La Habana. Más descentralización, menos rigidez en la toma de decisiones. Esas pretenden ser las divisas del proceso económico cubano desde que el gobierno del presidente Raúl Castro decidió, a finales de 2010, reproponer el trabajo por cuenta propia como una opción crucial –o más que opción, salida inevitable– para dinamizar la economía de la Isla, que cuenta con la abultada cifra de cinco millones de personas empleadas en el sector estatal, mayormente en actividades improductivas.
En el VI Congreso del Partido Comunista, que sesionó en abril, el presidente Raúl Castro llamó en sus intervenciones a que la organización política se desentienda de una vez de las funciones que no le corresponden –recordó, por ejemplo, que para ser jefe de empresa no es requisito indispensable pertenecer al PCC–; alertó no obstante que la actualización del modelo económico “se logrará gradualmente en el transcurso del quinquenio”.
En efecto, el mecanismo está en marcha, pero los definitivos Lineamientos para la Política económica y social –acordados en el Congreso y que pueden arrojar más luz sobre el derrotero económico–, aún no se han publicado, a un mes de terminado el evento. Además, cuando aparezcan en el papel, todavía deberán ser traducidos en leyes y políticas concretas.
Nuevas reglas en el terreno
Entretanto, el cubano de a pie trabaja para salir adelante con las nuevas reglas y sus disímiles interpretaciones. Sí, porque si antes una norma era la misma en el ajetreado centro de La Habana, en el occidental valle de Viñales o en un remoto batey de la oriental Sierra Maestra, ahora las autoridades municipales tienen mayores potestades para gestionar la actividad de los pequeños empresarios. Como fijarles el monto de los impuestos.
Armando Sáez, un relojero con quien conversamos a finales de 2010 (cfr. Aceprensa 7-12-2010), estaba entusiasmado entonces con su proyecto de montar un pequeño negocio. Eran solo 50 pesos de impuestos, más el pago trimestral de la Seguridad Social, y un pago anual por ingresos. Lo demás sería ganancia neta.
Sus propósitos, sin embargo, se frustraron cuando acudió en enero a la sucursal de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) de Centro Habana. Allí le informaron que el impuesto había subido de 50 a 200 pesos mensuales, y que debía abonar en ese momento las cuotas de enero y febrero: ¡400 pesos en total!
Indignado, entregó inmediatamente la licencia. Hoy no tiene trabajo –había renunciado a su puesto como auxiliar de mantenimiento en un hospital capitalino para dedicarse a su nueva actividad–, pero lo resuelve “por la izquierda” y con discreción, atendiendo a cualquiera que le trae a casa un reloj descompuesto.
Otro caso, en el sentido contrario, es el de Clotilde Almanza, quien tiene un “paladar” –un restaurante pequeño– en la barriada obrera del Cerro. Lo levantó en su propio patio, colocó allí seis mesas, y decoró el ambiente con abundante vegetación y una fuentecilla, en un esfuerzo por desviar la mirada del cliente de una destartalada fábrica de embutidos, hoy abandonada, que se halla en la acera opuesta y cuyas paredes descascaradas exhiben pintadas deprimentes.
A Clotilde, la ONAT municipal le fijó un impuesto de 1 200 pesos mensuales. Ella y otros colegas elevaron una queja por lo elevado del monto, y se la redujeron en una cifra que evita confesarme, pero por el alivio con que lo dice parece que fueron al menos unos cientos de pesos menos.
Entretanto, en el sur de la capital, en la zona del aeropuerto internacional José Martí, el jaleo no es por dinero, sino por lo que algunos entienden como competencia desleal. Una regla no escrita entre los taxistas de una empresa estatal, define que los choferes –quienes dominan todos una lengua extranjera y van siempre uniformados–, hagan la cola al final del último taxi, a la espera de su turno para poder llevar a su destino a los turistas recién llegados.
Con las nuevas normas, sin embargo, varios choferes de “almendrones” autos norteamericanos de las décadas del 40 o el 50—, que antes no podían operar con sus licencias de porteadores privados en la zona de la terminal aérea, ahora sí pueden hacerlo, y al llegar, no se sujetan a las reglas y les arrebatan el pasaje a los de la empresa estatal, quienes reclaman con urgencia medidas de control.
