Los obispos de Venezuela han clausurado su Asamblea Plenaria ordinaria con una exhortación donde advierten de algunos peligros que amenazan la democracia en el país sudamericano. Además, varios proyectos de ley del gobierno chavista han sido analizados por los representantes de la Iglesia, que han llamado la atención sobre la necesidad de que tales instrumentos se atengan a los principios constitucionales.
Clausura de emisoras de radio y televisión
Con especial preocupación han abordado los obispos la ley que el régimen venezolano ha promovido a través del Ministerio Público, pidiendo la definición de “delitos mediáticos”. A propósito de esto, el documento episcopal recuerda el derecho a la libre expresión consagrado en la carta fundamental de Venezuela, y señala que “lamentablemente, en ocasiones las instituciones que detentan el poder, por motivos políticos o económicos entre otros, coartan la libertad de expresión, amedrentando, interviniendo, manipulando las políticas comunicacionales, estableciendo normas y reglamentos limitantes, controlando los medios y creando legislaciones coercitivas que ahogan la libertad de expresión y violan el derecho a la información”. De inmediato los obispos previenen: “Hay que estar alerta ante estas situaciones, que debilitan el estado de derecho”.
Como han difundido los medios internacionales, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela realizó recientemente un censo entre emisoras de radio tras el cual el organismo ha anunciado la revocación de concesiones a 240 de ellas y a 44 emisoras de televisión, que quedarán además inhabilitadas por cinco años para obtener un nuevo permiso. El argumento utilizado por Conatel es que estas cadenas no se sometieron a ciertos trámites relacionados con la actualización de sus datos; pero en su exposición ante la Asamblea Nacional (de aplastante composición chavista), el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, culpó a las emisoras de “destrozar la revolución bolivariana”, y animó a aprobar las “leyes revolucionarias” aunque “la oligarquía llore”.
Educación e ideología
Sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) que el gobierno venezolano quiere ver aprobada este año, los obispos han enfatizado que es necesaria “la apertura de la Ley a todas las corrientes del pensamiento acordes con los lineamientos de la Constitución”. Un razonamiento distinto, sin duda, al del ministro de Educación Héctor Navarro, que al ser preguntado por las razones de quienes creen que la ley es “ideologizante”, ha contestado diciendo que “el proceso educativo debe ideologizar en el sentido constitucional”.
Los obispos se han referido asimismo al “derecho irrenunciable y la responsabilidad de la familia en la educación de los hijos y en la elección del tipo de escuela para los mismos”, y han recordado “el papel rector del Estado, compartido con toda la sociedad, en la garantía de este derecho para todos, en particular para los sectores populares, y en la supervisión de su efectivo cumplimiento, de acuerdo a las leyes”. También se ha referido el texto de la Iglesia venezolana a “la exigencia de tener en cuenta la dimensión religiosa de las personas y de contemplar la Educación Religiosa Escolar dentro del horario escolar, según las diferentes creencias y dentro del marco constitucional”.
Por otra parte, los obispos han dicho que ven “con suma preocupación que decretos y legislaciones sin suficiente consulta y sin consenso en esta materia pretenden imponer hegemónicamente una determinada visión de la vida y de la sociedad”. En efecto, el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, ha denunciado que las universidades autónomas aún no han sido invitadas al debate sobre la Ley de Educación.
El proyecto autoritario del “socialismo del siglo XXI”
Los obispos venezolanos, que advirtieron en su momento sobre la inconstitucionalidad de la consulta propuesta por el gobierno para insistir en el tema de la reelección presidencial (ver Aceprensa 15-01-09), confirman en su exhortación que “después del referendo del 15 de febrero de 2009 se ha acelerado la imposición arbitraria y unilateral del proyecto de socialismo del siglo XXI, lo cual irrespeta la voluntad popular, lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la participación real y libre de los ciudadanos”.
Los representantes de la Iglesia se han referido también a algunas medidas que el gobierno de Chávez ha puesto en práctica para ocupar todos los espacios de poder, como la creación por ley de un jefe de Gobierno de Caracas, nombrado a dedo por el presidente, al que fueron transferidas prácticamente todas las competencias del Alcalde Mayor, un opositor al régimen que resultó elegido por el voto popular en noviembre. “El desconocimiento de las autoridades electas el año pasado, cercenándoles sus atribuciones con cambios legales que violan el texto constitucional, contraría la igualdad que debe reinar entre todos los electos, quienes tienen los mismos derechos y obligaciones”, advierten los obispos.
La exhortación, por otro lado, hace ver que “el tema de la propiedad privada, la propiedad social y el papel del Estado en su reglamentación no puede ser objeto de una decisión unilateral”. Una decisión de este tipo ha sido la eliminación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la regulación del precio de las viviendas. Ante la protesta de las constructoras, que temen perder dinero, el presidente venezolano ha amenazado a las que paralicen la edificación de viviendas con tomar el control de las obras, expropiar las maquinarias e “intervenir cualquier urbanismo”. En Venezuela, donde el déficit habitacional alcanza los dos millones y medio de viviendas, el sector privado es responsable de más del 85 % de las que se construyen. Tras 10 años en el gobierno el régimen chavista ha edificado unas 120.00 viviendas, frente al promedio de entre 80.000 y 100.000 que construían anualmente los gobiernos anteriores.
Igualdad de género
Un tercer proyecto de ley sobre el que los obispos se han pronunciado es el de “igualdad y equidad de género”, un texto que parece más dirigido a obtener un marchamo de modernidad en el extranjero que a legislar conforme al sentir popular venezolano.
Los obispos consideran que el nuevo proyecto “atenta gravemente contra derechos consagrados y protegidos por nuestra Constitución Nacional” respecto a la protección del matrimonio y la familia y al interés superior de los niños, “al legitimar uniones del mismo sexo, otorgándoles los mismos efectos jurídicos y patrimoniales que los del matrimonio”.
“Urge igualmente salvaguardar el derecho de todo niño, niña y adolescente a ser formados y educados en el seno de su familia natural”, escriben los obispos. Una afirmación en la que se trasluce la preocupación de varias asociaciones de padres a propósito del temor a la asunción de la patria potestad de los menores por parte del Estado venezolano, que se dice prevista en ciertos documentos, pero que el régimen ha negado como invención de sus opositores.