Debate sobre la legislación de derechos humanos en Gran Bretaña

El Parlamento británico está debatiendo una ley para incorporar a la legislación nacional la Convención Europea de Derechos Humanos. Durante el debate en la Cámara de los Lores se han introducido enmiendas para garantizar la libertad religiosa, de modo que la nueva legislación no dé pie a que las Iglesias sean demandadas ante los tribunales por posturas basadas en creencias religiosas. Pues las Iglesias temen que la ley pueda dar lugar a incertidumbre legal y a una proliferación de litigios.

Por ejemplo, los anglicanos ven el riesgo de que el lobby homosexual invoque esta ley ante los tribunales por la negativa de la Iglesia de Inglaterra a ordenar homosexuales. La Iglesia católica podría encontrarse en la misma situación si una mujer que quiere ser sacerdote recurriera a los tribunales por discriminación sexual. En teoría, exigir que los profesores y directivos de las escuelas confesionales fueran de la religión correspondiente, podría dar lugar también a litigios.

La legislación propuesta se aplica a todas las public authorities. Y aunque las Iglesias no son mencionadas explícitamente, el ministro de Justicia confirmó que se consideraban incluidas bajo esa denominación.

En la Cámara de los Lores, una alianza de miembros de varios partidos logró hacer aprobar enmiendas que permitirían a las entidades religiosas actuar conforme a sus creencias. El gobierno tiene mayoría para rechazar estos cambios en los Comunes. Pero ha anunciado que introducirá modificaciones para subrayar que, en caso de litigio, los tribunales deberán dar la debida importancia a la “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. También se garantizará que las escuelas confesionales puedan contar con directivos de la respectiva religión. El ministro del Interior, Jack Straw, reconoció que las Iglesias tenían “preocupaciones legítimas” y afirmó que la nueva legislación debía “reforzar, no debilitar, la libertad religiosa”.

Un portavoz de la Iglesia anglicana explicó que las Iglesias apoyan la legislación sobre derechos humanos y no buscan excepciones. “Lo que les preocupa es asegurar que los tribunales no intervengan para dictar a las Iglesias lo que deben hacer en cuestiones de doctrina, de fe y de costumbres”.

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