Es el mercado, que irrumpe abruptamente…
Más de 295 000 cuentapropistas
No obstante los desajustes iniciales, el trabajo por cuenta propia ha dado pasos positivos. En abril, el viceministro de Trabajo y Seguridad Social, José Barreiro, dijo a la agencia EFE, que la demanda de licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia había rebasado incluso las estimaciones iniciales del gobierno.
Según el funcionario, hasta finales del primer trimestre se habían emitido 180 000 nuevas licencias, que, sumadas a las ya existentes, indican que más de 295 000 cubanos (un seis por ciento de la población laboral) ejercen en la actualidad esa modalidad de empleo.
Del otro lado, los que, contrariados por las tasas –como el relojero ya mencionado–, o por la aplicación desvariada de algunos criterios, decidieron devolver las licencias en ese período, sumaron 42 000.
En orden de preferencia, la elaboración y venta de alimentos es la actividad que ocupa el primer lugar para los pequeños empresarios, si bien de momento no se han abierto las anunciadas tiendas mayoristas para la adquisición de sus materias primas, que siguen comprando en la red minorista o en el mercado negro.
Le sigue el transporte de pasajeros –en La Habana, donde trasladarse de un sitio a otro es motivo de estrés, los aparatosos Chevrolets, Cadillacs y Buicks de la época de Lucky Luciano hacen fila frente al Capitolio Nacional, mientras un voceador, también cuentapropista, grita a voz en cuello a dónde se dirigen, pues son de destino fijo–, así como la confección de artículos para el hogar; menudean los negocios de objetos religiosos afrocubanos y la venta de discos compactos con copias piratas de novelas, filmes, música, etcétera. Los anaqueles con esta última mercadería pululan en los portales de los barrios más populosos, en espacios rentados legalmente para ello ante la ONAT.
¿Y las casas y los autos…?
En su alocución a los participantes del Congreso, el presidente Raúl Castro llamó a los militantes comunistas a modificar la mentalidad y a eliminar una “barrera psicológica” que ha estado “atada durante largos años a los mismos dogmas y criterios obsoletos”.
En tal sentido, y respecto a la pequeña empresa, señaló que el Estado, desprendido de actividades no estratégicas, puede concentrarse en elevar la eficiencia de los medios fundamentales de producción. Por ello, pidió el apoyo y la protección de las autoridades –a todos los niveles– para la actividad no estatal.
Es de esperarse además –y de ello se habló en el Congreso–, que asuntos como la compra-venta de autos y viviendas –en cierta medida ligados a la potencial prosperidad de los pequeños negocios privados–, experimenten una casi inmediata flexibilización, como lo fue en su día la compra de teléfonos móviles o el derecho a hospedarse en un hotel. El histórico déficit habitacional, acentuado por el progresivo deterioro de las edificaciones y los derrumbes provocados por los huracanes, puede aliviarse con fórmulas más llevaderas que posibiliten la adquisición directa del inmueble por un comprador al propietario que desee ponerla en venta.
A día de hoy, por ejemplo, los propietarios que abandonan definitivamente el país no sacan ningún provecho monetario de la casa que dejan atrás, con el importe de la cual podrían aliviar los gastos del viaje y contar con algo de dinero para reestablecerse. Es la Dirección Municipal de la Vivienda la que la confisca, con todos los muebles dentro, y teóricamente la asigna después a quienes no disponen de un piso. El embrollo burocrático, de todas maneras, ha hecho posible más de un caso de corrupción.
En cuanto a los autos, los ciudadanos cubanos no pueden comprarlos –solo los extranjeros residentes–, a menos que les sean asignados por méritos concretos, como es el caso de los médicos que han prestado servicio en el exterior, o los deportistas de alto rendimiento. Además, lo dispuesto hasta hoy es que solo los carros y motos anteriores a 1970 tengan “traspaso” de propiedad. Los adquiridos en fecha posterior no la tienen, lo que ha sido acicate para todo tipo de ingenios criollos.
Pedro C., dueño de un Lada ruso de 1980, me dice que lo vendió en 1997, y que hasta este momento el auto ha pasado por las manos de nada menos que diez “propietarios”, quienes han ido a buscarlo a él cada vez que ha sido necesario un trámite ante las autoridades de tránsito, sea una inspección técnica, sea un cambio de pintura o de placa.
De este tipo de nudos que retardan el desarrollo, el país pretende ir desatándose. Cuando en los próximos días se hagan públicos los nuevos Lineamientos aprobados en el VI Congreso, ya se verá mejor si las expectativas tienen un horizonte para ser suplidas.