inducidos por el mayor Roberto D’Aubuisson, fallecido algunos años después en Estados Unidos. Los llamados «escuadrones de la muerte» eran grupúsculos al margen de la ley, pero que contaban con el visto bueno de militares y algunos gobernantes radicalizados, y que se dedicaban al asesinato de guerrilleros y personas afines a ellos. A los secuestros y asesinatos de la guerrilla respondían con el mismo desprecio a los derechos humanos.
Cinco días después del informe de la ONU, el Congreso salvadoreño aprobó la Ley de Amnistía General, que hizo borrón y cuenta nueva de los crímenes cometidos durante la guerra. Esta ley condujo a sobreseer la causa del principal acusado del asesinato de Romero, el capitán Álvaro Saravia. No obstante, tomando como base ese informe, la directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador pidió en septiembre de 1993 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el proceso se concluyera.
Siete años después la CIDH recomendó al Estado salvadoreño que realizara una investigación judicial completa, imparcial y efectiva. Para la CIDH, el asesinato de Romero es un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto no susceptible de amnistía.
Pero no parece que los políticos actuales quieran abrir antiguas heridas producidas por la tremenda guerra civil. ARENA, el actual partido en el Gobierno, y el FMLN, antigua guerrilla y hoy partido en la oposición, miden mucho las consecuencias de abrir «la caja de Pandora». Una vez fallecido D’Aubuisson, desde 2004 sólo queda el proceso de magnicidio abierto en ausencia contra Saravia en un tribunal de Fresno (California).
Causa de beatificación
Si en vida Mons. Romero quiso evitar que su voz fuera instrumentalizada para fines ajenos a su misión, tras su muerte tampoco han faltado quienes se han querido apropiar de su figura. Aún hoy siguen publicándose algunos libros -pocos- en los que se pretende presentar un Romero liberacionista, emblema de una interpretación teológica del Evangelio en clave marxista, que a pocos convence, y que está en franca caída. No obstante, la fuerza de estos grupos en Centroamérica aún es grande.
Mons. Arturo Rivera Damas, sucesor de Romero en la sede episcopal, abrió el proceso de canonización en 1990, en su fase diocesana, y Mons. Fernando Sáenz Lacalle, actual arzobispo de San Salvador, la culminó en noviembre de 1995 enviando a la Santa Sede el material recogido.
La Congregación para las Causas de los Santos validó en 1997 los trabajos de la archidiócesis, y el examen de teólogos de la Santa Sede ha confirmado la ortodoxia del magisterio de Romero. Desde 1998, se estudia la vida y obra de Mons. Romero para preparar la «positio» sobre el posible martirio, de acuerdo con las reglas de la crítica. Para que sea declarado mártir hay que demostrar que el asesinato se cometió por odio a la fe y a la Iglesia, y eso no es tan sencillo.
Pablo Sagastibelza Lugo