Los intereses de grupo, disfrazados de derechos humanos

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Una versión de este artículo se publicó en el servicio impreso 14/14

Los proyectos Estrela y Lunacek, votados recientemente en el Parlamento Europeo, y el informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU con recomendaciones a la Santa Sede, reflejan la batalla que se está librando en los principales organismos internacionales para lograr que cale la idea de que el “matrimonio” homosexual y el aborto son derechos humanos. Janne Haaland Matlary, catedrática de Política Internacional en la Universidad de Oslo, explica esta estrategia en un capítulo del libro Debate sobre el concepto de familia (cfr. Aceprensa, 5-02-2014).

Fruto de sus vivencias personales en la ONU, primero como delegada de la Santa Sede en la Conferencia de Pekín (1995) y después como secretaria de Estado noruega de Asuntos Exteriores (1997-2000), Matlary constata que hoy es posible distinguir en la política mundial dos concepciones enfrentadas de los derechos humanos. De ellas se ocupó ampliamente en su libro Derechos humanos depredados (cfr. Aceprensa, 18-02-2009).

El Derecho internacional no vinculante, las encuestas de opinión y la “evidencia científica” son tres fuentes de legitimación

Dos visiones de los derechos humanos
La visión iusnaturalista, que es sobre la que se fundamenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, apela a la razón y a la naturaleza humana para descubrir una serie de derechos que son intrínsecos a toda persona e inalienables en cualquier tiempo y lugar; es decir, “no son fruto de decisiones políticas, sino derechos que derivan de nuestra dignidad humana”, explica Matlary.

En cambio, la visión constructivista niega que exista una naturaleza humana y defiende una interpretación evolutiva de la Declaración Universal: dado que no hay ningún criterio objetivo, los derechos humanos no son otra cosa que lo que es considerado legítimo en cada momento por los parlamentos y los tribunales.

Sobre la interpretación de los derechos humanos, Matlary aclara que esta “debe buscar su punto de apoyo en la Declaración y en la antropología que subyace a ella”. Si se admite que los derechos humanos están sujetos a interpretaciones evolutivas tan amplias que permiten fabricar “nuevos derechos” o cambiar los existentes, ¿cómo pueden Europa y los Estados Unidos oponerse a “que los ‘Estados gamberros’ interpreten los derechos humanos como quieran?”.

La visión constructivista ha permitido a los movimientos gay y pro-choice promover sus intereses particulares como si fueran derechos humanos: “El aborto como un ‘derecho de la mujer’, y el derecho a formar una familia como un derecho individual, independiente del sexo”. El motivo está claro: “Una vez que un asunto ha sido definido en términos de derechos humanos, adquiere una legitimidad especial que resulta muy difícil contrarrestar”.

“Una vez que un asunto ha sido definido en términos de derechos humanos, adquiere una legitimidad especial que resulta muy difícil contrarrestar”

La importancia del “soft law”
Un agente clave para lograr el reconocimiento de “nuevos derechos” son las ONG que promueven una determinada causa, auténticas “redes transnacionales de agitación”. Dice Matlary que a menudo participan en las conferencias internacionales de forma más activa y beligerante que los propios Estados.

El objetivo principal de las ONG de este tipo en esas conferencias es promover la creación de un “Derecho blando” o soft law –documentos internacionales no vinculantes– favorable a su causa. Lo importante “es disponer de algún documento de Naciones Unidas que pueda ser invocado, pues los documentos de la ONU gozan de una especie de ‘legitimidad automática’ en muchas partes del mundo”.

Fuera de la ONU también es posible crear “Derecho blando”. Dos ejemplos recientes los tenemos en los proyectos Estrella y Lunacek, votados en el Parlamento Europeo en diciembre y febrero, respectivamente. El primero pretendía garantizar en la UE el derecho de las mujeres a un aborto legal, pero fue rechazado por una propuesta alternativa que reafirmó la competencia de los Estados miembros en lo relativo a la regulación del aborto (cfr. Aceprensa, 12-12-2013).

El segundo, que sí salió adelante, se ha presentado como una iniciativa para combatir la homofobia y la discriminación por orientación sexual. Pero también pretende establecer un plan de acción para impulsar la agenda LGTB (cfr. Aceprensa, 2-01-2014).

