El pasado 1 de noviembre entró en vigor el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba. El país antillano era el único del área latinoamericana y caribeña con el que el bloque comunitario no tenía un convenio de este tipo, por lo que en 2014 se inició un proceso de negociaciones que culminó en diciembre del año pasado con la firma del documento que ya rige la relación bilateral.
Como suele suceder, sin embargo, cualquier amago de relación normal entre un conjunto de países democráticos y uno que mantiene el sistema comunista más de 25 años después de que se evaporara en Europa, suele levantar pasiones en los sectores de oposición en la isla y el exterior, así como en determinados círculos políticos de otros países. Los detractores del ADPC lo ven como un “premio” al gobierno de Raúl Castro por no dar el mínimo paso en dirección hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pero se equivocan al desconocer que Cuba posee un gusto especial por la épica numantina y que, a las presiones directas, reacciona encastillándose. Si a EE.UU., del que la separan 90 millas, le respondió de esa manera por casi cinco décadas, ¿cómo lo hará ante un bloque de países bastante más lejano y que no tiene el poder coercitivo de aquel?
Entre 2008 y 2014 se desarrollaron más de 80 proyectos de desarrollo local con la cooperación europea
La ADPC viene a sustituir precisamente una infructuosa estrategia de fuerza: la Posición Común (PC), de 1996, en virtud de la cual la UE condicionaba la normalización de las relaciones con Cuba al regreso de esta al redil democrático y al respeto de ciertos estándares. El instrumento no dejaba de ser injustamente selectivo. Marruecos, por ejemplo, no es un campeón de los derechos humanos, y su historial en el trato a sus nacionales –por no decir ya a los saharauis– es muy mejorable, tanto como el de las monarquías del Golfo o el de algunos petrogobernantes subsaharianos, ninguno de ellos obligado a pasar por el aro de una PC.
El gobierno cubano, por tanto, la denunció y se sentó a esperar, mientras el pueblo sufría la falta de una cooperación económica que le hubiera resultado vital justo cuando el cerco norteamericano se hacía sentir más duramente, tras la desaparición de las subvenciones soviéticas. Y la paciencia de La Habana, 20 años después, rindió su fruto.
Cuba no olvidará a los “amigos”
El Acuerdo entre La Habana y Bruselas, que comenzó a gestarse a comienzos de 2014, tuvo un impulso decisivo indirecto tras el anuncio de Barack Obama y Raúl Castro, el 17 de diciembre de aquel año, de reanudar las relaciones bilaterales, rotas en 1961. Al parecer, la posibilidad de un relajamiento de las sanciones comerciales y financieras norteamericanas a Cuba –que podían y pueden aun perjudicar a empresas de terceros países– animó a muchos políticos en la UE a moverse para ocupar posiciones en la isla y ganar simpatía para sus compañías.
Hay incluso algunos, como España, que ya tienen seguridades: el titular de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, señaló en mayo de 2016 que “existen vínculos especiales que nos unen al empresariado español, y no olvidaremos a los amigos que nos tendieron la mano y que estuvieron junto a nosotros durante los años duros de la crisis económica”.
No es, pues, casual que tantos gobernantes y ministros de países del bloque comunitario se hayan dado una vuelta por allí. En 2015 lo hicieron el italiano Mateo Renzi, el presidente galo François Hollande y el entonces titular de Exteriores y hoy presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Los mandatarios de Austria, Portugal e Irlanda también han pasado por allá, y en los próximos meses deben hacerlo el rey Felipe VI y el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Porque en Cuba, que acusa en sus infraestructuras y en su economía el severo desgaste de casi 60 años de imposible centralización, hay mucho por hacer y mucho en lo que invertir. Hay, por lo tanto, que estar.
El ADPC podría resultar afectado si Cuba no garantizara “el respeto y la promoción de los principios democráticos y de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”
Como institución, la UE llega un poco tarde. La PC servía más a la retórica de La Habana sobre el “seguidismo europeo a Washington” que a los propios intereses del bloque. Por ello, antes de la derogación de la PC, 21 países ya habían firmado acuerdos bilaterales con la isla. Y es que había “tela”: en 2016, los países europeos efectuaron exportaciones a Cuba por 2.040 millones de euros e importaron unos 410 millones, y sus empresas allí van a la cabeza en inversiones en el turismo, la construcción, la industria ligera y la agroindustria. Además, la UE es el origen de un tercio de los visitantes que recibe la isla. Ahora, con el nuevo marco de relaciones que supone el ADPC, Bruselas no solo puede avanzar mucho más, sino que, sin estridencias ni amenazas, tiene mayor margen para ejercer su poder blando.
