Un palo en la rueda llamado ALBA

La cumbre extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se desarrolló el 23 y 24 de febrero en Washington no pudo cerrar los acuerdos en torno a la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La reunión dejó una vez más en evidencia las diferencias en América Latina y la tozudez del sector bolivariano, tan enfrascado en su postura como en tiempos del difunto presidente venezolano Hugo Chávez.

La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), conformada por Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba y que nació al calor de Chávez y Fidel Castro en 2004, logró que el SIDH postergara nuevamente su proceso de remodelación, causa que lleva ya casi dos años.

Los reclamos del ALBA son los mismos: que el SIDH deba consultar a los Estados miembros antes de tomar decisiones cautelares y que se revise los criterios con que se evalúan a los países que necesitan mejoras en el campo de los derechos humanos.

El ALBA quiere limitar la acción de un ente crítico con sus gobiernos y sus políticas de derechos humanos

La discusión de 12 horas en Washington llegó a su punto de ebullición cuando Ecuador, hoy la más “beligerante” de las naciones bolivarianas, amenazó con abandonar el SIDH. El embrollo se destrabó gracias a una propuesta de Argentina que ofreció continuar hablando de los puntos en discordia en un próximo encuentro, que puede ser en junio o julio próximos.

En la OEA las resoluciones se toman por consenso y es por ello que se necesitaba de una alternativa para salir del paso. El proceso de reforma de la SIDH se concentra en el fortalecimiento de la protección y apoyo a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados.

El SIDH jugó un papel determinante para recoger testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado, puntos que fueron recordados durante la cumbre en Washington.

El sistema de derechos humanos regional, el primero en solicitar medidas cautelares contra la cárcel estadounidense de Guantánamo en Cuba y que mantuvo una constante campaña de denuncia contra el ahora ex presidente peruano Alberto Fujimori, ha introducido cambios en cuatro ocasiones en la última década, pero aún no había llegado a un nivel de discusión tan politizado como ahora.

La Relatoría para la Libertad de Expresión ha resultado muy molesta para países como Ecuador, señalado últimamente por el debilitamiento a la libertad de prensa

Tal ha sido la importancia que se le dio a esta última reunión, que acudieron 10 ministros de relaciones exteriores de la región y Estados Unidos, muy distraído para atender estos asuntos en otras ocasiones, envió al vicesecretario de Estado, William Burns.

Financiación resuelta
Si bien los temas de fondo quedaron abiertos a futuros debates, la SIDH logró frenar el avance del ALBA por el lado de la financiación. El bloque bolivariano considera que todas las relatorías deben ser financiadas exclusivamente con fondos de la OEA y que el dinero provenga solo de los Estados, y que el aporte de terceros no sea direccionado ni condicionado. Una posición compartida por otras naciones, pero que de momento es muy difícil implementar: hoy solo el 55% del presupuesto del SIDH se financia por la OEA y sus miembros.

En especial, el ALBA se refería a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que subsiste gracias al aporte exclusivo de donaciones internacionales y que triplica el presupuesto del resto de las relatorías. Esta relatoría ha resultado, justamente, muy molesta para países como Ecuador, señalado últimamente por el debilitamiento a la libertad de prensa.

También se hubieran visto afectadas las relatorías dedicadas a los pueblos indígenas y a los trabajadores migrantes que han planificado su labor en base al apoyo de la cooperación internacional. Una restricción en ese sentido limitaría enormemente el trabajo de estas relatorías.

Otra batalla perdida para los países bolivarianos ha sido, por ahora, la de cambiar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hoy en Washington, capital de un país que no ha ratificado –aunque sí firmado- la Convención Americana de Derechos Humanos.

Lo cierto es que únicamente 23 de los 34 Estados que conforman la OEA han ratificado esa Convención Americana e incluso Venezuela la ha denunciado, y Bolivia y Ecuador tienen muchas ganas de hacerlo.

Uruguay, México, Costa Rica, Colombia y Chile fueron los principales países que le hicieron el contrapeso al ALBA y que por ahora salvaron la autonomía del CIDH.

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