La guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón está en el origen de una ola de homicidios que dura ya 15 años y se beneficia de una impunidad casi total.

Foto: Colectivo La Digna Voz México D.F.— El 20 de junio fueron asesinados dos ancianos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, un pueblo del estado de Chihuahua, al norte de México, enclavado en la Sierra Tarahumara, una zona de gran riqueza cultural indígena y de atractivo turístico hasta que la violencia lo invadió todo en los últimos años. El guía llegó al templo de San Francisco Javier en Cerocahui, herido y buscando refugio, perseguido por un conocido criminal de la zona, El Chueco, quien llegó y asesinó al hombre, así como a los dos jesuitas que salieron en su auxilio. Los cuerpos de las víctimas fueron levantados por los hombres de El Chueco —que se llama José Noriel Portillo— y no fueron devueltos hasta que el asunto llegó a la opinión pública nacional. El Chueco, conocido por éste y muchos otros crímenes, sigue libre. “¡Cuántos asesinatos en México!”, exclamaba el Papa Francisco dos días después en su audiencia general, al referirse a estos tres últimos que se suman a los más de 125 mil asesinatos registrados en lo que va del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, en menos de cuatro años. Si bien los números son más altos que nunca, no se trata de un problema reciente. Durante el sexenio anterior, el de Enrique Peña Nieto, se registraron 151.000 homicidios dolosos, y el anterior, el de Felipe Calderón, 121.000. Naturalmente, estos son solo los registrados por las estadísticas, lo que indica que la cifra real es mucho mayor. Un país sumergido en violencia Los casos de violencia en el país norteamericano no se limitan a estos ya de por sí muchos asesinatos. La violencia en México es un problema estructural, por su brutalidad y su impunidad. Sin buscar caer en la nota roja, menciono dos casos más ocurridos este mismo año. El 27 de febrero, en San José de Gracia, un pueblo del estado de Michoacán, miembros de un cártel de droga se presentaron en el funeral de la madre de un líder de otro cártel; hubo un enfrentamiento con 17 muertos que los propios sicarios recogieron y se llevaron para entorpecer la investigación de las autoridades. El 5 de marzo, en un estadio de futbol del estado de Querétaro, hinchas de uno y otro equipo se enfrentaron dando pie a una auténtica batalla campal incontrolable que se prolongó por horas ante las cámaras de televisión y los múltiples teléfonos celulares que subieron el contenido a redes: las terribles imágenes con cuerpos inmóviles en el suelo y ensangrentados dieron la vuelta al mundo. El México bárbaro que describió elocuentemente el periodista John K. Turner en 1909, lo sigue siendo, con cifras récord. En 2021 se reportó en el país la cifra más alta de feminicidios —así catalogados en el sistema penal mexicano cuando sus motivaciones son “razones de género”, es decir, por tratarse de mujeres— desde que comenzaron los registros en 2015, con más de mil casos. México también es tristemente reconocido por su alto índice de asesinatos de periodistas en relación con su labor informativa: 154 periodistas asesinados del 2000 a la fecha de escritura de este artículo, 12 únicamente en este año 2022, siendo el país con más periodistas asesinados en el mundo en 2017 y en 2019, según Reporteros Sin Fronteras. Reflexiones en torno al problema Se han buscado los orígenes de esta notoria tendencia a la violencia. Hay quien apunta a la preponderancia precolombina del pueblo azteca, bien conocido por sus sacrificios humanos de prisioneros cazados en las llamadas guerras floridas. Por lo mismo varios pueblos sojuzgados no dudaron en unirse a Hernán Cortés y a sus hombres para derrocar a los aztecas. Desde entonces, puede decirse que la historia de México es una historia de violencia: un país formado a partir de una conquista que ha dado lugar a una sociedad desigual, y que en los últimos cien años ha ido incrementando la violencia desde la Revolución mexicana y las guerras oficiales como la Guerra Cristera o la guerra contra Estados Unidos, hasta las guerras no oficiales como la más reciente guerra contra el narcotráfico. Los narcotraficantes no se dedican solo a la droga, sino que explotan la violencia con apropiación de bienes, extorsión, trata de personas, secuestro y otros crímenes Esta connivencia con lo violento se asocia a la célebre familiaridad de los mexicanos con la muerte y lo macabro, cristalizada en la celebración del Día de muertos el 2 de noviembre de cada año y a la que el Premio Nobel mexicano Octavio Paz dedicó un capítulo de su obra imprescindible, El laberinto de la soledad. “Dime cómo mueres y te diré quién eres”, escribió el poeta mexicano. Sin embargo, a nivel sociopolítico hay un consenso (con datos) sobre la explosión de la violencia que vivió el país a partir de la así llamada guerra contra el narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón (2006-2012). El narco y el incremento reciente de la violencia Como su nombre indica, el crimen organizado genera toda una estructura económica y social que lo sostiene, de la que depende pero que se vuelve también dependiente de él. En las últimas décadas del siglo XX, los grupos narcotraficantes se convirtieron en parte del tejido social, incluso permitiendo la supervivencia de muchos individuos en situaciones extremas. Grosso modo, la estrategia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país durante más de 70 años, había sido pactar de algún modo con estos grupos o