Que un órgano meramente consultivo cause tanto revuelo indica hasta qué punto los duelos ideológicos se libran hoy en el terreno de los derechos humanos.

La creación en julio de una Comisión de Derechos Inalienables por el Departamento de Estado de EE.UU. sigue dando que hablar. Sus críticos ven el nuevo organismo como un intento de reescribir los derechos humanos en clave conservadora. Sus partidarios, en cambio, alegan que el objetivo es precisamente desideologizar estos derechos para devolverles su legitimidad. El secretario de Estado, Mike Pompeo, explicó la finalidad de la Comisión en un artículo publicado en The Wall Street Journal el 7 de julio, un día antes de su presentación oficial. Comenzó elogiando el esfuerzo unificador que llevaron a cabo los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948. Pese a las diferencias culturales y políticas de los países que debían votarla, el éxito fue posible gracias al modesto enfoque del texto: se limitó a reconocer 30 derechos universales. Más de 70 años después, el prestigio de los derechos humanos ha quedado comprometido por la proliferación de catálogos de derechos. “Cuando los políticos y los burócratas crean nuevos derechos –sostenía Pompeo–, desdibujan la distinción entre derechos inalienables y derechos ad hoc otorgados por los gobiernos. Los derechos inalienables son por naturaleza universales. No todo lo bueno, o todo lo que concede un gobierno, puede ser un derecho universal”. El reducido número de derechos reconocidos en la Declaración fue suficiente para unir a países muy distintos entre sí. Sin embargo, hoy se ha cambiado esa visión unificadora por otra más ideológica: “Las reivindicaciones de derechos a menudo se dirigen más bien a recompensar a los grupos de interés y a dividir a la humanidad en subgrupos”. Abrir el debate El Departamento de Estado quiere contribuir a corregir esta idea expansiva de los derechos humanos con la puesta en marcha de la Comisión de Derechos Inalienables. Se trata de un órgano asesor de ese Departamento que trabajará en el ámbito de los principios –no de las políticas concretas– para “generar un debate serio”, en palabras de Pompeo. Su deseo es que pueda ayudar también “a reorientar a las instituciones internacionales encargadas específicamente de proteger los derechos humanos, como las Naciones Unidas, hacia sus misiones originales”. Otra cosa es que ese objetivo esté a su alcance. Al frente de la Comisión ha nombrado a la jurista experta en derechos humanos Mary Ann Glendon, profesora en Harvard y exembajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede. El secretario de Estado fue alumno suyo y parece que se empapó bien de la crítica que su profesora hace a la deriva inflacionista de los derechos humanos [sobre la posición de Glendon, ver artículos relacionados]. Otros miembros de la Comisión son: el filósofo y especialista en bioética Christopher Tollefsen, coautor de Embrión. Una defensa de la vida humana; Hamza Yusuf, cofundador de la primera universidad musulmana de artes liberales en EE.UU.; Katrina Swett, ex presidenta de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional durante la presidencia de Obama y hoy presidenta de una organización pro derechos humanos; el rabino Meir Soloveichik, director del Straus Center for Torah and Western Thought de la Universidad Yeshiva; Jacqueline Rivers, especialista en estudios afroamericanos y directora del Seymour Institute for Black Church and Policy Studies; el politólogo Peter Berkowitz… La idea de que existe una interpretación “conservadora” y otra “progresista” de los derechos humanos muestra lo lejos que estamos del consenso que logró la Declaración de 1948 El núcleo duro de la polémica En una carta dirigida a Pompeo, una coalición de críticos de la iniciativa denuncia la “falta de diversidad ideológica” del nuevo organismo. “Casi todos los miembros de la Comisión –escriben– han centrado su vida profesional y académica en cuestiones relativas a la libertad religiosa, y algunos han tratado de elevarla por encima de otros derechos fundamentales. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho fundamental, pero solo uno de los 30 derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Los firmantes de la carta temen que esa disposición personal lleve a los miembros de la Comisión a limitar otros derechos. Lo paradójico es que citan dos que no aparecen mencionados en la Declaración: los “derechos reproductivos”, relativos, entre otros, al aborto; y los derechos LGTBQ, en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de parejas homosexuales. También consideran ideológica la distinción que hace el secretario de Estado entre derechos inalienables y ad hoc. “La referencia a los derechos ad hoc se asemeja al lenguaje utilizado por los gobiernos autocráticos y dictatoriales, que a menudo hablan en términos de jerarquía de derechos”. Hace unos días, en The Washington Post, la historiadora Katherine M. Marino insistió en la misma crítica: “Al hacer esta distinción [entre ambas categorías de derechos], basada en una definición profundamente conservadora de los derechos humanos, la comisión de Pompeo en realidad amenazará la igualdad de género, los derechos LGBTQ y la salud reproductiva a nivel mundial”. Explosión de derechos sin pluralismo La idea de que existe una interpretación “conservadora” y otra “progresista” de los derechos humanos muestra lo lejos que estamos del consenso que logró la Declaración de 1948. Como explicó hace unos meses la propia Glendon en un artículo para First Things, firmado conjuntamente con Seth D. Kaplan, el problema comenzó cuando los diferentes grupos de presión “aprovecharon la autoridad moral de la idea de los derechos humanos para defender sus causas”. Esto coincidió con un momento de cambio cultural en las sociedades occidentales. Fue precisamente la irrupción del aborto y de las libertades sexuales en la agenda política –observan Glendon y Kaplan– lo que llevó a algunos a querer zanjar los normales desacuerdos de ideas en esos temas controvertidos, presentando su posición como un derecho básico que los tribunales tendrían que blindar. Y una vez judicializados, como ha ocurrido en EE.UU., quedaban fuera del debate público. Por esta vía, Occidente ha perdido pluralismo, y la propia noción de los derechos humanos ha quedado despojada de su fuerza moral en el resto del mundo. Si antes la Declaración servía para identificar un núcleo de derechos innegociables en cualquier tiempo y lugar, ahora los derechos humanos se ven como un producto a la medida de los que llevan la voz cantante en determinadas sociedades. “En vez proporcionar un techo común a la gran variedad de puntos de vista y de sistemas de creencias (...)”, la idea de los derechos humanos se ha vuelto “menos diversa desde el punto de vista ideológico”. El papel de la nueva Comisión es romper la uniformidad de la que se ha convertido ya en interpretación dominante y volver a la teoría original.

Polémica en EE.UU. por la nueva Comisión de Derechos Inalienables

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