La protección efectiva de los derechos humanos exige que se puedan castigar las transgresiones, por medio, si es preciso, de instancias superiores a las leyes y los poderes nacionales. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dirime los casos contenciosos entre particulares y los Estados miembros del Consejo de Europa. Pero la universalidad de los derechos humanos pide una autoridad judicial del mismo rango. Esto resulta evidente cuando se trata de casos como la guerra en la ex Yugoslavia o el genocidio de Ruanda, que no se pueden confiar a tribunales nacionales.
Precisamente alentada por esos dos casos, desde hace tres años la ONU trata de establecer un tribunal internacional permanente para juzgar crímenes cometidos en tiempo de guerra o conflicto civil. En las negociaciones participan representantes de más de cien países, para dar los últimos toques al borrador de documento constitutivo, que el próximo junio se someterá a aprobación de los Estados miembros en una conferencia mundial que tendrá lugar en Roma. Sería la aportación quizá más sustantiva a las celebraciones del cincuentenario de la Declaración Universal. Es probable que se consiga, pues el plan cuenta con el respaldo de Estados Unidos y las otras grandes potencias.
¿Quién puede iniciar un proceso?
Los puntos más debatidos en las conversaciones son la jurisdicción del tribunal, el procedimiento y las relaciones con los otros tribunales internacionales, así como con la propia ONU y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Respecto a las competencias, lo más probable es que el tribunal se limite a tres tipos de ofensas: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, todos ellos definidos en tratados internacionales.
En cuanto al procedimiento, hay acuerdo en que el tribunal no juzgará a quienes no logre que comparezcan y que no podrá condenar a muerte.
El punto más delicado es quién tendrá competencias para iniciar un proceso. Para algunos países (Francia, Rusia, Japón), el tribunal sólo debería abrir un caso con el consentimiento de todos los gobiernos implicados. Otros (Canadá, Alemania, las naciones escandinavas y, en general, los países en desarrollo) piensan que bastaría que cualquier gobierno interesado presentara la denuncia.
Otro asunto es el de las relaciones con el Consejo de Seguridad, que sería, en definitiva, el poder ejecutivo que respaldaría al tribunal. Estados Unidos es contrario a que el tribunal intervenga en conflictos en que el Consejo esté implicado como mediador (así sucede en el caso de la ex Yugoslavia). Alega que la ONU no puede negociar con las partes en conflicto y a la vez perseguir a los criminales. Otras delegaciones replican que, como el Consejo de Seguridad interviene en prácticamente todos los conflictos importantes, la solución norteamericana equivaldría a otorgar poder de veto a los cinco miembros permanentes: el tribunal, entonces, carecería de crédito, pues todo el mundo lo vería como un mero instrumento de las grandes potencias.
En esta disputa, se abre paso una salida de compromiso propuesta por Singapur: el tribunal podría juzgar cualquier caso -presentado por uno o varios gobiernos, según lo que se decida-, pero tendría que inhibirse si lo ordenara el Consejo de Seguridad.
El intento de constituir el tribunal internacional permanente ha tomado ímpetu con motivo de la buena ejecutoria mostrada por el tribunal especial para la guerra de Yugoslavia, con sede en La Haya. Formado por mandato de la ONU en 1993, ha probado su eficacia desde que las potencias han empezado a exigir con fuerza la entrega de los acusados y a emplear los soldados de la OTAN para practicar detenciones.
Un ejemplo alentador
El tribunal no celebró el primer juicio hasta 1996. El mes pasado comenzaron dos más, y ahora hay veinte detenidos a disposición de los jueces, que han cursado órdenes de captura contra otros 54 acusados.
Los magistrados y fiscales de La Haya han tenido que superar grandes dificultades. La primera es la falta de cooperación por parte de los tres gobiernos implicados (serbio, bosnio y croata), y hasta el año pasado de la OTAN, para entregar a los acusados. Se ha encontrado también con la resistencia de muchos testigos a declarar, por miedo a represalias, y con intentos de destruir pruebas. Ha tenido que aplicar las leyes internacionales sin contar apenas con precedentes.
Pero, finalmente, ha demostrado que puede juzgar a criminales de guerra de forma seria e imparcial. A diferencia de los tribunales de Nuremberg y Tokio, que juzgaron los crímenes cometidos en la II Guerra Mundial, el de La Haya no es sospechoso de impartir la justicia de los vencedores.
No ha sucedido lo mismo con el tribunal especial para Ruanda, constituido en Tanzania tras las matanzas de 1994. Descuidado por la ONU, olvidado por la opinión pública occidental, no ha logrado celebrar un solo juicio. En este caso, los medios humanos y materiales, y el interés de las potencias, han sido mucho menores. Lo que confirma, por contraste, la lección que enseña el tribunal de La Haya: si el mundo está decidido a que las leyes internacionales sobre derechos humanos tengan fuerza coercitiva, se puede lograr.
ACEPRENSA