“Comelones de frijoles” en contra de la corrupción

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Duración lectura: 8m. 18s.
Manifestantes en la Plaza de la Constitución (Ciudad de Guatemala)

Manifestantes en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala (foto: Marielos Chang)

 

Ciudad de Guatemala.— Los ciudadanos de Guatemala llevan varias semanas reuniéndose en las plazas de todo el país para manifestar su hartazgo con la política. Los chapines (guatemaltecos) están cansados. Están cansados de votar por un cambio y recibir más de lo mismo. Están cansados de exigir resultados y ver políticos acomodados. Están cansados de ver a su gente sufrir: por la pobreza, por el hambre, por el covid-19, por los huracanes y finalmente por la ineptitud y corrupción que imperan en el gobierno.

El 17 de noviembre se aprobó a media noche, con las persianas bajadas y con prisas, un presupuesto de 99.700 millones de quetzales, que aumenta la deuda del país y deja casi sin financiamiento al Tribunal Constitucional o al combate a la desnutrición. Además, muchas de las partidas quedan indefinidas, dejando la puerta abierta a que los mismos intereses oscuros cercanos al Congreso puedan echar mano del presupuesto nacional.

Finalmente, ha indignado a la población el cinismo de los diputados que aprobaron destinar millones a la construcción de un nuevo edificio del Congreso, cuando existen niños que reciben clases sentados en botes de pintura, y otro tanto a almuerzos para los diputados, cuando el 59,3% de la población vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi la mitad de los niños menores de cinco años. Todo esto, agravado por los desastres recientes provocados por dos fuertes huracanes.

Mateo Echeverría, escritor guatemalteco y asistente a las protestas, explica que el malestar no proviene solo del presupuesto, que es algo técnico y difícil, sino de la mala gestión del gobierno de Alejandro Giammattei, en quien muchos guatemaltecos habían puesto grandes esperanzas. “Giammattei ha ido retrocediendo en muchos sentidos: el maltrato a la prensa, cero transparencia –fiscalizar al gobierno está siendo cada vez más complicado–, y luego la actuación más grave es la del Congreso: su forma de aprobar las cosas con opacidad, los cambios en los viceministros… Estas cosas se suman y lo resumo en cinismo: ante el guatemalteco medio que sufre, ellos se dedican a asignarse dietas de miles de quetzales para sus reuniones. El presupuesto fue solo la gota que derramó el vaso”, asegura Echeverría.

Un presupuesto con puntos reprobables

Los motivos de rechazo al presupuesto eran numerosos. En primer lugar, una gran porción se pretendía financiar con deuda pública, aumentando la que Guatemala arrastra ya desde hace varios años. Por otro lado, las prioridades del presupuesto se percibieron como desenfocadas. “A manera de ejemplo –explica el Lic. Luis Fernando Bermejo, abogado y columnista de opinión en el diario La Hora–, incluía aumentos considerables a los Consejos de Desarrollo y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda (MICIVI) que daban la impresión de ser dirigidos a pagar favores políticos a los diputados. Es conocido que la planificación y ejecución de obra por los Consejos de Desarrollo constituye un bolsón importante de corrupción a favor de diputados ligados a constructoras y contratistas”. Y mientras el MICIVI recibía más presupuesto, se reducía “el monto destinado a reducir la desnutrición crónica y el monto dirigido a comprar las vacunas para el covid-19”.

El proyecto de presupuesto reducía los fondos contra la desnutrición y el covid-19, mientras aumentaba asignaciones dudosas que se prestaban a usos fraudulentos

Esta situación generó un malestar generalizado y motivó a los ciudadanos a reunirse en las plazas. Los reclamos iban desde la renuncia del presidente Giammattei hasta una reforma constitucional. La inspiración de las manifestaciones era la marea blanca que provocó la renuncia y posterior captura del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti en 2015.

Echeverría asistió a la primera manifestación y ha vuelto a la plaza todos los sábados desde entonces. Al preguntarle por qué, responde sin dudar: “No tenía opción, no ir no era opción para mi si quería ejercer mi ciudadanía. Es el único canal que muchas personas están encontrando para hacer escuchar su voz y se repite porque no se escucha lo suficientemente fuerte”.

Una manifestación que terminó en llamas

La manifestación, aunque pacífica en sus inicios, terminó siguiendo los pasos de las surgidas en otros países de América, como las protestas de Chile o las de Black Lives Matter en Estados Unidos. Parte del Congreso de la República ardió por las acciones de algunos manifestantes encapuchados. El hecho fue calificado de extraño por algunos grupos que insistieron en que los culpables eran infiltrados del propio gobierno, pues solo quemaron algunas salas externas y la policía no los detuvo.

