Amnistía Internacional (AI) ha publicado un informe sobre la política del gobierno israelí de usar las demoliciones de viviendas como medida de castigo a la población palestina. El documento, titulado Israel y los territorios ocupados: Bajo los escombros. Demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes, analiza esta forma de represión y las repercusiones que tiene entre la población palestina.
Esta forma de actuar de Israel no es nueva, pero desde que comenzó la Intifada en 2001 ha experimentado un gran aumento: según el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, entre octubre de 2000 y octubre de 2003 en la Franja de Gaza fueron destruidas 2.150 viviendas y 16.000 más sufrieron daños. En el mismo periodo, en Cisjordania fueron destruidas 600. Gran parte de la destrucción ha ido dirigida contra el campo de refugiados de Rafah en el sur de Gaza, donde cerca de mil viviendas han sido demolidas y centenares más han quedado derruidas parcialmente o sufrido serios daños. Precisamente es en este campo de refugiados donde actualmente Israel está llevando a cabo una de las mayores operaciones militares de los últimos tres años y que ha sido duramente criticada internacionalmente.
Pero además, en muchos casos el ejército no se limita a demoler las casas, sino que también destruye las tierras de cultivo de los palestinos como castigo o simplemente con la intención de echarles y de apropiarse de esos terrenos; en los últimos tres años se han destruido más del 10 por ciento de las tierras de labranza. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU, sólo en 2002 y 2003 se destruyeron en la Franja de Gaza más de 700 hectáreas de tierra de labranza y se arrancaron más de 226.000 árboles.
Según el informe de AI, la destrucción de viviendas, tierras y otros bienes se puede dividir en dos categorías: demolición de casas construidas sin permiso y destrucción a causa, según las autoridades israelíes, de «necesidades militares y de seguridad».
La mayor parte de demoliciones se deben a las «necesidades militares», un saco donde entran todo tipo de actuaciones. Generalmente el ejército justifica estas operaciones como medidas punitivas contra las familias de los palestinos que han participado en actos terroristas, pero también se han utilizado en muchas ocasiones como medidas preventivas, destruyendo viviendas, terrenos y otros bienes que, según las autoridades, se han utilizado o podrían utilizarse para lanzar ataques contra israelíes. Estas «medidas preventivas» se llevan a cabo también frecuentemente como forma de castigo colectivo a los habitantes de una zona, o incluso como medida para echar a los palestinos de zonas donde Israel está especialmente interesado en confiscar las tierras o consolidar su control sobre ella y en favorecer a los asentamientos israelíes. Un dato: el 90 por ciento del famoso muro que «separa» Israel de los territorios ocupados, está construido en el interior de Cisjordania, lo que ha implicado muchas expropiaciones forzosas a los palestinos.
Negación de licencias de construcción
Derribar casas con la excusa de que carecen de permiso de construcción es una práctica bastante común en los territorios palestinos. Es cierto que existe un alto porcentaje de casas de palestinos que carecen de dichos permisos, pero es prácticamente imposible para un palestino obtener el tan preciado permiso de construcción. Como se expone en el informe de AI, los palestinos de Cisjordania y Gaza no pueden arrendar tierras o construir en ellas si han sido declaradas tierras del Estado, ya que su consideración de «extranjeros» en la legislación israelí no les permite disponer de las tierras para su arriendo o para construir en ellas. Alrededor del 93 por ciento del suelo de Israel son tierras del Estado, pero parte de ellas está administradas por el Fondo Nacional Judío, la Agencia Judía u otros organismos que no arriendan tierras a personas que no sean judías.
Tras ocupar Cisjordania y la Franja de Gaza, Israel paralizó la urbanización en las ciudades y pueblos palestinos. Como base para negar los permisos de construcción a los palestinos, se utilizaron proyectos urbanísticos de hacía décadas y que no servían ya para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. De hecho, decenas de pueblos árabes que existían anteriormente fueron calificados de nuevo como zonas no residenciales.
En el informe AI denuncia la indefensión de los palestinos ante estas medidas. En 2002, el Tribunal Supremo resolvió que se debía permitir presentar apelaciones a los afectados por las demoliciones por razones de seguridad, siempre que no supusiera «poner en peligro la vida de israelíes ni que hubiera actividades de combate en las proximidades». A pesar de todo, el Tribunal determinó que no era necesario avisar con antelación si con ello se dificultaba la demolición. Esto suponía en la práctica dar luz verde a las demoliciones sin posibilidad de apelación y así ocurre en la mayoría de los casos. Según AI, el Tribunal Supremo ha aceptado con demasiada facilidad la definición manifiestamente amplia que hace el ejército de «necesidad militar».
La demolición de viviendas palestinas en Rafah, levantadas con el esfuerzo de años de trabajo, ha despertado también críticas en Israel, incluso dentro del propio gobierno de Sharon. El ministro de Justicia, Tomy Lapid, líder del partido centrista Shinui, ha provocado una tormenta política al decir que las imágenes de las ancianas palestinas buscando sus pertenencias entre los escombros le recordaban a su abuela, que todo el mundo sabe que murió en Auschwitz. Lapid afirmó que la demolición de casas debe parar. «No es humano, no es judío y nos causa un grave daño en todo el mundo».