A propósito de la huelga de hambre iniciada por un centenar de presos en Guantánamo, Michael Gross, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa (Israel), examina The New England Journal of Medicine el dilema que plantean estos casos a médicos y autoridades.
Primero, Gross precisa que la huelga de hambre no es expresión de un deseo de morir, ni como la decisión de un paciente terminal que rehúsa seguir siendo alimentado por gotero. Es un acto no violento de protesta política mediante un recurso extremo, con la esperanza de obtener concesiones.
Ante una huelga de hambre, en teoría caben tres opciones: alimentar por la fuerza a los huelguistas, dejarlos morir o acceder a sus demandas.
La Asociación Médica Mundial, así como la generalidad de los especialistas en bioética, condena la alimentación por la fuerza (inmovilizar al huelguista y ponerle una sonda nasogástrica), pero no se opone tan categóricamente a alimentar artificialmente a un huelguista que haya perdido la conciencia totalmente o en parte.
Los médicos de la prisión y las autoridades tienen perspectivas diferentes. Los primeros sopesan la autonomía y el mejor interés del paciente. Las autoridades han de tener en cuenta, además, la seguridad pública; por eso, de hecho solo tienen dos opciones: alimentar por la fuerza a los presos, o llegar a un acuerdo con ellos. No pueden quedarse mirando su lenta agonía sin hacer nada, aparte de que la muerte de los presos sería contraproducente para el bien público, por las reacciones de protesta y venganza. “Hoy es inimaginable –dice Gross– que una sociedad digna pudiera dejar morir de inanición a diez presos del IRA en huelga de hambre, como hicieron los británicos en Irlanda del Norte en 1981”. Tampoco es solución esperar a que los huelguistas estén a las puertas de la muerte para alimentarles artificialmente.
Lo primero es intentar que los presos desistan de la huelga de hambre ofreciéndoles concesiones. Al menos algunas demandas de los huelguistas pueden ser admisibles. De hecho, recuerda Gross, este año y el pasado, los gobiernos de Israel y Turquía solucionaron así sendas huelgas de hambre en sus cárceles, accediendo a mejoras en las condiciones de vida de los presos. También cabe esta salida en Gantánamo, al menos con algunos huelguistas cuyas exigencias son razonables: unos ya están declarados aptos para ser liberados, y piden que la repatriación no se demore; otros quizá dejaran la huelga si se les diera la oportunidad de defenderse en un proceso judicial.
Si no es posible el acuerdo, queda la alimentación forzada. Sin duda, esta intervención es contraria al principio de autonomía. “Pero la autonomía no es sagrada”, y puede ceder ante bienes superiores, como la vida de los presos o la seguridad pública. El problema es encontrar un modo de alimentar a los presos sin violencia y de modo humano. No es fácil. La alimentación artificial es menos agresiva, pero tiene más riesgos para el paciente.
En fin, según Gross, se puede recurrir a la alimentación forzosa, pero solo en casos extremos, después de hacer todo lo posible para detener la huelga de hambre mediante negociación.