Guy Herzlich comenta en Le Monde (18-I-96) los cambios que ha provocado en Latinoamérica la crisis del peso mexicano ocurrida hace un año. Para que prosiga el desarrollo económico hoy se considera indispensable la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades.
La crisis [del peso mexicano] ha trastocado ciertos dogmas, ha hecho redescubrir las realidades sociales y políticas del continente, ha marcado nuevos objetivos para el porvenir.
Las instituciones financieras internacionales propugnaban una liberalización completa de los movimientos de capitales, subrayando la ineficacia de los controles, que sólo podían desanimar a los inversores. Los capitales extranjeros permitirían aumentar las inversiones, y desarrollar así la capacidad de producción y las exportaciones, reduciendo los riesgos de déficits de la balanza de pagos corrientes (…).
La experiencia ha demostrado los límites de estos métodos. Gran beneficiario de estas inversiones directas extranjeras, México, como los otros países latinoamericanos, ha recibido sobre todo capitales a corto plazo, muy volátiles, ‘golondrinas’ los llaman allí. (…)
La dependencia de América Latina respecto a los capitales extranjeros se debe a la insuficiencia del ahorro interno para alimentar la inversión: salvo en Chile, este ahorro no alcanza el 18% del PIB, contra el 25% o más en el Sudeste asiático, y tiende a disminuir.
Esta debilidad se explica a su vez en gran parte por la distribución de la renta y la extensión de la pobreza. Los países latinoamericanos son los campeones de la desigualdad. A comienzos de los años 90, la parte de la renta nacional percibida por el 10% más rico representaba 10 veces la del 20% más pobre en México, en Colombia o en Chile, 24 veces en Brasil, mientras que la relación era sólo de 1 a 6 en Tailandia, de 1 a 3 en Indonesia. (…)
El Banco Mundial, después del Banco Interamericano de Desarrollo, ha sacado las consecuencias haciendo de la lucha contra la pobreza una condición para que prosiga el crecimiento económico en Latinoamérica, y de la reducción de las desigualdades uno de los principales objetivos de una «segunda generación de reformas». «Sólo si se reduce la pobreza y si la distribución de la renta se hace más equitativa, las reformas estructurales serán sostenibles», escriben Shahid Javed Burki y Sebastian Edwards en el estudio Latinoamérica después de México.
La necesidad, en esta segunda fase, de mejorar los servicios administrativos y sociales (en especial la educación) para los más pobres lleva también a rehabilitar el Estado, al que hasta ahora se trataba de reducir. (…) Es un cambio de perspectivas lo que recomiendan los expertos del Banco Mundial: un Estado regulador y árbitro, y no ya un Estado productor de bienes y proveedor de empleos. «El shock liberal no resuelve nada por sí solo», explicaba ya el sociólogo Alain Touraine. «El mercado sin el Estado es el mercado negro. Para pasar al desarrollo es preciso un nuevo sistema estatal». (…).
El Estado populista era débil. Bloqueó la entrada de capital extranjero, pero no pudo impedir la fuga de los capitales nacionales ni supo obligar a las oligarquías económicas a respetar la legalidad.
Para funcionar, el nuevo Estado no debe ser sólamente eficaz, «profesional», como dice el Banco Mundial, sino que debe ser reconocido como legítimo. La construcción de la nueva legalidad no puede ser sólo obra de los gobiernos, considerados como únicos representantes de la sociedad. Esto implica una nueva ciudadanía y la aparición de fuerzas políticas y sociales independientes: una desconexión entre Estado, sindicato y partido (especialmente en México), una resistencia a las tentaciones neocaudillistas y, sobre todo, una ruptura del clientelismo que domina todavía la vida política en la mayor parte de los países Latinoaméricanos.