EE.UU.: pros y contras de la discriminación positiva

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Duración lectura: 2m. 59s.

El debate sobre la discriminación positiva en Estados Unidos (ver servicio 56/95) se ha alimentado con tres nuevos episodios. Una sentencia judicial ha declarado inconstitucional un caso de trato de favor a los negros en una universidad; un estudio de una organización privada ha concluido que no hay suficiente integración racial en la enseñanza superior de varios Estados; y un informe oficial afirma que las políticas de discriminación positiva son justas y eficaces en general, aunque algunas necesitan una reforma.

A mediados de mayo se dio a conocer un estudio que califica de insatisfactorio el grado de integración racial alcanzado en la enseñanza superior de doce de los diecinueve Estados -la mayoría del Sur- que antes de 1954 tenían sistemas educativos segregados. Aquel año, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la separación de razas en las aulas. En los cuatro decenios transcurridos no se han hecho suficientes progresos, según el estudio realizado por la Southern Education Foundation. La mayoría de las principales universidades de esos Estados tienen proporciones de alumnos blancos superiores al 80%. El 60% de los estudiantes negros ingresan en colleges tradicionalmente negros. Los porcentajes de alumnos de minorías que logran graduarse están estancados o bajando. El estudio concluye que los negros tendrían que duplicar su número en la universidad para alcanzar una presencia proporcional a su peso demográfico.

Uno de los métodos ideados para promover la igualdad racial en la universidad ha sido rechazado en sede judicial. En una decisión hecha pública po-cos días después, el Tribunal Supremo ha rehusado revisar una sentencia de un tribunal de apelación que anuló una convocatoria de becas reservada a estudiantes negros. La Universidad estatal de Maryland ofrecía estas ayudas desde 1988, para compensar injusticias pasadas, pues hasta 1954 no admitía alumnos negros. La medida parecía necesaria a las autoridades académicas, ya que los negros son el 12% del alumnado y el 24% de la población de Maryland. Pero en octubre pasado el tribunal de apelación dictaminó que esto supone una discriminación contra los no negros tan inconstitucional como la de otros tiempos. Con la inhibición del Supremo, queda en pie un criterio aplicable a los cinco Estados a los que se extiende la jurisdicción del tribunal de apelación de Richmond, pero que puede sentar un precedente para otros. Más de la mitad de las universidades norteamericanas tienen programas de ayuda a minorías parecidas al anulado en la de Maryland.

Las crecientes críticas a la discriminación positiva están forzando al gobierno a tomar postura. Por eso el presidente Clinton encargó en febrero pasado un informe oficial sobre los resultados de estas políticas, del que acaban de conocerse las conclusiones. Se consideran justificadas las preferencias hacia las minorías en el empleo y en la educación, porque, al contrarrestar la desigualdad de oportunidades, facilitan encontrar candidatos aptos. Pero hay que respetar dos condiciones: que la raza o el sexo no sean los únicos criterios de selección y que, si se establecen proporciones de puestos que deberían ser ocupados por miembros de minorías, sean simples objetivos pero no cuotas. Las cuotas son frecuentes en la adjudicación de contratos por parte de la Administración, por lo que el informe expresa reservas respecto a la discriminación positiva que se aplica en este terreno. El informe propone que se revisen periódicamente las políticas de discriminación positiva, para determinar si siguen siendo necesarias.

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