Recientes decisiones del Consejo de Estado francés reflejan una concepción de la laicidad más bien positiva e integradora.

En Francia, se sigue discutiendo sobre laicidad, a pesar de la abundancia de leyes –desde la famosísima de 1905–, reglamentos y circulares, que intentan regular casi todo. De hecho, el Gobierno prometió el pasado abril elaborar una especie de código de laicidad y libertad religiosa. Pero el debate es tan intenso que suele acabar en el Consejo de Estado, la máxima instancia jurisdiccional francesa en asuntos administrativos (una institución muy distinta de sus homónimos en otros países, como España). Ahora acaba de resolver cinco casos, en decisiones que, a juicio del profesor universitario Philippe Portier, harán historia (cfr. Le Monde 21-7-2011). Tiene pendientes otros doce. El Consejo de Estado intenta actualizar la jurisprudencia sobre asuntos diversos planteados en la última década, coincidiendo con la toma de consideración social de la expansión del islam en Francia. Casi siempre surgen en torno a decisiones de los Ayuntamientos, que tratan de resolver problemas reales, nada teóricos, y pueden suponer ayudas prácticas a actividades de culto, aparentemente en contra de lo previsto desde comienzos del siglo XX con la separación de la Iglesia y el Estado. Ante esas necesidades prácticas, las soluciones reflejan una concepción de la laicidad más bien positiva, integradora, liberal, que nada tiene que ver con laicismos arcaicos, aunque ahora se benefician, sobre todo, las comunidades musulmanas. El Consejo de Estado insiste en que las corporaciones municipales tienen prohibido ayudar en sentido estricto a las confesiones religiosas. Pero, como señala Jean-Marc Sauvé, vicepresidente del Consejo, "en un contexto en el que los nuevos cultos necesitan construir edificios y a las colectividades locales les interesa revalorizar los lugares de culto, hemos dado nuevas soluciones, conciliando la ley de 1905 con otras disposiciones vigentes". Insiste en que "la ley de 1905 no está obsoleta, y se adapta a los problemas contemporáneos; revela grandes capacidades de adaptación". Frente a una interpretación demasiado literal, presente en sentencias dictadas en primera instancia, el Consejo de Estado da especial relieve al "interés público local", para permitir que los municipios contribuyan a financiar instalaciones destinadas a edificios religiosos y a la práctica del culto, o cedan solares, mediante la clásica figura de la enfiteusis: una especie de arrendamiento a largo plazo, con un precio casi simbólico, a favor de asociaciones religiosas. En este sentido, Sauvé recuerda que de 1800 iglesias construidas después de 1905 en Ile-de-France, 450 lo fueron gracias a esa fórmula. En Trélazé (Maine-et-Loire), el Ayuntamiento adquirió un órgano para la iglesia. Tampoco esta decisión se opone a la ley de 1905, porque, además de su función religiosa, contribuye al desarrollo de la enseñanza artística y a la organización de eventos culturales en la ciudad. Tampoco viola la ley la ayuda de la alcaldía de Lyon para la instalación de un ascensor en la Basílica de Fourvière, aunque ese equipamiento beneficie a los fieles católicos. El Consejo de Estado entiende que también "presenta un interés público local, ligado a la importancia del edificio para el desarrollo cultural, turístico y económico de la ciudad." En otro supuesto se ha aplicado el concepto jurídico clásico del "orden público", para rechazar la demanda de un contribuyente de Le Mans. La comunidad local había financiado la instalación de un matadero temporal ante la festividad musulmana del Aid-al-Adha. Para los magistrados, la decisión municipal está justificada, por "la necesidad de que las prácticas rituales se ejerzan en condiciones compatibles con los imperativos del orden público, en particular, de la seguridad alimentaria y la salud pública". De este modo, aunque no falten posturas favorables a una laicidad arcaica y agresiva, como la del Partido Radical de Izquierda, la jurisprudencia del Consejo de Estado va desarrollando principios armónicos y conciliadores de una laicidad que no exige la negación a ultranza del hecho religioso en la convivencia social. Coincide, por otra parte, con deseos concretos manifestados por corporaciones locales, tanto de izquierda como de derecha. La relativa coincidencia política facilita que “el derecho sitúe lo religioso en espacios cada vez mejor protegidos”, concluye Philippe Portier. Y se avanza así en la deseable concordia entre libertad religiosa y laicidad republicana, especialmente necesaria en el ámbito de los servicios públicos.

Francia: Una laicidad abierta al hecho religioso

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