dejar hacer, sin que fuera esto una clara decisión centralizada sino más bien un modo de hacer las cosas en un sistema corrupto y muy difuminado en un país de casi 2 millones de km2 y más de 100 millones de habitantes con una estructura federal que hace que cada estado vele en parte por su seguridad interna. El gobierno de Felipe Calderón, iniciado en 2006, quiso revertir esa estrategia y distraer la deuda social con la que empezó su mandato (con acusaciones de fraude electoral incluidas) hacia el problema de la seguridad. La guerra contra el narcotráfico impulsada por Calderón alteró el statu quo de los grupos narcotraficantes, generando mayor violencia entre ellos para captar las plazas –territorios controlados por un grupo criminal determinado– liberadas por las intervenciones militares, o llenar los vacíos de poder generados por la detención o el abatimiento de sus líderes. Los métodos militares también fueron necesariamente violentos, y la violencia llamó a más violencia, que además pasó de volverse voluntariamente discreta a llamativamente pública. Los medios de comunicación se vieron llenos de ejecutados, decapitados, mutilados, personas disueltas en ácido o expuestos en la vía pública con mensajes (narcomantas) o en fosas comunes. A los narcotraficantes les viene ya muy pequeño ese nombre pues no se dedican a traficar drogas, sino que explotan en muchos sentidos el negocio de la violencia: apropiación de bienes de empresarios y de particulares, extorsión, trata de personas, secuestro, cobro de piso, sicarios y un largo etcétera. El problema de la impunidad La otra cara de esta moneda es la de la impunidad rampante. El 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”, según un informe presentado por el centro de análisis México Evalúa. En México se vive una crisis de impunidad y de descrédito de la autoridad que deviene en un círculo vicioso, lo cual genera otro tipo de fenómenos violentos como el de las autodefensas —grupos civiles que deciden armarse para defenderse de la violencia al margen de la autoridad, algunos de los cuales ya se han convertido a su vez en grupos de crimen organizado— o el de otro triste récord mexicano que es el de los linchamientos. Que el pueblo en forma de turba enfurecida tome la justicia por propia mano es algo también bastante normalizado en México. Si bien no hay cifras oficiales más recientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó en 2018 la cifra de 178 muertes por linchamiento, el triple que el año anterior. Y no se trata de un método eficaz de disuadir criminales, sino de un fenómeno que muchas veces ha asesinado inocentes por confusiones de la masa frenética, con ciertos patrones como el que se acuse a la víctima de ser un secuestrador (“robachicos”) y que ocurre de modo particular en el estado de Puebla, en el que entre 2015 y 2019 hubo 600 casos y 78 personas muertas según el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Basta el ejemplo reciente de Daniel Picazo, un joven abogado linchado en el municipio de Huachinango, Puebla, por una muchedumbre azuzada por una cadena de noticias falsas en redes sociales y que no pudo ser controlada por los agentes de policía que intentaron salvar al linchado. ¿Estado fallido? El término de “Estado fallido” es invocado con cierta facilidad al analizar el despliegue de la violencia en México en los últimos años. La normalización de esa violencia también genera una serie de afectaciones psicológicas en la población cuyo alcance y consecuencias son difíciles de calcular, pero que se extiende también hacia dentro de los hogares con cifras de violencia intrafamiliar también importantes y preocupantes. Respecto al asesinato de los jesuitas, el representante en México de la Compañía de Jesús, Luis Gerardo Moro, declaró: “La sangre de Pedro, Javier y Joaquín se unen al río de sangre que corre por nuestro país. Exigimos que las autoridades cumplan con su vocación y deberes”. El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha querido adoptar la estrategia contraria del de Felipe Calderón —su enemigo político número uno— y en su narrativa demagógica en la que todos los mexicanos, incluidos quienes ejercen la violencia, son el “pueblo bueno” ha cristalizado su inacción en una frase hoy célebre en México: “abrazos, no balazos”. No existe una explicación única ni fácil para el problema de la violencia en México. Incluso sus productos culturales, como es su cine, se muestran consternados ante este problema, sus repercusiones en la sociedad mexicana y sus individuos. En entrevista con la periodista mexicana Valentina Alazraki, la decana de los periodistas en la Santa Sede, el Papa Francisco apuntaba un motivo sobrenatural, que “el diablo le tiene bronca a México, por odio a la Virgen de Guadalupe”. Sea como fuere, una situación así de compleja necesita medidas articuladas que vayan desde lo operativo hasta lo educativo y cultural en muchos niveles, y que pasan por reconocer el problema en toda su envergadura. Un meme reciente alteraba la bandera de México, de franjas verde, blanca y roja, mostrando mucho más amplia la franja roja, pues es sabido que ese color en la bandera simboliza la sangre de los héroes nacionales. Sin embargo, su franja verde viene en primer término, y es un verde que simboliza esperanza. México es un país también conocido por su alegría, su hospitalidad, su fe. Un país en el que todo este mal podría algún día ser vencido por el mucho bien que en él existe.

La violencia incontrolable en México

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