Hay Acuerdo, pero…
El Acuerdo bilateral contempla trabajar en varias direcciones. Una es el “Diálogo político”, en el que se comprenden temas como el desarrollo sostenible, la lucha contra el terrorismo, la proliferación nuclear, el tráfico de armas y personas, etc. Y claro, un lugar privilegiado en la lista lo ocupan los derechos humanos.
El asunto aparece de nuevo en otro título, el de “Democracia, derechos humanos y buena gobernanza”, cuyo artículo 2 anuncia algo tan libremente interpretable como que “las Partes reconocen que la democracia se basa en la libertad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y su plena participación en todos los aspectos de la vida”. O un objetivo tan tradicionalmente elástico para Cuba como “respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y promover y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas”.
El gobierno de La Habana suele ser muy sintético en este tema. Básicamente, disfrutar de los derechos humanos se reduce a tener atención sanitaria y educación gratuitas, a lo que se suma el acceso universal a la cultura, al deporte y a la alimentación (que es muy mejorable, aunque no hay episodios de desnutrición ni hambruna). Otros derechos, como los de libre expresión o asociación, o el de postularse a un cargo público desde la disidencia, esperan tener mejores épocas. Quienes a día de hoy se atreven a ejercerlos en un sentido que el gobierno considere lesivo para los intereses del Partido Comunista de Cuba (PCC), que –según la Constitución– es «vanguardia organizada de la nación cubana, (…) [y] fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”, se arriesgan a ser tildados de “mercenarios al servicio de EE.UU.”, aunque algunos jamás hayan pisado la embajada norteamericana.
Las infraestructuras y la economía cubana acusan el severo desgaste de casi 60 años de imposible centralización, por lo que hay mucho en lo que invertir
Será interesante ver qué equilibrios hace la diplomacia europea para evitar tirar el ADPC al cubo de la basura a la primera de cambio, toda vez que una disposición en el texto indica que las partes pueden reaccionar negativamente ante una infracción de sus elementos clave. El que se menciona específicamente es el artículo 1, apartado 5, que estipula: “El respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (…) constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo”. Solo que si Bruselas echara una ojeada mínimamente exigente al último reporte del Consejo Europeo sobre el tema –que habla del aumento de las detenciones de corta duración de opositores cubanos durante 2016–, a estas horas ya no quedaría Acuerdo sobre el que hablar.
Darle instrumentos a la gente
Y al cubano de a pie, ¿le sirve de algo esta nueva estrategia de la UE? La tesis de una parte de los opositores es que el ADPC solo terminará beneficiando a la casta dirigente del PCC, por cuanto la perspectiva de mejores circunstancias económicas les consolidaría en el mando, mientras que poder tratar de tú a tú con un actor internacional de tal peso les legitimaría.
Habrá que reconocer, sin embargo, que más allá de las “victorias morales” que rumian con alegría los tozudos dirigentes cubanos, o de los réditos que esperen obtener, los programas desplegados por la UE en Cuba ya alivian o solucionan situaciones concretas que afectan a los ciudadanos de la isla.
La web de la Delegación de la UE en La Habana informa de más de 80 proyectos realizados con la cooperación europea desde 2008, año en que Cuba aceptó recibir nuevamente dicha ayuda (había renunciado a ella en 2003 tras las críticas recibidas por el fusilamiento de tres personas que secuestraron una lancha y el encarcelamiento de buena parte de la oposición) hasta 2014. Entre los programas concluidos se mencionan algunos relacionados con la seguridad alimentaria, como las iniciativas de apoyo a los agricultores de dos pequeños municipios orientales, el fortalecimiento de la cadena de valor de la leche, y las ayudas a la producción de judías, maíz y sorgo en el occidente. También se han empleado fondos y asistencia europeos en el desarrollo de las energías renovables a partir de los residuos de la producción agropecuaria, en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades pesqueras, en el impulso a la enseñanza de la música clásica y la construcción de instrumentos musicales, en la formación como emprendedoras de mujeres del sector rural, etc.
La Posición Común, de 1996, no sirvió al objetivo de devolver a la isla al redil democrático
Estos son apenas algunos de los frutos de la cooperación (ahora mismo hay otros 19 proyectos en curso), pero el nuevo Acuerdo posibilita una profundización en la asistencia al desarrollo y una mayor implicación europea en la capacitación a las empresas no estatales y a la sociedad civil en general. La idea es dotarles de los instrumentos para modernizar la economía nacional y favorecer una paulatina apertura a la democracia.
¿Vale de algo acaso darse golpes de pecho por la “hipocresía de la UE” y el oportunismo del gobierno cubano? Si de las antipatías políticas disimuladas en la rúbrica del Acuerdo, el pueblo, la gente común, puede sacar provecho a medio plazo, el paso dado por Europa ya habrá valido la pena.