El eje bolivariano quiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consulte a los Estados antes de emitir medidas cautelares y revise los criterios con que evalúa a los países
Montevideo. La 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrolló a principios de junio en Cochabamba (Bolivia), se proponía discutir sobre cómo combatir la malnutrición que padecen 53 millones de personas en toda América, un continente rico en producción de alimentos y en desigualdad. La realidad es que apenas se tocó ese asunto. El debate terminó por encenderse por el lado del papel que desempeña la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El eje bolivariano formado por Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, logró que la Asamblea se planteara la necesidad de reformar la CIDH, que, según estas naciones, no responde a las necesidades de los gobiernos democráticos de América. Premisas que, de concretarse, terminarán por debilitar a la CIDH y a restarle autonomía.
Críticas de los gobiernos más criticados
En una decisión de alguna manera salomónica, pero también reflejo de las diferencias que persisten en el continente, la Asamblea de la OEA aceptó hablar sobre las reformas del sistema interamericano de derechos humanos pero tiró la pelota hacia delante al dejar el documento final para una posterior discusión en una cumbre extraordinaria a celebrarse dentro de seis a nueve meses.
Al bloque bolivariano le rechina, sobremanera, la presencia de Estados Unidos en la CIDH y, de paso, la de Canadá. La cuestión es que, a su modo de ver, no gusta la forma en que la comisión evalúa los derechos humanos, y dentro de los cambios se prevé que se consulte a los Estados antes de emitir medidas cautelares.
Además, pide que se revise los criterios y procedimientos con que la CIDH evalúa a los países que más necesitan mejoras en relación a los derechos humanos. Estas naciones suelen ser, justamente, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y no quieren otra cosa que mayor control e incidencia sobre esta comisión que tanto las ha criticado en los últimos años.
Los bolivarianos también critican la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, según ellos, funciona bajo la órbita de Estados Unidos
“Tribunal de inquisición antiizquierdista”
La CIDH es uno de los principales órganos de la OEA, que funciona de manera autónoma –al punto de que no depende que un país haya firmado el Pacto de San José para que sea evaluado–, integrado por siete expertos independientes, seleccionados por la Asamblea General del organismo. Tiene como funciones prioritarias la protección de los derechos humanos de los individuos y de los grupos en los países de toda América.
El gobierno venezolano, que insiste con marcharse de la CIDH porque –entre otras cosas– no condenó el golpe de Estado de 2002 y lo considera un “tribunal de inquisición antiizquierdista”, ha desoído sistemáticamente las medidas y recomendaciones de este órgano. Así, en mayo pasado rehusó investigar la crisis durante la clausura de la cárcel de La Planta, que provocó un intercambio de disparos entre reos y agentes de seguridad, y que se prolongó durante tres semanas. El año pasado, un informe de la CIDH indicó que los altos niveles de violencia en los centros penitenciarios venezolanos son “alarmantes”.
Venezuela tampoco hizo lugar a la petición, emitida en septiembre pasado por la CIDH, de restituir la candidatura del opositor Leopoldo López, suspendido de ejercer funciones públicas por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como alcalde de un municipio de Caracas.
La misma actitud tomó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al negar en febrero las medidas cautelares de la CIDH a favor del diario El Universo. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana había dispuesto el pago de 42 millones de dólares y tres años de cárcel para un periodista y tres directivos de este periódico por “difamar” al presidente y al gobierno. Al final, el asunto se cerró con un perdón presidencial que volvió las aguas a su cauce.
De cualquier modo, Correa, que acaba de prohibir a sus funcionarios hablar y dar entrevistas a la “prensa mercantilista”, se apareció en la Asamblea de la OEA invitado por su colega boliviano Evo Morales pese a que el evento era solo de cancilleres. Tras sugerir a la OEA y a la CIDH “revolucionarse o desaparecer”, Correa indicó que la comisión debe adaptarse a la nueva realidad del continente, donde ahora los países están gobernados por “demócratas”, que muchas veces son tratados como si fueran dictadores.
Preocupación de las ONG
Las críticas a la CIDH y los pedidos de reformas por parte del eje bolivariano han sido extensivos a otro organismo dentro de la OEA: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igualmente autónoma pero que, según el bloque que lidera el presidente venezolano Hugo Chávez, funciona bajo la órbita de Estados Unidos.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, cree que, aunque los cambios no se han concretado, el hecho de discutir las modificaciones a la CIDH ya es un golpe al sistema. Otras ONG también han manifestado su preocupación por este paso dado por la OEA.
El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, ha asegurado, no del todo convencido, que las reformas pueden ser positivas y que esto no representaría un debilitamiento del sistema de control de los derechos humanos. “La autonomía no significa dejar de lado el diálogo, el compromiso y la interacción permanente con los gobiernos democráticos del continente”, ha aseverado en un tono muy políticamente correcto.
Las quejas de los otros
Las quejas bolivarianas son muy del estilo de fenecidos gobiernos dictatoriales como los de Augusto Pinochet en Chile y Alberto Fujimori en Perú, que solían prodigar críticas hacia la CIDH. De cualquier forma, el alcance y el peso de esta comisión no suelen resultar claros y aleccionadores. No siempre sus determinaciones son acatadas; no solo Venezuela y Ecuador desobedecen o hacen la vista gorda a sus dictámenes.
La CIDH ha censurado a Estados Unidos por la prisión en la isla de Guantánamo y ha solicitado su cierre, cosa que difícilmente acontecerá por una petición de la OEA, aunque esto sirve para evidenciar que la comisión sí contraría la voluntad de Washington.
En otro suceso significativo, la CIDH emitió en abril de 2011 medidas cautelares a favor de las comunidades locales contrarias a la construcción de una planta hidroeléctrica en la Amazonía brasileña. Como respuesta, Brasil retiró a su embajador ante el organismo continental y aguardó hasta los últimos días de ese año para pagar su cuota anual de 6 millones de dólares. Esto le generó problemas de liquidez a la OEA para los salarios de diciembre pasado.