El Tribunal Supremo de Israel ha dictado una sentencia según la cual el Estado deberá indemnizar a los civiles palestinos en caso de sufrir daños en sus propiedades o resultar heridos por el ejército israelí, en operaciones realizadas en Gaza y Cisjordania.
La decisión anula en parte una ley -aprobada en forma de enmienda por el parlamento israelí en julio de 2005- por la que el ejército, los servicios de seguridad y el Estado no debían responder por daños causados a palestinos, con efecto retroactivo desde el 29 septiembre de 2000, cuando comenzó la segunda «intifada».
El Tribunal Supremo entiende, en cambio, que la presencia militar continua de Israel en esos territorios «provoca muchos daños en personas que no tienen relación con las hostilidades». Los jueces responden así a la demanda interpuesta en septiembre de 2005 por nueve organizaciones humanitarias, encabezadas por Adalah («Justicia» en árabe), que consideraban que la ley violaba los tratados internacionales, el derecho a la vida y a la propiedad, y dejaba a la población civil palestina a merced del ejército y los servicios de seguridad israelíes.
La decisión, aprobada por unanimidad entre los magistrados, fue inmediatamente criticada por parte del gobierno y del ejército. La nota de la fiscalía general representa bien el tono de las reacciones: «Nos estamos enfrentando a una situación de guerra con los palestinos, y resulta absurdo tener que compensar a nuestros enemigos durante el conflicto» («Israel News», 14-12-2006).
No obstante, la respuesta a esta objeción está en la propia «ley intifada». El Tribunal no se ha pronunciado acerca del precepto que prohíbe indemnizar a palestinos heridos en «operaciones de combate». Y tampoco a los ciudadanos de «Estados enemigos» ni a «activistas o miembros de organizaciones terroristas». Esas salvedades siguen vigentes.
Según Israel Radio, actualmente hay unas 550 demandas pendientes en los tribunales israelíes por daños causados por el ejército y los servicios de seguridad. La decisión del Tribunal Supremo facilitará que se lleven a término, aunque el diario «Israel News» presagia que los palestinos deberán pasar por un auténtico calvario hasta que prueben los daños y reciban la compensación económica. Además de las indemnizaciones por heridas o muerte de familiares, los palestinos también podrán recibir compensación por los daños materiales que provoque la maquinaria bélica israelí en Gaza y Cisjordania.
Tras la decisión, a muchos se le vino a la memoria el incidente del pasado 8 de noviembre en el que fallecieron 20 civiles palestinos en Beit Hanoun, al norte de Gaza, a causa de un misil que se desvió de su ruta por culpa de un fallo electrónico. Tanto el primer ministro israelí como el ministro de Defensa reconocieron el error y presentaron sus condolencias a los familiares de las víctimas. A partir de ahora, también tendrán que indemnizarles.
Autorizadas las ejecuciones extrajudiciales
En otra decisión ambigua, el Tribunal Supremo ha autorizado, bajo ciertas condiciones, los asesinatos selectivos de milicianos por parte del ejército, práctica habitual desde la segunda «intifada».
El Tribunal la justifica porque «la detención, investigación y juicio no siempre son posibles», a veces porque suponen grave riesgo para la vida de los soldados. La ejecución extrajudicial se autoriza con algunas condiciones: el ejército deberá tener información segura sobre la actividad armada del activista; el civil ajeno a las hostilidades no debe ser atacado si pueden emplearse otros métodos menos violentos; después del ataque debe haber una investigación independiente para verificar si se ha alcanzado el objetivo y si ha habido daños accesorios; y los perjuicios causados a civiles inocentes deben ser proporcionados.
Los críticos de la sentencia dicen que todo queda a juicio del ejército. Según organizaciones de derechos humanos, desde septiembre de 2000 los asesinatos selectivos han matado a 339 personas, de las cuales 210 eran presuntos militantes y 129 eran civiles.
ACEPRENSA