¿Un modelo de “autoritarismo desarrollista” para Venezuela?

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige al Parlamento en Caracas, 15 de enero de 2026 (foto: Europa Press/Contacto/Marco Salgado)

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que de momento gobierna por cooperación táctica bajo presión de EE.UU., ha emprendido algunas medidas económicas. La reforma de la ley de hidrocarburos da más garantías a las empresas extranjeras que extraigan petróleo en el país, y permite recurrir al arbitraje para resolver posturas. La nueva ley de minería, en preparación, también servirá para atraer inversores del exterior. Ha empezado a llegar dinero de EE.UU. por la venta de crudo venezolano y se aleja el peligro de hiperinflación.

Pero en materia de reformas políticas, el régimen venezolano avanza mucho menos. Hasta ahora ha liberado un centenar de presos políticos, pero son muchos más –unos 670, según la ONG Foro Penal– los que siguen encarcelados.

La recuperación de la democracia va más allá de una “transición económica”. EE.UU. no quiere un “autoritarismo desarrollista” para Venezuela: ha declarado que tiene que haber una transición estable que garantice a la población venezolana sus derechos humanos y su progreso material.

No puede llamarse “democracia”, ni transición hacia ella, un sistema que impulsa el crecimiento económico mediante la explotación de recursos naturales, pero que restringe libertades fundamentales de los ciudadanos. El crecimiento económico no encaja en la búsqueda de la democracia si las libertades civiles y la participación política no se respetan, porque la libertad no es un accesorio, sino el pilar de la estructura democrática.

En el caso venezolano, un sector político pretende justificar la restricción de libertades –incluyendo la libertad física, como es el caso de los presos políticos– con el argumento del “progreso económico petrolero”. Pero si no hay libertad, la ciudadanía pierde la capacidad de controlar cómo se explotan sus recursos, y seguiría una especie de bucle que facilitaría la corrupción, y donde se beneficiarían solamente una élite política.

El desarrollo económico sin derechos fundamentales tiende a ser frágil, y los venezolanos seguiríamos en una vulnerable crisis política. Es evidente que en un país puede existir progreso económico sin libertades, pero esto no convierte al sistema, ni a una transición en democrática. La democracia es algo más que “autoritarismo desarrollista”: exige la participación, el pluralismo, los límites al poder y, sobre todo, garantías para la libertad de los ciudadanos.

Si no hay libertad, no hay democracia, ni su búsqueda, aunque haya prosperidad. En la historia del siglo XX hay casos como la dictadura de Pinochet en Chile, la misma Rusia o China, con crecimientos económicos sin precedentes, pero sin libertades políticas, o el de Singapur de Lee Kuan Yew, donde el modelo era una tecnocracia autoritaria con capitalismo globalizado.

Los venezolanos no quieren crecimiento económico y que siga la concentración del poder en élites militares y partidistas, porque seguiría habiendo una corrupción sistémica en sectores extractivos. En Venezuela está una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, y la explotación de estos recursos genera rentas enormes; pero debe hacerse bajo una estructura de Estado democrático y de igualdad. A falta de esos canales democráticos, Venezuela se convertiría nuevamente en un desafío existencial, que además aumentaría la radicalización, con estallidos sociales impredecibles.

Por otra parte, los mercados financieros castigan siempre la falta de transparencia y el riesgo político. Es necesario que quienes inviertan en el país sea porque están dadas las condiciones sociopolíticas y no una simple orden de oligarquías económicas vinculadas al poder político.

En esta nueva etapa, para la futura transición en Venezuela, las reglas deben estar claras y debe haber una legitimidad en todo el proceso, porque un régimen tecnocrático autoritario con capitalismo globalizado sería fatal para Venezuela: las ventajas serían solamente económicas y para unos pocos, pero con una desigualdad social inmensa. Necesitamos que se restituyan rápido los poderes del Estado de manera independiente, para garantizar a los ciudadanos venezolanos su libertad, y que llegue a ellos el crecimiento económico, y así exista un entorno sano en la región latinoamericana.

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