Filipinas pide la “injerencia” extranjera en pro de los derechos humanos

Manila. La presidenta filipina Gloria Macapagal-Arroyo ha invitado a la Unión Europea a que envíe representantes para participar en las investigaciones sobre asesinatos por motivos políticos en el país. Mientras que otras naciones considerarían semejante acción como una interferencia en los asuntos internos, la llamada de Arroyo es vista como un intento de limpiar la negativa imagen del país en el extranjero y aplacar las protestas del interior por la ineficacia del gobierno para poner fin a este tipo de asesinatos.

Mientras ocupa la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Filipinas ha sido duramente criticada por su escaso respeto a los derechos humanos. Una serie de asesinatos políticos no resueltos ha manchado la imagen internacional del país haciéndolo poco atractivo para los inversores extranjeros, a pesar de haber tenido un crecimiento económico del 5,5% en 2006. Japón ha hecho saber también que este estado de cosas pone seriamente en peligro el mantenimiento de su ayuda oficial al desarrollo de Filipinas.

La opinión general, especialmente en los medios de comunicación, es que la participación de la comunidad internacional en la investigación de la continuada serie de asesinatos, presionaría al gobierno de Arroyo para detenerlos.

Desde antes de la primera revolución de “El Pueblo al Poder”, que llevó al derrocamiento pacífico del entonces presidente Ferdinand Marcos en 1986, los activistas políticos han sido los catalizadores del cambio. No es sorprendente, pues, que estos militantes -entre los que se incluyen trabajadores sociales, sindicalistas, líderes campesinos, parlamentarios y eclesiásticos- hayan sido a menudo víctimas de asesinatos, a manos de mercenarios o de falsos militares.

Grupos pro derechos humanos han atribuido los asesinatos a la acción antiguerrilla de la administración Arroyo contra un movimiento insurrecto. Bayan Muna, un partido político legal de izquierda, habla que desde que Arroyo asumió la presidencia en 2001 ha habido 778 asesinatos por motivos políticos.

Los periodistas también han sido víctimas de ejecuciones sumarias. Sólo en 2006, la Unión Nacional de Periodistas Filipinos (NUJP) reveló que 12 trabajadores de los medios habían sido asesinados por haber hablado con claridad contra errores o abusos de funcionarios locales y nacionales. Según los datos de la NUJP y el Centro para la Libertad y Responsabilidad en los Medios, el número de periodistas asesinados desde 2001 suma 48. Sólo cuatro de estos casos han sido resueltos o perseguidos con éxito.

Las investigaciones oficiales

En 1987 la entonces presidenta Corazón Aquino creó la Comisión de Derechos Humanos (CHR), una agencia independiente cuyo objetivo es velar por el respeto a los derechos humanos.

En 2005, la CHR realizó sus propias investigaciones sobre 38 ejecuciones sumarias y agresiones contra militantes políticos. Según estas investigaciones, la mayoría de los responsables de esos asesinatos pertenecían al ejército o a sectores paramilitares del gobierno. La negativa de testigos y familiares de las víctimas a testificar y ofrecer pruebas, por miedo a arriesgar sus vidas, ha frenado las investigaciones.

El 21 de agosto de 2006, después de duras críticas por parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos, la presidenta Arroyo creó una comisión para investigar los asesinatos políticos. La comisión de cinco miembros, encabezada por el ya retirado magistrado del Tribunal Supremo José Melo, presentó su informe a la presidente Arroyo el pasado 30 de enero. La comisión Melo afirma que los responsables de la mayoría de los asesinatos son militares y recomienda que se haga responsables de ellos a los oficiales que estaban al mando de las respectivas áreas cuando se produjeron.

Varios sectores de la sociedad civil han pedido a la presidenta Arroyo que hago público el informe completo de la comisión Melo. En su lugar y de momento, Arroyo ha pedido a la Unión Europea y a Suecia, Finlandia y España que envíen representantes para que se unan a las investigaciones. La decisión ha sido bien recibida dadas las reticencias de activistas políticos y familias de las víctimas que han boicoteado la comisión.

La Policía Nacional de Filipinas también tiene su propio comité investigador. Este comité ha atribuido los asesinatos a la acción de las milicias comunistas, el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), para purgar sus propias filas.

El partido de izquierda Bayan Muna y la organización pro derechos humanos Karapatan (Derecho), han denunciado al gobierno de Arroyo por esta racha de asesinatos ante el relator especial de la ONU en Ginebra, Philip Alston.

El 10 de febrero, Philip Alston vino a Filipinas para una misión de diez días. Alston se ha reunido con activistas pro derechos humanos, víctimas de abusos y familiares de éstos, así como con funcionarios, agencias policiales y miembros de la sociedad civil. Por razones de seguridad, los detalles de los encuentros no se han hecho públicos.

Meldy PelejoACEPRENSA

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