Los derechos como herramientas de poder
Aunque el proyecto Lunacek aclara que esa “política global debe respetar las competencias de los Estados miembros”, en la práctica constituye un instrumento de “Derecho blando” para exigir el reconocimiento en pie de igualdad de todas las formas de familia.

En efecto, las disposiciones anti-discriminación del proyecto pueden llevar a defender que no reconocer los “derechos familiares” de las personas del mismo sexo –incluidos el “derecho” al matrimonio y a la adopción– es un trato desigual injustificado.

Llevada al extremo, la necesidad de combatir esa desigualdad puede conducir también a anteponer un supuesto nuevo “derecho a no sentirse ofendido o discriminado” a derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la objeción de conciencia o el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones (cfr. Aceprensa, 1-04-2013).

De ahí que Sophia Kuby, directora del European Dignity Watch, afirme que el proyecto Lunacek supone una peligrosa erosión del concepto de derecho humano universal frente al de los derechos especiales de grupo.

Otro intento reciente de crear “Derecho blando” son las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU a la Santa Sede, publicadas el 5 de febrero. Aunque en teoría tenían como finalidad valorar las medidas que está adoptando la Santa Sede para prevenir los abusos sexuales a menores, el Comité aprovechó para exigir a la Iglesia “que revise su postura sobre el aborto” y que garantice el reconocimiento de “las diversas formas de familia” en el Derecho Canónico, entre otras cuestiones discutibles (cfr. Aceprensa, 6-02-2014).

Sobre la inesperada inclusión de estos temas en el informe del Comité, Stefano Gennarini, director de estudios jurídicos del Catholic Family and Human Rights Institute (C-FAM) en Estados Unidos, explica a la agencia Zenit la presión que ejercen los grupos abortistas y homosexuales en los comités de la ONU para cambiar la interpretación de “los tratados que supervisan de forma tan vaga y amplia que se puede leer lo que uno quiera en ellos”.

“Los países de las Naciones Unidas se han quejado en repetidas ocasiones de la falta de transparencia en la forma en que los comités de seguimiento interactúan con las ONG. A menudo, la información proporcionada por los países se ignora y los comités dependen casi por completo de la información de estos grupos”, añade Gennarini.

Legitimación en cascada
Cuando se logra un nuevo texto de “Derecho blando” que reformula un asunto en términos de derechos humanos, el siguiente paso consiste en legitimar esa línea de actuación en los distintos Estados miembros. El objetivo es convertir en “Derecho duro” –que ya impone obligaciones jurídicas exigibles– lo que ni siquiera en los foros internacionales goza de un consenso normativo.

Aquí el papel de las redes de agitación vuelve a ser clave. Las ONG activan entonces un proceso de “legitimación en cascada”: la norma que ha recibido cierto respaldo en algún texto internacional “debe ser conocida y debatida en todas partes. Así se supera la resistencia que la norma pueda ocasionar, familiarizándose con ella, y se termina pensando al cabo de algún tiempo que la norma es justa, progresista y natural”, dice Matlary.

Para crear este ambiente de normalización, las ONG se apoyan en “comunidades epistémicas”: grupos de expertos que presentan como “evidencia científica” ciertos puntos de vista discutidos. También es importante la publicación periódica de encuestas, que contribuyan a crear la sensación de acuerdo en torno a unos “avances indiscutibles”. Las ONG apelan entonces a una legitimidad que “emerge desde abajo” cuando en realidad todo el proceso ha sido gestado por unas elites.

Y concluye Matlary: “Los políticos tomarán entonces el relevo, basándose en el ‘respeto a la opinión pública’ (¡o el temor a la misma!). La campaña habrá alcanzado completo éxito cuando la nueva norma esté ya totalmente incorporada a la legislación y la práctica nacionales”.

Dado que la estrategia descrita comenzó en el terreno de la argumentación política, Matlary propone algunas ideas para contrarrestarla: recuperar la visión iusnaturalista de los derechos humanos y mostrar las contradicciones lógicas que encierra la visión constructivista; hacer reflexionar sobre la pregunta “por qué la familia es relevante para la política y para la sociedad”; e insistir en la idea de que los derechos y necesidades de los niños están por encima de los deseos de los adultos.

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