Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos degradantes, ha presentado su informe anual en el que denuncia las condiciones degradantes en que viven la mayoría de los casi 10 millones de presos que hay en todo el mundo. De ellos, más de un millón son menores.
Para realizar este informe, Nowak ha visitado una quincena de países de los cinco continentes. Lógicamente, cuando un enviado especial de la ONU llega a una cárcel, las autoridades penitenciarias tratan de mostrar su mejor cara. Por eso, Nowak ha dedicado la mayor parte de su tiempo a entrevistarse directamente con los presos.
Su conclusión es que las condiciones inaceptables de encarcelamiento ocurren no solo en países subdesarrollados, sino también en países industrializados, por ejemplo, en el caso de inmigrantes clandestinos en espera de decisión. Nowak cree que ha llegado el momento de aprobar en Naciones Unidas una convención de los derechos de los encarcelados.
Muchos presos se quejan de haber recibido palizas durante los primeros días de custodia policial. La confesión sigue siendo en muchos países la prueba definitiva para condenar a una persona. “Lamentablemente, el hecho de que las víctimas confiesen o no depende menos de lo que hayan hecho que de su capacidad tanto física como mental, para resistir a la tortura”, asegura Nowak.
Cuando Nowak pregunta a los presos si han denunciado los tratos vejatorios, responden con resignación que nadie toma en serio sus acusaciones. La versión de los policías, fiscales y jueces es que las quejas no se investigan “porque se trata de invenciones para evadir la acción de la justicia. Esto significa que tan pronto una persona es encarcelada, deja de ser fiable”.
Además, en muchos países se mantiene a los sospechosos junto a reclusos que ya han sido condenados. Lo más grave del asunto es que “después de que los detenidos en prisión preventiva han pasado varios años encarcelados sin acceso a un abogado o a un tribunal, los jueces finalmente pueden condenarlos a penas de prisión sencillamente para justificar el tiempo que ya han pasado bajo custodia policial”.
El informe de Nowak destaca también el hecho sorprendente de que en muchos países las autoridades penitenciarias no se consideran responsables de suministrar a los detenidos los servicios más básicos necesarios para su mantenimiento, responsabilidad que trasladan a las familias.
Uno de los ejemplos que destaca el informe es el de Guinea Ecuatorial, donde los presos pasan semanas e incluso meses encerrados en celdas inmundas. Como no hay inodoros, los reclusos hacen sus necesidades en las botellas y bolsas de plástico que les traen sus familiares. Algunas celdas son tan pequeñas que no hay espacio para que todos duerman al mismo tiempo.
Dormir por turnos es algo habitual en algunas cárceles de Georgia, Nepal, Sri Lanka, Togo y la región de Transnistria de la República de Moldova. En Indonesia y Paraguay lo normal es que los familiares de los presos se ocupen de proporcionar la comida y las medicinas. Además, en ocasiones, tienen que pagarse ellos mismos la celda. Como algunos no tienen dinero, se convierten en “esclavos” de otros presos que pagan por ellos.
Un infierno entre rejas
El anecdotario que recoge el informe es espeluznante. En el cuartel general de la policía de Lagos (Nigeria), Nowak descubrió que había más de cien detenidos -entre ellos, mujeres y niños- confinados en la llamada “sala de tortura”. Uno de los métodos que se aplican allí son los disparos en las piernas. Luego se les deja tirados sin tratamiento médico, para escarmiento de los demás presos.
En Mongolia, hay reclusos que pasan en régimen de aislamiento períodos de hasta 30 años. Los condenados a muerte permanecen encadenados durante meses en una celda oscura; sólo pueden recibir la visita de un familiar antes de su ejecución.
En Abjasia (Georgia), Nowak encontró a una mujer en una celda superpoblada que llevaba varios años en el corredor de la muerte sin poder moverse de la cama, porque se había quedado paralítica. Algo parecido le ocurrió en Togo, donde descubrió a tres presos con discapacidad mental grave a los que nadie atendía.
Los castigos corporales estaban a la orden del día en la cárcel de Al-Jafr (Jordania), hasta que se cerró tras la visita de Nowak. También se aplican en los centros penitenciarios de Bogambura (Sri Lanka), Kutoarjo (Indonesia) o Karaganda (Kazajstán). Según el informe, este tipo de medidas sirven para corregir a quienes incumplen las reglas de los penales o se quejan de sufrir tratos vejatorios.
En la prisión uruguaya de la Libertad, en las afueras de Montevideo, algunos presos pasan varios años en pequeños contenedores metálicos donde la temperatura puede alcanzar los 60ºC. “Había poca ventilación y los reclusos se sentaban por turnos delante de pequeñas aberturas para respirar”.
Los menores, los peor parados
El informe calcula que hay más de un millón de menores detenidos en el mundo, algunos de nueve o diez años. “La gran mayoría de estos menores están acusados o condenados por delitos leves y, contrariamente a la creencia popular, solo una pequeña parte de ellos están detenidos por delitos violentos. La mayoría de ellos son infractores sin antecedentes”.
Pese a que las normas internacionales relativas a los derechos humanos exigen que la privación de libertad de un menor se utilice siempre como último recurso y sólo durante el más breve espacio de tiempo posible, Nowak ha comprobado que la detención de menores es una medida habitual en muchos países. Los menores son los más vulnerables a los castigos corporales, a la violencia entre reclusos y a los abusos sexuales.
En países como Indonesia, Togo y Uruguay, el castigo corporal se aplica a los niños para ejercer la disciplina u obtener una confesión. También es frecuente que muchos de ellos sufran malos tratos y abusos por parte de otros reclusos adultos, con quienes comparten celda.
De momento, el informe de Nowak ya ha servido para que los gobiernos de Nigeria y Uruguay tomen cartas en el asunto. Quien no ha encajado nada bien las críticas es el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que ha rechazado de plano el informe.