Bruselas.— La última gran crisis comunitaria se ha vivido con preocupación entre los socios, no solo porque peligraban los fondos europeos para la recuperación post-covid, sino porque una vez más se han puesto de manifiesto las tensiones existentes en el seno de la Unión acerca del proyecto europeo y su futuro.
Las miradas, poco amables, han ido dirigidas contra Polonia y Hungría que en el terreno de juego, o más bien de batalla, representan al “feo” y al “malo” mientras que desde Bruselas, “el bueno”, se intenta apaciguar el debate y buscar compromisos que permitan seguir tomando decisiones, especialmente en un momento tan grave como el que vive el continente en plena pandemia.
¿Pero qué fundamento hay en de las quejas de los socios contra el gobierno polaco y especialmente contra el del húngaro Viktor Orbán?
Cambio de las reglas del juego
Para el secretario del programa de Liderazgo del Centro Europeo Social de los Jesuitas (JESC), el abogado y experto en política exterior Botond Feleny, la última gran disputa tiene un origen claro. La Comisión Europea, tras una iniciativa del Parlamento, ha intentado “cambiar las reglas del juego en medio del partido”. Durante la negociación del presupuesto comunitario, el Parlamento Europeo (PE) exigió introducir la llamada cláusula de condicionalidad por el que las ayudas europeas se vinculan al cumplimiento del Estado de Derecho. O dicho de otra forma, tal y como aparece en el reglamento, las ayudas pueden bloquearse si la deriva antidemocrática de un país pone en peligro los intereses financieros de la UE. Un torpedo dirigido fundamentalmente a Varsovia y a Budapest, que ven un intento directo por parte de la Comisión Europea de utilizar las diferencias políticas para imponer sanciones financieras.
Esta cláusula enfureció a los dos países, que vetaron la aprobación de todo el presupuesto comunitario para los próximos cinco años, incluidos los 750.000 millones de euros del conocido como Fondo de Recuperación, destinados a sufragar los tremendos daños que el coronavirus ha causado en Europa.
La presidencia alemana ha desbloqueado el conflicto ofreciendo a Polonia y Hungría que, antes de suspender el envío de ayudas a los países que reciben esos fondos, sea el Tribunal de Justicia de la UE el que se pronuncie y decida si ha habido violación o no de los tratados. En el fondo, no se elimina esa cláusula de condicionalidad, pero sí se matizan los términos en los que se aplicaría y en ningún caso podrían ser los propios Estados los que decidieran a quién bloquear las ayudas comunitarias.
Enfrentamiento
Este conflicto, que fuentes europeas consultadas por Aceprensa califican de grave, porque estaba en juego la supervivencia económica del bloque en los próximos años, no es ni mucho menos el primero entre las dos capitales y el resto de los socios.
Hungría y Polonia viven un enfrentamiento tenso y bronco con Bruselas. La Comisión Europea ha abierto en varias ocasiones procedimientos de infracción contra los gobiernos de Viktor Orbán y de Andrzej Duda: el último contra el polaco, por querer sancionar a los jueces críticos con las reformas del gobierno; antes, contra el húngaro, por su política de asilo e inmigración, entre otros motivos.
En el seno de la eurocámara, el Partido Popular Europeo (PPE) vive un debate intenso sobre esta cuestión. Varios diputados populares se están movilizando para expulsar al actual jefe de la delegación húngara, Tamás Deutsch, quien recientemente acusó al líder del grupo, Manfred Weber, de expresarse como la Gestapo o la policía secreta húngara durante el comunismo al decir que Hungría no tenía nada que temer si cumplía con los valores del Estado de Derecho.
“Los 40 años de comunismo han creado una evolución diferente en las sociedades de este y del oeste de Europa” (Botond Feleny)
“Comparar nuestro apoyo al Estado de Derecho con los métodos de la Gestapo o los estalinistas es un insulto para todos nosotros en el PPE. Comparar la Unión Europea con la opresión nazi o comunista es una distorsión flagrante e intolerable de hechos históricos y un insulto y vilipendio de los millones de víctimas del nazismo y el comunismo”, escribe el popular austríaco Othmar Karas en una carta dirigida a sus correligionarios. Afirmaciones como esas, fuera de tono, han colmado en muchas ocasiones la paciencia de los socios de Fidesz en el PE, aunque no han sido los únicos puntos de fricción.
La definición de matrimonio en el ordenamiento jurídico húngaro o los derechos de los grupos LGTBI en esos países han sido también motivo de confrontación. El pasado 15 de diciembre, el partido de Viktor Orbán ha conseguido que se apruebe una enmienda constitucional que excluye a las parejas homosexuales de adoptar niños. El texto de la enmienda estipula en la Carta Magna que “la madre es mujer, el padre es varón”, y que Hungría garantiza el desarrollo del niño de acuerdo con su género.
Diferentes puntos de vista sobre la integración europea
Para Feleny, “los 40 años de comunismo han creado una evolución diferente en las sociedades de este y del oeste de Europa, pero el apoyo a la Unión Europea es de los más altos entre las poblaciones de los países del este”.
