Ciudad de México.— Los datos de la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que reporta mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), podrían ser la envidia de muchas economías, incluso de algunos de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que México forma parte. Sin embargo, un análisis profundo muestra una realidad más compleja, que conviene analizar ahora que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega a su ocaso.
Aunque el número de personas desocupadas representa el 2,3% de la población económicamente activa en México (PEA), esta tasa, similar a la de Japón y más baja que la de Estados Unidos y la media de los países europeos, esconde un mercado subocupado, precario e informal, donde diez millones de personas demandan un empleo a tiempo completo (el 17% de la población ocupada). En total, más de la mitad de la PEA trabaja en la informalidad, lo que se traduce en que un sector muy amplio de la población carece de acceso a la seguridad social, a un contrato de trabajo, o a prestaciones laborales. Este es uno de los grandes lastres que ni los gobiernos anteriores ni el del actual presidente han logrado reducir de manera significativa.
La pobreza laboral afecta al 38% de los hogares, y el porcentaje del PIB captado por la clase trabajadora ha descendido desde 1994
El mandato de López Obrador se ha distinguido por su vocación hacia las reformas laborales. Con ellas se buscaba, en palabras de los legisladores del partido gobernante, una “primavera laboral” y el pago de una “deuda histórica con la clase trabajadora”. Esta vocación, alimentada por décadas de desigualdad, se ha manifestado en incrementos notables del salario mínimo, la desaparición de la tercerización laboral (conocida con el anglicismo “outsourcing”) y el aumento de los días de vacaciones (de seis a doce) en el primer año de servicios, entre otras medidas. Tampoco es un secreto que aún hay iniciativas de reforma en el tintero: reducir la jornada laboral a cuarenta horas, incrementar la licencia de paternidad (actualmente de cinco días) u otorgar licencia menstrual; todo ello en un ambiente altamente politizado por las elecciones federales y presidenciales el próximo 2 de junio, de las que saldrá, casi sin duda, la primera presidenta en la historia mexicana.
Sin embargo, estas reformas no han logrado mitigar o reducir ni la informalidad ni la pobreza laborales. En cuanto a esta última, definida como una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros, el indicador ronda el 38% de la población total, aunque las familias en pobreza laboral pueden lograr alimentarse a partir de ingresos no derivados del trabajo, como remesas, transferencias o acceso a programas sociales.
Así, aunque México vive condiciones de prácticamente pleno empleo, y a pesar del aumento de relaciones comerciales con el vecino del norte (Estados Unidos), la clase trabajadora sigue sin prosperar. De ello da cuenta la caída en el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) captado por esta, que entre 1994 y 2019 se redujo del 43% al 36%. Este empobrecimiento relativo ha llevado a un aumento de la violencia y a que muchas personas prefieran emplearse en el crimen organizado (que también forma parte del mercado laboral informal).
En este contexto, el siguiente gobierno –muy probablemente, del mismo partido que el actual– deberá afrontar varios retos complejos. De ellos, los más urgentes, pues actúan como causas profundas de la violencia que azota el país, son un mayor avance en el combate contra la pobreza y la desigualdad, y la reducción de la informalidad laboral.