Durante su primer mandato, el presidente de Estados Unidos, George Bush, creó la Office of Faith-based and Community Initiatives para promover la cooperación del gobierno federal con los servicios asistenciales de las organizaciones religiosas. El objetivo era facilitar que las organizaciones caritativas de inspiración religiosa pudieran recibir fondos públicos, sin que fuera un obstáculo el imperativo legal de separación entre la Iglesia y el Estado (ver Aceprensa 20/01). La iniciativa ha recibido críticas de electoralismo y mal funcionamiento durante este tiempo pero el objetivo se está cumpliendo.
En un discurso pronunciado a comienzos de mes, Bush volvió a reiterar su compromiso con la iniciativa, ante el director de la Oficina, Jim Towey, los responsables de las agencias federales y numerosos representantes religiosos. Días antes, el anterior director, David Kuo, había afirmado «que las promesas de Bush seguían sin cumplirse tanto en el espíritu como en la letra». Y algo similar dijo John DiIulio, primer director de la Oficina y amigo personal de Bush, cuando dimitió del cargo: «la administración ha anunciado el asunto (que es electoralmente atractivo) pero no lo ha puesto en marcha (quizás por los problemas que podría suscitar con relación a la separación entre Iglesia y Estado)».
La realidad en cifras es que el año pasado 600 organizaciones de inspiración religiosa recibieron 2.000 millones de dólares en subvenciones para realizar sus actividades asistenciales. Esa cantidad es el 10,3% del total que depende del gobierno federal para los servicios asistenciales. En 2003, las subvenciones no pasaron de los 1.170 millones de dólares. A pesar de la subida, Bush afirma que aunque el 10% es muy mejorable se trata de un buen comienzo.
En el discurso pueden leerse algunas claves de por qué no ha habido más organizaciones beneficiadas. El gobierno federal utiliza dos tipos de subvenciones: las distribuidas directamente por una agencia federal («subvenciones discrecionales») y las que ponen el dinero en manos de los Estados y entes locales para que los distribuyan («subvenciones de fórmula»). La mayor parte del dinero se distribuye por esta segunda vía (por ejemplo, en 2001, solo el Departamento de Salud y Servicios Humanos otorgó 25.000 millones de dólares directamente a los solicitantes, pero dio 160.000 millones de dólares a los Estados y entes locales).
Bush afirmó varias veces que hay que continuar animando a los Estados y gobiernos locales a no discriminar a estas organizaciones, ya que los dos mil millones han sido otorgados directamente por las agencias federales.
Asimismo, en agosto de 2001, la Oficina publicó un informe, Unlevel Playing Field, que identificó los numerosos obstáculos que encuentran estas organizaciones para acceder a los fondos públicos. Y en diciembre de 2002, Bush firmó la Executive Order for Equal Protection of the Laws for Faith-based and Community Organizations para garantizar el tratamiento equitativo de las organizaciones de inspiración religiosa y el resto de organizaciones asistenciales. Sin embargo, solo 24 gobernadores y 115 alcaldes han abierto oficinas para facilitar la tramitación de subvenciones.
Bush también insistió en que las reglas de juego están claras: las organizaciones no pueden utilizar los fondos públicos para actividades «inherentemente religiosas», como celebraciones de culto o clases de religión, ni pueden discriminar por razones de fe a ningún posible beneficiario del programa asistencial (el presidente bromeó con la «hipótesis» de que una organización metodista que se dedicara al tratamiento del alcoholismo se limitara a admitir solamente a metodistas que beben más de la cuenta). Cualquier violación de estos requisitos lleva consigo la obligación de devolver la subvención e incluso el comienzo de un proceso judicial.