Los 10 países que se unieron al club en 2004, incluidas Polonia y Hungría, cumplieron con los criterios de Copenhague, las condiciones exigidas a todo Estado antes de entrar en la UE: un examen riguroso, con lupa, al que se somete a los candidatos. Esas condiciones son la garantía sobre el respeto al Estado de Derecho: separación de poderes, independencia judicial y otras.
Cualquier violación de estos principios es dirimida y juzgada por la máxima instancia judicial de la UE, el Tribunal de Justicia, que puede llegar a activar el artículo 7 del tratado, dejando sin derecho a voto en el Consejo (la reunión de los jefes de Estado o gobierno) al país que viole los principios del Estado de Derecho. Al margen de estos principios “sagrados” para los integrantes del club, emergen las cuestiones de cesión de soberanía y de nivel de integración europeo.
Botond Feleny considera que ciertos grupos dentro de algunos Estados miembros interpretan la soberanía de diferente modo. Y los gobiernos de Hungría y Polonia “no quieren ceder a la UE la autoridad en cuanto a considerar qué es matrimonio o si el colectivo LGTBI tiene derecho a adoptar niños, o si las mujeres pueden abortar libremente”.
Y ambos están en su derecho, puesto que la UE no puede legislar ni penalizar en esos casos. El artículo 2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho a la vida de toda persona, y el artículo 9, el derecho a contraer matrimonio según las leyes establecidas en cada país.
“Ciertos grupos, sobre todo –añade Feleny–, utilizan estos temas para crear conflicto y con un trasfondo electoral claro”; pero no son esenciales para una mayoría de la población europea. Más bien parece como si se intentara mezclar los principios del Estado de Derecho con principios que no tienen nada de derechos fundamentales.
Iliberales
Sin embargo, para la profesora de Ciencias Políticas y presidenta del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas, Ramona Coman, no se trata de las sociedades húngaras o polacas, ni siquiera de Polonia o Hungría. Se trata sobre todo del Fidesz, el partido de Viktor Orbán, y el PiS (Ley y Justicia), el partido de Jaroslav Kaczynski que gobierna con mayoría absoluta desde 2015 en Polonia. Y también en la República Checa o en Rumanía hay partidos con los mismos preceptos “iliberales”, en palabras de Orbán. Y no solamente en el este de Europa: también en “este lado”; basta con mencionar el partido de Marine Le Pen en Francia, que cuenta con un apoyo significativo de parte de la población.
Con estos conflictos cada vez más numerosos en el seno de la UE aumentan la politización y la polarización de las sociedades europeas
Estos partidos “invocan los valores europeos dándoles otro significado, para imponer su agenda política que solo busca restringir los derechos de las minorías, sean cuales sean. Se trata de redefinir palabras como Estado, o sociedad o Derecho, porque no respetan sus valores tradicionales”. En definitiva, para Coman utilizan los mismos valores que los demás pero les dan otros significados y se presentan ante sus socios como víctimas.
Para la profesora Coman, la concepción europea de estos partidos difiere del modelo europeo actual. “Defienden una Europa de las naciones a lo Charles De Gaulle donde las decisiones deberían tomarse solo a nivel gubernamental. Todas las demás instituciones, que representan el modelo supranacional y comunitario, como el Parlamento, la Comisión o el mismo Tribunal de Justicia, no tienen autoridad para ellos”.
También en el oeste
Pero de la misma manera que Bruselas ha tenido en el punto de mira a Hungría y Polonia, otros Estados miembros han sido reprendidos por decisiones políticas de sus gobiernos, y no solo en el este de Europa. Desde la capital europea se ha señalado varias veces a Malta por su violación de principios democráticos por parte de un gobierno que muchos califican de corrupto. El asesinato de la joven periodista Daphne Caruana, que reveló los escándalos del gobierno, fueron solo la punta del iceberg. Recientemente, Francia se ha visto forzada a redactar de nuevo la ley de seguridad que pretendía limitar la difusión de imágenes de policías ejerciendo su trabajo y ha despertado suspicacias en la capital comunitaria por considerar que viola la libertad de información.
Bruselas ha llamado la atención recientemente a España, algo por cierto nada habitual, por la reforma planteada por el gobierno para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, advirtiendo que este organismo “no puede ser vulnerable a la politización”.
Los principios fundamentales sobre los que se asienta la UE no pueden socavar la soberanía nacional en los asuntos que realmente son de ámbito estatal, pero a la vez la UE exige a sus integrantes que respeten los principios sobre los que se asienta el proyecto europeo, y que implica sin duda cesiones políticas.
Con el surgimiento de estos conflictos cada vez más numerosos en el seno de la Unión se incrementa la politización y la polarización de las sociedades europeas, en muchas de las cuales, como muestran los casos aquí mencionados, comienzan a surgir élites cuyo solo objetivo es gobernar según el antiguo adagio, “dividir para reinar”, dice Coman. Todo lo contrario de los grandes visionarios de Europa, donde desde los padres fundadores hasta personajes de la talla de Winston Churchill apelaron a la unión, a la superación de rivalidades y tensiones, a la solidaridad a los valores cristianos, para construir una Europa libre y pacífica.
Alcide De Gasperi, en 1952 en Aquisgrán, aseguró que “el futuro no se construye gracias a la fuerza, ni al espíritu de conquista sino gracias a la paciente aplicación del método democrático, al espíritu constructivo de los acuerdos y al respeto de la libertad”.