La Paz. Aunque desde hace semanas se busca algún camino para el diálogo entre el gobierno de Evo Morales y la oposición, la Iglesia católica, que lo auspicia, parece que no logrará que ambas partes se sienten a conversar. Unas declaraciones del cardenal primado y arzobispo de Santa Cruz, Mons. Julio Terrazas, han provocado la molestia del gobierno, que ha declarado sentirse “traicionado” por la jerarquía de la Iglesia, y prácticamente ha desechado su mediación.
Bolivia vive una crisis política en la que concurren dos procesos paralelos que, por el momento, parecen irreconciliables: la refundación constitucional que propone Morales, y la demanda autonomista de varias regiones bastiones de la oposición, lideradas por Santa Cruz, la más rica del país. En el fondo se enfrentan dos ideas de nación: la izquierdista e indigenista del MAS, el partido de gobierno, y la liberal de corte occidental de la oposición.
El departamento oriental de Santa Cruz mantiene para el próximo 4 de mayo la convocatoria a un referendo para ratificar su estatuto de autonomía, a pesar de que ha sido declarado ilegal por la Corte Nacional Electoral. El gobierno ha declarado que no intervendrá para impedir el referendo, sino que esperará a que se verifique para iniciar un proceso judicial contra los organizadores.
De todos modos, ciertos actos del gobierno parecieran apuntar indirectamente a perjudicar al departamento de Santa Cruz y enconar el enfrentamiento político. En concreto, la prohibición de exportar aceite -una de las principales industrias de Santa Cruz- y los procesos de saneamiento de tierras en ese departamento han sido vistos por los cruceños como ataques directos, aunque los motivos aducidos por Evo Morales para esas medidas no tengan nada que ver con el proyectado referendo.
Por otro lado, los movimientos sociales campesinos afines al gobierno de Morales han indicado que boicotearán el referendo con bloqueos de carreteras. Como este será controlado por una especie de policía cívica dependiente del gobierno de Santa Cruz, se teme que se produzcan enfrentamientos, pues la policía nacional y las fuerzas armadas han sido instruidas por el gobierno para no intervenir. Ya se produjeron en 2007 incidentes serios en Cochabamba y Sucre entre oficialistas y opositores, en ambos casos con un saldo elevado de heridos y algunos muertos.
En más de dos años de gobierno del MAS, todos los intentos de diálogo han desembocado en un punto muerto debido a la intransigencia y desconfianza de las partes. Evo Morales ha mostrado pocos escrúpulos para que se aprueben las medidas que considera convenientes: el apresurado traslado de la Asamblea Constituyente desde la ciudad de Sucre a la de Oruro para aprobar sin mayor debate el proyecto de Constitución, y dos cercos al Congreso Nacional que impidieron el ingreso de los legisladores opositores a fin de aprobar determinadas leyes, han provocado en la oposición el sentimiento de que el MAS recurrirá a cualquier medio para imponerse, y le han llevado a recurrir a la ilegalidad para enfrentarse a la ilegalidad del gobierno.
Con este panorama, lo mejor que se puede esperar es que continúe la guerra de desgaste de tipo político que se ha dado hasta el momento, aunque también podría producirse un elevado nivel de violencia el 4 de mayo y después, a pesar de que ninguna de las partes enfrentadas la deseen, al menos explícitamente.