China: los ciudadanos litigan para defender su vida privada

Aunque hace una década tal situación era impensable, lo cierto es que los tribunales chinos tienen que resolver cada vez más demandas de ciudadanos corrientes que culpan a los poderes establecidos -directivos de empresas, gobierno estatal, policía- del férreo control que ejercen sobre su vida privada.

Algunos casos han encontrado eco en los medios de comunicación, como el de Sun Lili, una mujer que tras dos abortos decidió tener un hijo. Contaba con el consentimiento del comité de planificación familiar, pero su empresa desaprobó la decisión y ella la demandó a los tribunales (ver International Herald Tribune, 28-IV-98).

El número de casos que llegan a los tribunales está creciendo considerablemente, pese a que la justicia china es poco clara y las sentencias de los tribunales, impredecibles. Este aumento de las actuaciones legales se debe en parte a que la justicia china cuenta ahora con multitud de leyes que protegen los derechos humanos individuales y dan la posibilidad de demandar a las propias empresas estatales. En el pasado, cuando una organización estatal invadía tus propios derechos la única opción era quejarse al superior.

El aumento de pleitos refleja también cambios en el orden económico y social. Los ciudadanos chinos de las nuevas generaciones se han acostumbrado a un mayor grado de libertad en su vida privada y, a diferencia de sus padres, no son tan dependientes de los funcionarios o de la empresa.

Sin embargo, todavía mucha gente no puede estar segura de encontrar justicia. La reforma de las leyes chinas está todavía en proceso. Hay muchas leyes justas paralizadas por la poca pericia de los jueces, la corrupción o las interferencias de gobiernos locales, situación al menos indirectamente reconocida por el Tribunal Supremo y por el propio presidente Jiang Zeming.

La ley de litigios administrativos que entró en vigor en 1990 es la que ha provocado más número de demandas contra empresas del gobierno. Las demandas introducidas en los tribunales al amparo de esta ley crecieron de 13.000 en 1990, a 51.400 en 1995, y alcanzaron la cifra de 100.000 en 1997. El 39% de los demandantes lograron al menos una victoria parcial.

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