Por primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU ha debatido el deber de intervención humanitaria de la comunidad internacional cuando poblaciones civiles están gravemente amenazadas. Sin llegar a proponer ningún cambio en la Carta de la ONU, se ha precisado mejor el modo de reforzar la llamada «injerencia humanitaria» sin negar la soberanía de los Estados.
En un debate en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 1999 -con el trasfondo de las entonces recientes intervenciones internacionales en Kosovo y Timor Oriental-, Kofi Annan, apoyado por EE.UU. y Europa, abogó por reconocer en la Carta de la ONU el concepto de «intervención humanitaria». Pero se encontró con la oposición de otro bloque, liderado por China y Rusia, atrincherado en la soberanía nacional y receloso de dar carta blanca a la «injerencia occidental» (cfr. servicio 135/99). Ahora el Consejo de Seguridad ha debatido un informe elaborado -a instancias del secretario general- por el gobierno canadiense y varias personalidades, que trata de definir las condiciones de una intervención de ese estilo.
Para no herir susceptibilidades, en vez de «derecho de injerencia» el informe utiliza la expresión «responsabilidad de proteger». No olvida tampoco el valor de la soberanía nacional, ya que el informe subraya que «es al Estado al que corresponde, en primer lugar, la responsabilidad de proteger a su pueblo».
Pero a veces la amenaza para el pueblo proviene precisamente del fracaso de la protección del Estado: «Cuando una población sufre gravemente por una guerra civil, por una insurrección, por una represión ejercida por el Estado o por el fracaso de sus políticas, y cuando el Estado no está dispuesto o no es capaz de poner término a estos sufrimientos o evitarlos, la responsabilidad internacional de proteger tiene primacía sobre el principio de no-intervención».
Una intervención militar internacional estaría justificada cuando en un país se produjeran pérdidas considerables de vidas humanas, atribuibles a la acción deliberada del Estado, hubiera o no intención genocida, o a su negligencia o incapacidad, o una limpieza étnica a gran escala.
¿Qué condiciones deben darse para que la intervención sea justa? Los autores del informe no se apartan mucho de las condiciones clásicas de la «guerra justa». La intervención militar debe ser el último recurso, una vez agotadas todas las posibilidades de prevención y arreglo político del conflicto. Debe ser una intervención con los recursos bélicos proporcionados, y ha de tener perspectivas razonables de éxito. Las operaciones deben tener carácter multilateral y contar con el apoyo manifiesto de las víctimas.
El informe estima que el órgano más apropiado para autorizar una intervención militar internacional sería el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero ahí el obstáculo puede ser el derecho de veto de las grandes potencias. Para evitarlo, sugiere que los cinco miembros permanentes renuncien a ejercer su derecho de veto, cuando sus intereses vitales no están en juego, y si hay mayoría a favor de la intervención. Rusia no se ha mostrado partidaria de este «uso razonado» del derecho de veto.
En cualquier caso, aun sin el veto, haría falta la voluntad política de las potencias que son capaces de intervenir militarmente. Y, según la experiencia de los últimos diez años, el problema principal es más bien la inacción de las grandes potencias frente a crímenes de gran amplitud, como ocurrió en el genocidio de Ruanda.
Por ahora nada va a cambiar en la Carta de la ONU, pues el Consejo no se ha planteado hacer suyo el informe. Pero el hecho de que el asunto se haya debatido es ya un paso adelante en el afianzamiento del deber de intervención humanitaria.