Para muchos manifestantes, esto contribuyó a la frustración general, pues el deseo genuino de una mejora para el país se vio manchado por las reprobables acciones en el Congreso. A esto se sumó la acción policial que muchos tacharon de represiva contra los manifestantes. “La manifestación que yo viví en la plaza fue pacífica. No hubo represión, sino hasta cuando ya me retiraba pude constatar de lejos que habían lanzado gases lacrimógenos a manifestantes en una sección de la plaza”, comenta Bermejo.

Para cambiar las cosas, ¿violencia o diálogo?

Las manifestaciones se han repetido después de la primera, la más masiva, y la exigencia de los ciudadanos no cesa. Muchos defienden los sucesos del Congreso como el “único modo” de provocar cambios verdaderos, mientras que otros recuerdan que aún hay otros caminos. “Creo que la quema de edificios no es lo adecuado para expresar descontento popular con el gobierno. Lo ideal sería que el diálogo y discusión política sea incluyente de sectores representativos. Me parece que la vía para realizar cambios de índole político es una mayor participación de la población: la percepción de que es indeseable hacerlo ha dejado el espacio a políticos oportunistas e incompetentes. Debemos cambiar la tendencia pero es por medio de que la mejor gente se involucre en la política del país. Si no, nada cambiará”, explica Bermejo. Esto se explica, pues en Guatemala “entrar en política” es casi una sentencia de muerte para una persona que quiere hacer las cosas bien: o acabas en la cárcel o acabas muerto.

Por ello, el tan ansiado diálogo pareció caer por la borda cuando el presidente Giammattei decidió invocar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) a los pocos días de la primera manifestación. La Carta Democrática puede ser invocada por un Estado miembro de la OEA cuando “está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder”, a fin de pedir asistencia al secretario general para que la OEA apoye en la preservación de la institucionalidad.

Según Bermejo, invocarla implica que existe un peligro de rompimiento del orden constitucional para deponer el gobierno democráticamente electo, cosa que no ocurre en Guatemala. “Lo que existe –dice– es un descontento popular con el gobierno por la forma tan opaca en que se ha actuado en el caso del presupuesto y por la deficiente gestión que percibe la población de la presente administración”.

Hasta ahora, las acciones del gobierno han sido intentos de calmar las aguas y no verdaderos esfuerzos por atacar el problema de raíz

Esto provocó que los ciudadanos percibieran que el presidente equipara el derecho a manifestarse con un golpe de Estado. Además, los comentarios cínicos de algunos diputados tampoco aportaron a la capacidad de diálogo. El diputado Rubén Barrios aseguró en la sesión del Congreso que no agacharía la cabeza ante ningún “comelón de frijoles”, refiriéndose despectivamente a los guatemaltecos y al frijol, una de las comidas más comunes en el país por ser abundante y asequible.

Tapar el sol con un dedo

Ante la creciente presión ciudadana, tanto el Congreso como el presidente tomaron ciertas acciones con la intención de recuperar algo de la credibilidad perdida. El Congreso suspendió el trámite del presupuesto y lo devolvió al Ejecutivo. Sin embargo, esto enfureció más a algunos ciudadanos, puesto que en caso de que no se presente y apruebe un presupuesto nuevo, automáticamente se prorroga el de 2020, con las ampliaciones derivadas de la emergencia por el covid-19. “El asunto es que el presupuesto está desfinanciado porque esas ampliaciones fueron fondeadas con los bonos vendidos al Banco de Guatemala. Tendrán que modificarlo posteriormente”, explica Bermejo.

Por su parte, el Dr. Giammattei anunció el cierre del repudiado Centro de Gobierno, nueva dependencia que él mismo instauró al asumir la presidencia y a la que destinó 8,5 millones de quetzales en 2020, con la intención de sumar otros tantos en 2021. Este Centro tiene como objetivo prestar asesoramiento para cumplir con cada una de las prioridades del Ejecutivo. Los expertos lo consideran innecesario, pues el Ejecutivo cuenta ya con suficientes instituciones asesoras. Además, el titular del Centro es Miguel Martínez, conocido por ser personalmente cercano a Giammattei.

Con todo esto, las acciones del gobierno han sido intentos de calmar las aguas y no verdaderos esfuerzos por atacar el problema de raíz. La población guatemalteca ha sido muy afectada tanto por la pandemia y los huracanes como por las acciones sin escrúpulos del gobierno actual, por lo que no se sienten satisfechos con los pequeños gestos. Por el momento, los chapines siguen empeñados y se reunirán nuevamente en la plaza este sábado.