Para los dirigentes chinos, los derechos humanos están marcados por las diferencias culturales y subordinados a las necesidades del Estado.

La celebración de la Tercera Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del PCCh ha alimentado los rumores sobre reformas del sistema político chino, pero una vez más las prioridades de los dirigentes comunistas han puesto el acento en las cuestiones económicas, sin cuestionar nunca el papel dirigente del Partido. Con todo, se han anunciado algunas medidas como la eliminación de la política del hijo único, el cierre de los campos de trabajo o la reforma en la propiedad de la tierra, que podrían interpretarse como una cierta apertura. Sin embargo, no suponen un gran paso en el ámbito de los derechos humanos, pues no dejan de ser una concesión gratuita del poder. Este ha flexibilizado su estricta planificación familiar, preocupado por el progresivo envejecimiento de la población, y considera que hay otros métodos más efectivos de control de los disidentes que el de las alambradas de un campo de trabajo. Respecto al régimen de propiedad de la tierra, cualquier liberalización es un paso más hacia la consolidación de la economía de mercado en el país, a la que los documentos oficiales otorgan un papel “decisivo”. El liderazgo de Xi Jinping Por lo demás, la Tercera Sesión Plenaria del Comité Central comunista ha servido para demostrar que Xi Jinping intenta establecer un auténtico liderazgo político en China, algo no conocido desde la época de Deng. Sus antecesores han tenido más de burócratas que de líderes. Se entiende que Deng quisiera evitar la aparición de “hombres fuertes”, pero esto ha tenido el efecto de anquilosar las estructuras de la máquina partidaria y hacerla más resistente a las reformas. Es una consecuencia de la continua búsqueda del consenso entre las distintas facciones del poder. Pese a todo, Xi sabe que se necesitan cambios para que la máquina funcione, aunque hay que actuar con precaución porque el caso de Gorbachov en la URSS sigue siendo una pesadilla para los líderes chinos. La receta, por tanto, es encontrar un punto intermedio entre la fortaleza del líder supremo y el necesario consenso. En consecuencia, Xi potenciará el papel de la presidencia de China, cargo anexo al del auténtico poder, el del Partido Comunista. Esto tendrá que traducirse en un afianzamiento del poder central sobre los poderes locales, sin olvidar poderes paralelos como el ejército, tradicionalmente poderosos en la historia china. Tendremos, seguramente, más nacionalismo y más presidencialismo. China no ha dejado de defender que los derechos de la comunidad están por encima de los derechos de los individuos Los derechos humanos no preocupan Desde la perspectiva de la consolidación del liderazgo de Xi Jinping, el tema de los derechos humanos no deja de ser una cuestión secundaria. La lógica del sistema no permite ningún cambio en la concepción de los gobernantes acerca de los derechos. A este respecto, la designación de China como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no puede considerarse como un reconocimiento de la mejora de la situación en este ámbito en el país asiático. La simple mención de los otros países acompañantes de China en el Consejo –Arabia Saudí, Cuba y Rusia– es un ejemplo más de que lo que prima en la ONU es la posición geopolítica y la preeminencia económica, y no la especialización o los progresos en las tareas llevadas a cabo por sus instituciones. China y otros países tienen en común una defensa a ultranza del principio de la soberanía de los Estados y de la prohibición de la injerencia en sus asuntos internos. Los derechos humanos pueden estar inscritos en forma amplia en sus constituciones, pero el soberanismo de los Estados en la práctica recuerda los viejos postulados del Derecho Internacional clásico antes de la II Guerra Mundial, con la diferencia de que hoy se pone mucho mayor énfasis en la cooperación que en otros tiempos. Por desgracia, la cooperación preferente es la económica, y no tanto la política, social o humanitaria. Por otra parte, el soberanismo se alimenta del recuerdo de las humillaciones infringidas al gigante asiático por los países occidentales en el siglo que precedió a la llegada del maoísmo al poder. Esta memoria histórica conduce inexorablemente al rechazo de los valores occidentales, y en particular de los derechos humanos, que no son considerados como universales. En consecuencia, las organizaciones defensoras de los derechos humanos en China caen enseguida bajo la acusación de ser un instrumento del imperialismo occidental. Estas organizaciones son vistas como algo que contribuye a minar la fuerza de una China que se está convirtiendo en una gran potencia mundial. No es muy diferente la percepción de que se tiene de las ONGs en la Rusia de Putin. China y otros países tienen en común una defensa a ultranza del principio de la soberanía de los Estados y de la prohibición de la injerencia en sus asuntos internos Derechos sometidos al Estado China no se ha movido un palmo de su posición sobre los derechos humanos. Ha puesto siempre en duda la universalidad de los derechos contenidos en la Declaración Universal de la ONU, en particular los derechos civiles y políticos. Su postura se expresó con toda claridad en un Libro Blanco, publicado por el gobierno en 1991, donde, desde el mismo preámbulo, se subrayaba que a causa de “las tremendas diferencias en el marco histórico, el sistema social, la tradición cultural y el desarrollo económico, los países difieren en el entendimiento y la práctica de los derechos humanos”. El documento no deja de ser una profesión de fe en el relativismo cultural, sobre todo por el hecho de que habla de un pretendido “derecho a la subsistencia” como el más importante de los derechos humanos. No es extraño que el derecho a la subsistencia lo garantice el Estado, pues estamos ante un régimen que convierte en equivalentes las expresiones de Estado, sociedad o colectividad. Y otra consecuencia será que el derecho a la subsistencia se identificará con el derecho a la independencia nacional, por lo que el régimen se considera con la potestad de suprimir los derechos políticos y civiles de los individuos para salvaguardar el interés del Estado o de la colectividad. Valores asiáticos Haciendo gala de una gran visión de futuro, el régimen comunista chino trató de ganar para la causa del relativismo cultural a otros países asiáticos, aunque fueran autoritarismos de signo opuesto al suyo. En la Declaración de Bangkok (1993) se formuló el concepto de “valores asiáticos”, contraponiéndolos al concepto universal de los derechos humanos occidentales. Países tan dispares como Corea del Norte, Singapur, Malasia, Myanmar, Pakistán, Omán, los Emiratos Árabes Unidos o Siria suscribieron, junto a China, esta declaración. Como cabía esperar, allí la declaración fundamentó los derechos a partir de la soberanía de los Estados, criticó al Occidente individualista, valoró más el bienestar social que la libertad, y además resaltó la necesidad de la disciplina y el respeto a la autoridad por encima de la libertad de expresión de los individuos. Desde entonces, China no ha dejado de defender estos cuatro “valores asiáticos”: los derechos humanos están marcados por las diferencias culturales; los derechos de la comunidad están por encima de los derechos de los individuos; los derechos sociales y económicos tienen preferencia sobre los derechos civiles y políticos; y los derechos humanos guardan una estrecha relación con el derecho a la soberanía de los Estados y la no interferencia en sus asuntos internos. Estos valores podrían haber sido asumidos perfectamente por los comunistas soviéticos, pero los dirigentes chinos no recurren a los viejos dogmas de la URSS. Prefieren el argumento mucho más amable del relativismo cultural.

China y los derechos humanos: una lección de relativismo

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