En Francia, durante la presidencia de Jacques Chirac se promulgó una ley que excluía la presencia de signos ostentosos de las creencias religiosas en los espacios públicos, especialmente en los de carácter educativo, en nombre del principio de laicidad inscrito en la Constitución. El problema dista de estar resuelto, como explica en Le Monde Jean-Fabien Spitz, profesor emérito de Filosofía Política en la Sorbona. A su juicio, ante el creciente número de incidencias surgidas al aplicar esa norma, su vigésimo aniversario brinda la oportunidad de poner las cosas en su sitio, frente a debates que derivan hacia la mentira y la mistificación.
El punto de partida es el principio afirmado por la ley de 1905: “La República asegura la libertad de conciencia. Garantiza el libre ejercicio del culto, sin más restricciones que las establecidas en interés del orden público”. La garantía de esta libertad de cada individuo es la neutralidad del Estado: “La República no reconoce, ni paga salarios, ni subvenciona ninguna religión”.
Es Estado es neutral, no toma partido entre creencias, no adopta ni reconoce ninguna religión como oficial: “Los individuos pueden afirmar libremente sus convicciones y practicarlas en la medida en que no atenten contra el orden público, los intereses materiales de terceros, su libertad, su vida o sus bienes”.
El espacio público escolar pertenece a todos los ciudadanos. La ley de 2004 contradice este principio de laicidad al prohibir a los alumnos –algunos, mayores de edad- que expresen sus creencias religiosas en ese espacio: llevar una determinada indumentaria no puede afectar en modo alguno a los intereses materiales de terceros.
Además, “el proselitismo es un componente legítimo de la creencia religiosa”. Mientras que el Estado es neutral, justamente para que los ciudadanos puedan no serlo, y expresen con libertad sus convicciones. Cuando prohíbe alguna manifestación de fe, el Estado deja de ser neutral.
“Laicidad no significa hacer invisibles las creencias, sino permitir su coexistencia, dejándolas fuera de la competencia de los poderes públicos, prohibiéndoles asociarse con alguna y discriminar a las demás”. La escuela debería ser, en todo caso, un santuario de la diversidad.
El hecho de que una manifestación religiosa choque a la mayoría no afecta al orden público, justamente porque el espacio público está por definición abierto a todos los individuos. “Los responsables políticos (…) deberían comprender que la discriminación basada en vestidos –no exenta de acoso, humillación y abandono escolar–, produce efectos contrarios a los que se dice buscar”.
Así, “adolescentes de origen inmigrante piensan que esta escuela no es la suya, pues pretende apartarles por la fuerza de una parte de su identidad, o imponerles un catecismo supuestamente laico cuya repetición mecánica nunca ha convencido a nadie”.
En definitiva, Francia se ha convertido en un país multiconfesional. En lugar de negar esta realidad, “esforcémonos por reconocer las diferencias e integrarlas, con sus especificidades, en nuestro tejido republicano”.