Del pasado 18 de marzo al próximo 26 de abril se celebra en Ginebra el 52º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Aprovechando esta ocasión -que coincide también con las maniobras militares chinas cerca de Taiwan-, la Unión Europea y la organización Amnistía Internacional han condenado los atentados contra los derechos humanos que se dan en China. Casi al mismo tiempo, el Congreso chino ha aprobado una reforma del sistema penal que mejorará la situación de los inculpados, aunque todavía mantenga muchas normas injustas.
El pasado 18 de marzo la Unión Europea presentó nuevamente ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Ginebra) una resolución de condena de la República Popular China. En el último lustro, las declaraciones de la UE contra algunos abusos permitidos o alentados por el gobierno chino no han llegado a ser aprobadas, a causa de la abstención y de los votos negativos de otros países, especialmente asiáticos. Este año la UE no ha conseguido presentar una postura unánime sobre el asunto. Y, a propuesta de Francia, se han mencionado algunas mejoras sobre el respeto de los derechos humanos en China.
El año pasado, faltó sólo un voto en el comité para que China se sumase a la lista de países censurados por la ONU (entre otros, Irán e Irak). En años anteriores las denuncias no pasaron de la fase previa, de consideración, dentro del comité.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional (AI) inició el 13 de marzo una campaña de opinión a favor del respeto de los derechos humanos en China. Con la campaña AI pretende que los gobiernos de los países democráticos y las empresas extranjeras que trabajan en China presionen a las autoridades de Pekín para reforzar la protección de los derechos humanos.
Entre sus denuncias, AI señala que la política demográfica china «atenta contra la libertad de procrear -lo que es distinto de una política voluntaria de control de natalidad- y comporta sanciones para quien supera la cuota y presiones para obligar a abortar».
El domingo 17, un día antes de la denuncia de la Unión Europea ante la ONU, el Parlamento chino aprobó algunas reformas del sistema penal. Según las nuevas normas, los tribunales deberán presumir la inocencia del acusado y se encargarán de revisar las pruebas, en lugar de limitarse a confirmar la culpabilidad. Además, para evitar castigos arbitrarios, se ofrece al procesado la posibilidad de consultar a un abogado después del atestado policial. Antes de solicitar la orden de arresto, la policía podrá retener al inculpado durante un máximo de 30 días, tiempo aún largo, pero que antes podía prolongarse arbitrariamente durante meses. Al margen de estas mejoras, todavía se permiten prácticas como que la policía no informe a la familia de la detención de un sospechoso.